La solución, deprisa y corriendo, para evitar que la provincia de Teruel pierda un diputado en favor de la de Zaragoza en las elecciones autonómicas del 26 de mayo ha acabado en un monumental lío en las Cortes de Aragón. A 24 horas de la decisiva votación para reformar la ley electoral en el pleno ‘escoba’ de la legislatura, no existe el consenso que garantice que alguna de las tres propuestas salga adelante. Por ello, el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha convocado este jueves al resto de partidos para intentar in extremis un acuerdo, aunque se muestran pesimistas porque nadie estaba dispuesto este jueves a ceder. De hecho, cabe la posibilidad de que finalmente no se llegue ni a votar si, al menos, hay unanimidad en aparcar la iniciativa para evitarse el «bochorno».
Todos destacan públicamente que su intención es evitar que Teruel pierda representación, ya que la caída de población se ha mantenido en los últimos cuatro años (138.932 a 134.572) y esto tiene su consecuencia en la asignación de escaños: por tan solo 846 ciudadanos tendrá que ceder uno de sus catorce diputados a Zaragoza, que pasará de 35 a 36, salvo que se reforme la Ley Electoral.
La realidad, reconocida por los partidos, es que lo que está realmente en juego es quién asume las culpas. Y más cuando este domingo se celebra en Madrid la movilización de la España vaciada, cuyo uno de sus principales promotores es Teruel Existe.
La voz de alarma la puso el Gobierno de Aragón en enero, cuando con los últimos datos de población en la mano advirtió a las Cortes de que Teruel iba a perder un escaño. Los partidos pidieron un primer informe a los servicios jurídicos, que tras analizar todos los supuestos llegaron a la conclusión de que, dada la premura de plazos, solo cabía aumentar dos escaños, de 67 a 69, que ganaría Zaragoza para que Teruel mantuviera los suyos. La propuesta fue descartada por su coste económico y porque, como insistieron este miércoles desde el PSOE, PAR y Ciudadanos, se modificaría igualmente la proporcionalidad y Zaragoza estaría aún más sobrerepresentada respecto a Teruel y Huesca.
Ante esta situación, con el aval de los servicios jurídicos, el PSOE impulsó una proposición firmada por todos, salvo el PP, para mantener el actual reparto de escaños (35 de Zaragoza, 18 de Huesca y 14 de Teruel). Para ello, plantearon hace dos semanas reformar la ley electoral para que se tenga en cuenta en la asignación la población censal y no el número de habitantes, algo inédito en España.
El problema es que el lunes se descolgaron Podemos, CHA e IU, recuperando la solución planteada inicialmente por los servicios jurídicos, lo que dinamitó la mayoría absoluta necesaria.
Por su parte, el PP presentó con antelación su propia alternativa, que pasa por aumentar el mínimo de diputados por circunscripción de 13 a 14 diputados y establecer que el coeficiente corrector establecido en el Estatuto entre la provincia más y menos poblada (Zaragoza y Teruel) no suponga una reducción de la asignación fija. Sin embargo, los servicios jurídicos apuntaron este miércoles en un segundo informe que dicha propuesta «no es acorde con el Estatuto» al plantear una «barrera legal» a la aplicación del coeficiente corrector.
Para colmo, llegó este miércoles también la comunicación de la DGA, en la que tomaba conocimiento de la proposición que se lleva al pleno, la firmada por todos los partidos, salvo el PP, y de la que cuelgan las dos proposiciones alternativas. Con el consiguiente cabreo del grupo socialista, el Ejecutivo expresó que hay «alternativas más adecuadas y ajustadas a las previsiones estatutarias» para solventar la cuestión, sin ni siquiera apuntarlas. En resumidas cuentas, un lío monumental.
