El informe anual sobre Derechos Humanos de EE.UU. niega que haya presos políticos en España

La última edición del informe sobre la situación mundial de los Derechos Humanos que cada año elabora la diplomacia norteamericana defiende la independencia de la justicia española y rechaza que haya «presos políticos» en Cataluña, como mantienen los separatistas. A pesar de la intensa y constante presión del lobby independentista en Washington, el Departamento de Estado reitera en el informe que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue declarado ilegal por la justicia, y que «el Gobierno por regla general respeta la independencia y la imparcialidad de la justicia».

Respecto a la queja de los independentistas de que en Cataluña hay presos políticos, el Gobierno norteamericano asegura: «Varios representantes de los partidos políticos nacionalistas catalanes mantienen que algunos miembros de esos partidos, sujetos a prisión preventiva por el «referéndum» de independencia en Cataluña celebrado en octubre de 2017 y declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo, son «presos políticos»». El informe concluye: «Ni el Gobierno ni ninguna organización no gubernamental de derechos humanos respalda esa afirmación».

En realidad, dice el informe, esos supuestos presos políticos son «nueve miembros de los partidos políticos y de grupos civiles a favor de la independencia de Cataluña, en prisión preventiva desde finales de 2017, acusados de varios delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos». El juicio comenzó el mes pasado y se está celebrando en el Supremo.

Lo que sí refleja el informe del Departamento de Estado, hecho público este miércoles, es que los independentistas han emprendido una campaña política que amenaza la libertad de expresión en Cataluña. Citando a Reporteros Sin Fronteras, la diplomacia norteamericana asegura que las autoridades autonómicas en Cataluña «incrementaron su acoso a periodistas «a favor de la unidad de España» en redes sociales, mientras la policía autonómica intimidó a otros periodistas».

Además, recoge una denuncia de la fiscalía en Barcelona sobre «el incremento de delitos motivados por el odio desde octubre de 2017, sobre todo atribuibles a ideas políticas relacionadas con el movimiento de independencia». También denuncia un repunte del antisemitismo, sobre todo por una pintada en catalán en una sinagoga de Barcelona en la que se instaba a los judíos a «salir del país».

El informe se elabora desde 1977 y en él se analiza la situación de los Derechos Humanos en todo el planeta. Para elaborarlo, la división encargada de asuntos relativos a la democracia, los Derechos Humanos y el trabajo del departamento de Estado utiliza informes de las embajadas de EE.UU., gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. Cada año, este detallado análisis se envía al Capitolio para que conste en el registro de las cámaras legislativas y sirva de guía para la aprobación de leyes que afecten a las relaciones exteriores del país.

En enero, el presidente catalán, Quim Torra, visitó el Capitolio en Washington y se reunió con diputados demócratas y republicanos para intentar convencerles de la necesidad de que EE.UU. medie entre España y Cataluña por los supuestos abusos a los derechos humanos y la presencia de presos políticos por el «procés». Este informe desmiente la narrativa de la Generalitat y asegura que no hay informes creíbles sobre supuestos «abusos a los derechos humanos» en España