El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desoyó dos veces la petición de los Mossos de que desconvocara el referéndum del 1-O debido al “clima de tensión” que se vivía en Cataluña. Así lo ha asegurado este lunes en el juicio del procés el jefe de la comisaría general de planificación de seguridad de los Mossos, Emili Quevedo, que ha explicado que Puigdemont, en una reunión mantenida con mandos de los Mossos, insistió en seguir adelante con el referéndum porque tenían “un mandato avalado por los resultados” de las últimas elecciones. “Ante las iniciativas políticas en Cataluña, no cabe duda de que se podían generar tensiones en la comunidad, o conflictos entre colectivos antagónicos. Había necesidad de proteger especialmente determinadas instituciones o personas”, ha afirmado.
Quevedo ha decidido declarar como testigo, aunque podía haberse negado porque está imputado por un juez de Cornellà por la supuesta pasividad de la policía catalana para impedir la consulta independentista. El que fuera jefe de la planificación de los dispositivos de la policía catalana puestos en marcha en las jornadas clave del procés, ha hecho una defensa cerrada de esos dispositivos, sobre todo del puesto en marcha para el 1-O, que ha sido muy criticado en sesiones anteriores por altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Quevedo ha intentado sacudirse todos esos reproches, que parten de que los Mossos dedicaron un número muy limitado de agentes a la jornada de votación pese a que ya se sabía que podían generarse problemas. «Se activaron por primera vez efectivos de unidades que no actúan nunca: asuntos internos, de evaluación de servicios, había personal de oficinas de apoyo… Eran gente que llevaba tiempo sin hacer servicio de calle o sin vestir uniforme”, ha asegurado Quevedo. El mando ha señalado que esto aportó 800 agentes más, a lo que se unieron otros “recursos extraordinarios” como el alquiler de vehículos.
La mayor crítica hacia ese dispositivo en lo que se lleva de juicio se la ha llevado la decisión de situar solo a dos agentes de los Mossos (lo que en el argot policial llama “binomio”) en cada colegio electoral la jornada de votación para intentar cumplir la orden judicial de impedir la consulta. Quevedo ha admitido que él y el resto de los responsables del cuerpo eran “conscientes” de que, en algunos casos, “los agentes no serían capaces de llevar a cabo la misión encomendada”. Pero el jefe de planificación ha defendido que la idea de este planteamiento era tener presencia en cada uno de los 2.385 centros de votación, aunque fuera una presencia escasa: “Eso nos daba una información veraz y directa de cuál era la situación de cada centro y evaluar dónde era más factible enviar otros recursos para cumplir el mandato judicial”.
La declaración de Quevedo contradice también el testimonio de los mandos de los cuerpos policiales estatales respecto la actitud mostrada por los responsables de los Mossos ante la decisión de la Fiscalía de designar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo. El propio Pérez de los Cobos afirmó que los el ex jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, rechazaron esa coordinación y aseguraron que los agentes autonómicos eran suficientes para cumplir las órdenes judiciales.
El jefe de planificación de los Mossos, sin embargo, ha afirmado que siempre advirtieron de que la orden de impedir la consulta requería un dispositivo “ingente”. Según sus cálculos, la petición de la Fiscalía de precintar y perimetrar todos los centros de votación necesitaban entre 20.000 y 40.000 agentes. Las reticencias de Trapero a Pérez de los Cobos partían, según Quevedo, de que se hubiera encomendado esa labor a una persona del ámbito “político” en vez de alguien del entorno “operativo”.
