Los abogados de los 18 líderes independentistas acusados en la causa abierta por rebelión en el Tribunal Supremo han pedido este martes que el juicio se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en vez de en el alto tribunal. Las defensas han comparecido por primera vez en la llamada vista de previo pronunciamiento, que debe resolver qué tribunal es competente para juzgar el caso. «Ninguno de los elementos que definen el delito de rebelión se han producido fuera de Cataluña», ha afirmado Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, un argumento que han reiterado todos los letrados. La fiscalía defiende, sin embargo, que la causa se juzgue en el alto tribunal porque el procés es «un atentado grave al interés general de España».
Las discrepancias entre las defensas y las acusaciones sobre qué tribunal es competente se han repetido desde el principio de la investigación, en noviembre de 2017. El Supremo se ha pronunciado ya sobre este asunto en varias ocasiones y siempre lo ha hecho para ratificar que la competencia es suya, por lo que lo previsible es que vuelva a insistir en su tesis tras la vista celebrada este martes. El Constitucional tiene también pendiente resolver sobre ello, pero cuando lo haga, probablemente, el juicio ya habrá empezado y hasta puede haber terminado. Con estos antecedentes, los abogados de los acusados defendieron la posición contraria —que el juicio debe celebrarse en Cataluña— con convicción pero escasas expectativas. «Tengo poca confianza en que la sala acepte los argumentos de esta defensa. Tengo la sensación de que ya se ha tomado una decisión», afirmó el abogado Jordi Pina.
El letrado ha enumerado los hechos supuestamente cometidos fuera de Cataluña que puedan justificar que se les juzgue en el Supremo: comprar urnas, abrir webs, realizar campañas publicitarias, contratar observadores internacionales o preparar censos de votantes. Y ha advertido que ninguno de ellos son elementos que definan el delito de rebelión. «Sí lo son de malversación, pero en ninguno están implicados ni uno solo de los 18 acusados», ha afirmado Pina.
Todos los abogados han coincidido en que los hechos que definen los supuestos delitos de rebelión y sedición, los principales que se atribuyen a los dirigentes independentistas, se cometieron fuera de Cataluña. «En el auto de procesamiento no se hace mención a ni un solo hecho cometido fuera de Cataluña. Lo que estaría determinando la competencia del Supremo serían actos como dar una conferencia en el extranjero a favor del derecho de autodeterminación», ha afirmado Mariano Bergés, que defiende a la exconsejera Dolors Bassa.
En la misma línea ha abundado Judith Gené, abogada del exconsejero Joaquim Forn, para quien, tras un año de instrucción, se ha demostrado que aquellos hechos que pudieron haber justificado que el caso se investigara en el alto tribunal «han quedado desacreditados o han pasado a segundo o tercer término respecto a la instrucción». «O puede ser que un pago en una sucursal de Bruselas arrastre la competencia. O que la actividad efectuada por las delegaciones en el exterior arrastre la competencia. La instrucción ha demostrado que el núcleo de los hechos por los que se abrirá juicio oral sucedieron, se planearon, se ejecutaron desde Cataluña», ha señalado la letrada.
Internacionalización del conflicto
Las acusaciones mantienen la tesis contraria y han defendido que el caso se juzgue en el Supremo. Entre otros argumentos, el fiscal Jaime Moreno ha advertido de que los fines de la rebelión son derogar la Constitución española y declarar la independencia. «Derogar la Constitución está en la diana de la estrategia independentista. El resultado afecta a todo el territorio. Es un atentado grave al interés general de España», ha afirmado Moreno. El fiscal también ha afirmado que los actos llevados a cabo en el extranjero (como las campañas para promover el voto de catalanes en el exterior o la contratación de observadores internacionales) no fueron aislados y «eran absolutamente necesarios» para internacionalizar el conflicto.
Aunque el único objetivo de la vista celebrada este martes es determinar si el Supremo es competente para juzgar el procés, tanto las defensas como las acusaciones han deslizado ya algunos de los argumentos que emplearán durante la vista oral. «Votar no es delito», dijo Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva. «¿Cómo vamos a unir una votación con un alzamiento violento? ¿Cómo vamos a vincular la clonación de una web con un alzamiento?», insistió el letrado. Marina Roig, letrada del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, fue la que hizo un alegato más político y crítico contra la actuación del Supremo. «Los derechos fundamentales están muy por encima de la unidad de España y no pueden ser sacrificados por mucho que los poderes del Estado tengan un sentimiento patriótico mal entendido». «Este proceso es la judicialización de un problema político», ha apuntado Roig.
Los abogados entienden que si el Supremo no les da la razón e insiste en declararse competente para juzgar el caso se estarán vulnerando varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho al juez predeterminado y a la doble instancia penal. También, han señalado algunos letrados, el derecho a expresarse en catalán en la vista oral. El abogado Pina ha anunciado que sus clientes van a pedir declarar en catalán y solicitarán traducción simultánea para poder expresarse «en su lengua materna».
El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha defendido este lunes ante la Sala del «procés» la competencia del Alto Tribunal para juzgar a los 18 líderes independentistas por rebelión. A diferencia de lo que han denunciado las defensas durante la vista previa a la celebración del juicio, que consideran que el competente es el TSJ de Cataluña, el representante del Ministerio Público ha recordado que la actuación de los acusados trascendió del territorio de esa comunidad autónoma: los acusados atacaron el «corazón del Estado constitucional y democrático». Tanto que las leyes de la ruptura como la declaración de independencia pusieron al Estado y al Tribunal Constitucional «en el centro de la diana».
Moreno ha sostenido que «aquí no estamos ante una manipulación arbitraria de las normas. Estamos ante órganos predeterminados por la ley». Y tampoco se está criminalizando, ha dicho, el voto en el exterior ni el interior, sino que cuando esa votación se llevó a cabo «era una votación ilegal». El fiscal resaltaba así las diferencias con la consulta ilegal del 9-N a la que apelaron las defensas durante toda la mañana solicitando al Tribunal, que, como en aquel caso, devolviera la causa al TSJC.
A juicio del fiscal, no pueden considerarse aisladas las actuaciones que llevaron a cabo los acusados, pues respondían a una «estrategia» preconcebida. Tampoco era necesario que esas actuaciones fueran violentas: «No todos los actos de ejecución de un delito de rebelión tienen que ser violentos», ha concluido. No obstante, ha dejado claro que en este caso sí que los ha habido.
Abogacía del Estado y Vox
En la línea de la Fiscalía se ha situado en esta cuestión la Abogacía del Estado, que sostiene una acusación mucho más suave que el Ministerio Público en la causa, al no acusar por el delito de rebelión, sino por sedición o malversación. La representante de la Abogacía, Lucía Pedreño, ha asegurado que los posibles delitos «deben entenderse cometidos en todo el territorio nacional» y ha alegado que el plan secesionista ilegal afectó a todo el país por la «indisoluble unidad» de España.
También ha criticado los puntos débiles de las defensas, a los que ha afeado no haberse leído el escrito de la Abogacía del Estado, y ha asegurado que no han sido capaces de demostrar este martes que no hubo actos del «procés» en el extranjero. El abogado de Vox, que actúa como acusación popular en la causa, ha apoyado los argumentos de la Fiscalía y ha recordado que, ante alegaciones similares a las de esta sesión, la Sala Penal del Supremo ya ha defendido su competencia para el caso.
Con la réplica de las acusaciones ha finalizado la sesión previa del juicio oral contra el «procés», una jornada dedicada a la cuestión de la competencia que no se ha adentrado en el debate de los argumentos. En ella, los siete jueces del tribunal que resolverá qué sucedió en Cataluña se han sentado por primera vez frente a los abogados de las defensas y las acusaciones. El tono de las partes en este ensayo general del juicio, solemne y medido, demuestra que se acerca la hora de la verdad. El comienzo del juicio está previsto para finales de enero o principios de febrero.
