El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por Podemos e Izquierda Unida a iniciativa de Zaragoza en Común (ZEC) contra el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).
La sentencia desmonta las principales razones esgrimidas contra la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de Aragón en cuanto a las modificaciones introducidas en la Ley de Aguas y Ríos de 2014. Descarta, en este sentido, que la normativa autonómica vulnere los hasta ocho artículos de la Constitución cuestionados por los partidos recurrentes.
Los magistrados sostienen que no existe doble imposición, una de las críticas más repetidas por Podemos, ZEC y la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA). Explican, a este respecto, que entre la tasa municipal que se cobra en Zaragoza y el ICA «existen diferencias en cuanto a su naturaleza tributaria y al hecho imponible que gravan». También que este impuesto «se crea y regula en el ejercicio de la potestad tributaria que el artículo 133.2 de la Constitución Española atribuye a las comunidades autónomas para crear y exigir tributos».
Para el Constitucional, el establecimiento de este gravamen «no supone una limitación indebida de las potestades tributarias municipales». Respecto a la singularidad de Zaragoza, dice que el esfuerzo inversor que hizo en su día «no está exento de reconocimiento dadas las especialidades que se establecen para dicho municipio» en forma de bonificaciones de entre el 70% y el 60%.
Los recurrentes, expone la sentencia, «alegan que se suprime el derecho a intervenir en las medidas que afectan a los entes locales», pero el tribunal «aprecia que corresponde también al legislador autonómico articular los mecanismos de participación o colaboración con los municipios que en cada momento estime idóneos para alcanzar los objetivos que persigue la norma».
El fallo se hizo público el mismo día en que directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, confirmó que el Gobierno de Aragón comenzará a girar «en los próximos días» los recibos del ICA de 2017 en Zaragoza, una decisión que, unida a la sentencia, podría tensar las negociaciones con Podemos y el Ayuntamiento de Zaragoza, que exigen retrasar el cobro.
Torralba compareció ayer en la comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA de las Cortes, por la que hace 15 días pasaron el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona. Su intervención, carente de autocrítica, se centró en subrayar los fundamentos «constitucionales y estatutarios» que avalan el cobro y en recordar que sin su recaudación «habría que crear otras figuras tributarias o detraer dinero de otras partidas» para costear las depuradoras.
Por su parte, Cecilio Vallés, jefe de Unidad del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas y otros ingresos tributarios del Instituto Aragonés del Agua, reconoció que el ICA actual presenta aspectos «susceptibles de mejora«, aunque, en su opinión, «no son cuestiones importantes, sino de segundo o tercer nivel».
Vallés defendió que el sistema de recaudación vigente «está bien regulado», por lo que «no hay motivos para su revisión». Dijo, asimismo, que la idea de implantar un impuesto y una tasa «vendría a tener un resultado parecido».
En este sentido, recalcó que aplicar el ICA en Zaragoza es «necesario», ya que «equipara a los contribuyentes de la capital con los del resto de la Comunidad«.
