Izquierda y derecha del arco parlamentario coinciden fuera de los mantras oficiales en los que sostienen el discurso político en que la Legislatura está finiquitada. Nadie ve elecciones generales antes de otoño del año que viene, y, posiblemente, al menos en este momento, tampoco nadie se las tiene tan seguras como para desear que se celebren ya esos comicios, aunque sea una petición que forme parte de su argumentario de partido. Pero igual que no prevén elecciones, tampoco dejan ningún margen para la acción legislativa. Basta con rascar un poco en las «cocinas» de los principales partidos para confirmar que en esto hay bastante consenso, aunque cada uno maneje esta previsión en función de sus intereses de parte.
La conferencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la confirmación de elecciones en Andalucía han terminado de despejar el horizonte. Con sus 84 diputados el Gobierno no tiene capacidad de tomar ninguna decisión, ni siquiera aprobar una proposición no de ley, sin que pase por las manos de Torra. «Hay un Gobierno sin capacidad de actuación en ningún sector regulado. Se puede hacer política fuera del ámbito legislativo, pero con 84 diputados y en manos de Torra no se pueden tomar decisiones que terminen en actividad legislativa», sostienen en la bancada popular. En Ciudadanos lo ven de la misma manera. También en Podemos, aunque el partido de Pablo Iglesias esté en su estrategia particular de aprovechar la debilidad del Ejecutivo para apuntarse tantos, sin importar que luego no puedan hacerse efectivos porque no haya una mayoría parlamentaria que los avale.
De hecho, en las propias filas socialistas hay voces que admiten abiertamente que el Gobierno no podrá aprobar los Presupuestos de 2019 por Torra y quizás, incluso, por Podemos.
Hasta que llegue ese examen de los Presupuestos habrá mucha actividad de partido, una intensa actividad parlamentaria, aunque no se traduzca ni en reformas ni en leyes, y mucha puesta en escena de unos y de otros. Pero todo dentro de una lógica preelectoral que anula aquello que no sean acuerdos o decisiones estrictamente ideológicas, como el proceso para exhumar los restos de Franco y revisar la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Esta lógica electoral se ha llevado también por delante, sin expectativas de rectificación, el acuerdo constitucionalista para responder al problema catalán. Es un axioma aceptado por todos los partidos que la situación en Cataluña va a complicarse en los próximos meses, y el Gobierno tendrá que gestionar en soledad el fracaso de su operación diálogo dentro del polvorín del riesgo creciente de enfrentamiento social en la calle. Y bajo la presión «in crescendo» de la competición de PP y Ciudadanos por rentabilizar la debilidad del Ejecutivo al depender de los votos independentistas para cada paso que quiera dar en Madrid. Las iniciativas en el Senado de PP y de Ciudadanos para instar al Gobierno a que presente un requerimiento al Gobierno de la Generalitat, previo a la reactivación del artículo 155 de la Constitución, no pueden ir más allá del ruido político. Da igual que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado, Cámara sobre la que recae la competencia de poner en marcha esta previsión constitucional, porque sin decisión del Consejo de Ministros no puede echar a andar de nuevo el proceso. Pero al final es lo que menos importa cuando todo queda contaminado por el olor a elecciones.
Va a ser un curso «muy largo» y todas las posiciones de partida serán revisadas después de las elecciones autonómicas y municipales de la próxima primavera. Hasta ahora, las encuestas parece que soplan a favor del bipartidismo, si bien tanto Ferraz como Génova miran con cautela a lo que pueda ocurrir en el feudo andaluz. Desde el partido de Rivera airean que manejan sondeos que les sitúan por encima del PP. Y si ese escenario se concretase, sin duda que tendría efectos muy dañinos en el camino de Pablo Casado hacia las próximas elecciones generales. Pero el PP niega la veracidad de esos sondeos en un intento de conjurar los nervios internos. En esa línea, en la dirección popular insisten en que lo tienen todo controlado y en que Rivera tendrá que apoyarles a ellos en Andalucía, y no al PSOE, si quiere sobrevivir políticamente después de estas elecciones autonómicas. «Si hay posibilidad de un relevo histórico en la Junta de Andalucía, donde nunca ha habido alternancia, y Ciudadanos lo cortocircuita, deberá atenerse a las consecuencias a nivel nacional. Su electorado no lo entendería», sentencian.
Ahora bien, esta advertencia no es incompatible con la preocupación que se palpa en Génova porque saben que el resultado de las andaluzas se interpretará como un examen sobre el nuevo PP. Aunque en ese feudo trabajen con la herencia recibida.
