El decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, Julio Latorre, ha defendido un nuevo modelo de acceso de los docentes aragoneses a sus puestos, que incluye la contratación en prácticas durante dos años en centros acreditados, en sustitución del actual sistema de concurso público.
«El sistema de oposición no satisface las necesidades ni se ajusta las requisitos del puesto, ya que no constata las competencias en el contexto real», ha asegurado el decano en su intervención en la Comisión Especial de Estudio sobre el Pacto por la Educación que se ha celebrado hoy en las Cortes de Aragón.
Además, Latorre ha reclamado una limitación en las plazas que se ofertan para los profesores de la comunidad porque considera que las 160.000 existentes son «totalmente desproporcionadas», según han informado fuentes de las Cortes de Aragón.
El decano también ha defendido la necesidad de revisar la formación inicial que recibe el profesorado y de implementar un sistema de aprendizaje permanente a lo largo de sus distintas etapas profesionales.
En relación con el currículum, el decano de Educación ha apostado por que se fundamente en «aprendizajes básicos como derechos y libertades, tolerancia, la formación para la paz o el medioambiente».
Entre sus propuestas, también ha destacado la importancia de reinterpretar la enseñanza de los alumnos de cero a seis años como una «etapa educativa real» y ha animado a fomentar la gratuidad de esta servicio como una medida para evitar la «desigualdad».
Otro de los puntos centrales de esta sesión de la comisión ha sido la comparecencia de la presidenta del Consejo Escolar de Aragón, Carmen Martínez Urtasun, quien ha explicado el proceso de redacción del documento social de partida para lograr la futura Ley de Educación.
El denominado Pacto Social recoge, en 250 medidas, las inquietudes de 58 representantes de todos los ámbitos del mundo educativo aragonés.
«Sentimos este pacto como nuestro», ha añadido la experta educativa, quien se ha mostrado esperanzada en que este documento permita desarrollar una normativa que incluya a «todas las sensibilidades» de la comunidad.
El texto tiene una extensión de 50 páginas y está dividido en cuatro grandes grupos temáticos: calidad, equidad, participación y planificación.
En su intervención, la presidenta del Consejo Escolar ha reclamado la creación de una comisión de seguimiento en torno a este documento, así como la necesidad de mantener «un compromiso presupuestario» que permita alcanzar estabilidad legislativa en el sistema educativo.
