Más de 4.200 empleados públicos de Aragón han adelantado su jubilación desde 2012

Un total de 4.275 funcionarios del Gobierno de Aragón ha solicitado la jubilación voluntaria anticipada desde 2012, y la mayoría trabajaba en el área de docencia. El 54% de ellos (2.330) se rige por el régimen de clases pasivas, que les permite dejar su puesto de trabajo a los 60 años manteniendo el cien por cien de su pensión siempre que tengan reconocidos 30 años de servicio en la Administración Pública. La entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2019 del factor de sostenibilidad de las pensiones, que supondrá un recorte de unos 75 euros al año, está agilizando las peticiones: en 2017 solicitaron la jubilación 826 funcionarios, un 38% más que en 2012.

El área de docencia concentra la mitad de las solicitudes de jubilación anticipada que se han cursado en el Gobierno de Aragón en los últimos seis años (2.040, de 4.275). Al ser personal transferido a la región mantiene un estatus diferenciado que en algunas cuestiones, como el retiro anticipado, le beneficia. El director general de la Función Pública de la DGA, Ignacio Zarazaga, confirma que las jubilaciones anticipadas voluntarias se dan «básicamente en Educación». Y así lo reflejan los datos: «De los 2.040 funcionarios de docencia, 2.000 pertenecen a MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) y solo 40, a la Seguridad Social».

Guillermo Herráiz, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO. en Aragón, comparte su opinión y reconoce que los docentes que tienen la posibilidad de optar a la jubilación anticipada «se acogen de forma mayoritaria» a ella. «Si no se ajustan a los requisitos (30 años de servicios), esperan y en cuanto los cumplen, acceden a ella», explica. Estos retiros voluntarios permiten «rejuvenecer la plantilla», si bien en las épocas en las que las tasas de reposición estaban congeladas obligaban a cubrir las vacantes con interinos. Los que se incorporaron a la docencia a partir de 2011 pertenecen ya al régimen de la Seguridad Social.

Desde 2012 se han retirado de forma voluntaria, también, 1.455 funcionarios de Sanidad (solo 48 de MUFACE); 689 de la Administración General (282 del régimen de clases pasivas) y 91 empleados de Justicia (89 de MUGEJU, la Mutualidad General Judicial).

Aunque los funcionarios no tienen la obligación de dejar constancia de los motivos por los que  solicitan la jubilación anticipada, el debate sobre el futuro de las pensiones hace que las peticiones vayan en aumento. Y más ahora, cuando se acerca la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (el 1 de enero de 2019), un elemento corrector que el Gobierno introdujo en la reforma laboral de 2013 para tratar de adecuar las pensiones al aumento de la esperanza de vida. «El factor de sostenibilidad está en la mente de toda la población», reconoce Zarazaga.   

La solicitudes van en aumento

Desde 2015 se ha registrado un crecimiento sostenido de las solicitudes de jubilación anticipada. El máximo en los últimos seis años se registró, precisamente, en 2017, cuando se elevaron a 826, un 38% más que en 2012 (511). En lo que va de año se han registrado ya 129 nuevas peticiones: 48 de docentes, 36 de empleados públicos de la Administración General, seis de Justicia y 39 de Sanidad. 

Aún hay margen para ir a más. En la DGA quedan 9.146 empleados públicos acogidos a MUFACE, 1.034 a MUGEJU y el resto, 43.981, a la Seguridad Social. «El MUFACE se irá extinguiendo poco a poco y se irá reduciendo la posibilidad de jubilarse de forma anticipada», explica Zarazaga.

Las condiciones de los trabajadores del régimen de la Seguridad Social que optan por un retiro anticipado son más restrictivas. Solo pueden acogerse a ella cuando alcanzan una edad inferior a dos años, como máximo, de la exigida, con 35 años cotizados y con ajustes en la pensión.

Tras el acuerdo alcanzado este año entre CSIF y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a corto plazo se introducirá en el debate una nueva variable: la posibilidad de plantear jubilaciones parciales en determinados colectivos que trabajan en la Administración General del Estado.