La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó hoy un decreto que obliga a los partidos políticos que no participaron en las elecciones municipales a inscribirse nuevamente ante la Asamblea Constituyente, lo que implica reconocerla, si no quieren ser inhabilitados para las próximas elecciones presidenciales. El Decreto Constituyente para la Validación de Partidos Políticos, recientemente aprobado, establece que las formaciones políticas que no hayan concurrido a la última convocatoria electoral deberán renovarse, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas. Este decreto deberá ser implementado por el Consejo Nacional Electoral, ente que obligó a los partidos políticos a renovar su nómina de representantes durante los meses de marzo y abril de este año. En ese proceso, participaron los partidos AD, Copei, MAS, Primero Justicia, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.
Ante esta decisión todo apunta a que la coalición opositora deberá someterse en el mejor de los escenarios al proceso de renovación en el que los partidos deben demostrar también que cuentan con el reconocimiento público suficiente como para mantenerse en la carrera política. Es decir, deben recoger la firma de al menos un 0,5% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente en cada uno de los doce estados del país.
La decisión no ha sorprendido a casi nadie en Venezuela. Lo sospechaban incluso los partidos participantes en la «mesa de dialogo» de Santo Domingo. Era cuestión de poco tiempo después de que Nicolás Maduro usurpara las funciones de la Asamblea Nacional y enviara el mensaje a los partidos de la oposición de que tendrían prohibido presentarse a las presidenciales. «Los partidos, Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más», afirmó Maduro.
Para el chavismo los partidos Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), los tres más importantes partidos opositores, perdieron el derecho a acudir a unos próximos comicios. La portavoz de la ANC, Delcy Rodríguez, aseguró ayer que este instrumento legal solicitado por el presidente Nicolás Maduro «busca proteger el derecho del pueblo al sufragio ante las pretensiones de sectores de la derecha de boicotear procesos electorales, como ocurrió en las elecciones recientes».
Eliminar la competencia
La oposición y también juristas internacionales cuestionan esta normativa. El partido opositor Primero Justicia (PJ), del excandidato presidencial Henrique Capriles, considera que el oficialismo quiere «una elección presidencial sin competencia», mientras que Voluntad Popular (VP) partido del preso político Leopoldo López ve «paradójico ilegalizar a los partidos cuando hay diálogo». Más allá de las reacciones, no se sabe qué hará la oposición frente a esta nueva amenaza de Maduro, que los pone entre la espada y la pared, condicionando la negociación de Santo Domingo, cuando en esa ciudad se debate antes que nada que haya condiciones electorales libres y justas.
Algunos analistas creen que lo que han anunciado periodistas afectos al chavismo de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) quiere adelantar las elecciones presidenciales para el primer semestre del próximo año es una posibilidad cada vez más real. La oposición se enfrentaría así a un escenario electoral muy dividida y sin candidato único.
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha visto con malos ojos todo lo que está ocurriendo y rechaza el decreto de la asamblea nacional constituyente (ANC). «El gobierno venezolano y su ilegítima Asamblea Nacional Constituyente están inventando reglas a medida que avanzan. Esto no es democracia. Los diversos puntos de vista políticos hacen democracias fuertes», escribió la embajada en su cuenta de Twitter.
