Su cometido es permitir el borrado seguro de archivos, carpetas y espacio libre de los equipos informáticos corporativos, evitando que la información pueda ser recuperada posteriormente
El Ministerio del Interior prepara un nuevo sistema para borrar de forma permanente archivos de los ordenadores de la Guardia Civil, impedir su recuperación y generar un certificado digital que acredite que la información ha sido eliminada. Una contratación que adquiere especial relevancia en un momento en el que unidades de la Guardia Civil como la Unidad Central Operativa (UCO) tienen abiertas investigaciones de especial sensibilidad que afectan a distintos ámbitos del poder político.
El expediente promovido por la Dirección General de la Guardia Civil, a través de su Servicio de Informática, contempla la implantación de una herramienta del tipo Blancco File Eraser o equivalente. Su cometido es permitir el borrado seguro de archivos, carpetas y espacio libre de los equipos informáticos corporativos, evitando que la información pueda ser recuperada posteriormente.
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No se trata, por tanto, del tradicional botón de «eliminar». El sistema deberá realizar operaciones de sobrescritura para impedir la recuperación de los datos y, además, generar un certificado firmado digitalmente que documente la operación. Ese certificado será remitido a una consola centralizada de administración.
La decisión de Interior llega en un contexto especialmente delicado para la Guardia Civil, cuya UCO se ha convertido en una de las principales unidades de investigación de delitos económicos y de corrupción. El expediente no menciona expresamente a la UCO ni establece que las investigaciones de esta unidad vayan a verse afectadas por la herramienta. Pero el hecho de que el sistema vaya a integrarse en el entorno corporativo de la Guardia Civil abre interrogantes sobre su alcance efectivo.
Borrar y certificar
El contrato prevé que el sistema se integre con la infraestructura corporativa y con el directorio de la Guardia Civil, además de utilizar una consola centralizada desde la que se gestionarán las operaciones. La herramienta deberá permitir establecer políticas, administrar usuarios y conservar registros de los borrados realizados.
La implantación será progresiva. Primero se configurarán los usuarios y las políticas y se conectará el sistema con el directorio corporativo. Después se instalará en un equipo de pruebas mediante Zenworks y se comprobará que el dispositivo queda conectado a la consola. Finalmente, la solución se integrará en la maqueta corporativa de la Guardia Civil.
El último paso resulta especialmente significativo: se realizará un borrado permanente de archivos, carpetas, espacio libre, temporales, cookies y papelera y se verificará que el correspondiente certificado digital llega a la consola central. La herramienta permitirá así convertir el borrado de información en una operación centralizada, controlada y auditable.
El expediente tampoco surge de la nada. Interior reconoce que existe una infraestructura previa relacionada con el borrado seguro y cita un contrato anterior destinado al borrado de datos almacenados en diferentes soportes utilizados en los puestos de trabajo de los usuarios de la Guardia Civil. La nueva solución debe ser compatible con esa infraestructura y con su consola de administración.
En este punto aparece la principal incógnita: ¿hasta dónde llegará el despliegue de esta herramienta dentro de la Guardia Civil? El documento no identifica a la UCO como destinataria ni asigna expresamente el sistema a sus investigadores. Tampoco existe ninguna referencia en el expediente que permita afirmar que la herramienta vaya a utilizarse para borrar pruebas relacionadas con investigaciones judiciales. Hacer esa afirmación sería ir más allá de lo que dice el contrato.
Pero tampoco puede ignorarse que la solución estará integrada en el entorno informático corporativo de la Guardia Civil, lo que potencialmente incluye equipos utilizados por distintas unidades del Instituto Armado. Y entre ellas se encuentra una UCO que, por la naturaleza de sus investigaciones, trabaja precisamente con grandes volúmenes de información sensible.
La cuestión que queda sobre la mesa es, por tanto, qué protocolos impedirán que una herramienta diseñada para eliminar información de forma irrecuperable pueda interferir con datos que deban conservarse por razones operativas, disciplinarias o judiciales.
El propio diseño del sistema incorpora mecanismos de trazabilidad. La consola deberá almacenar certificados firmados digitalmente y permitir la exportación de informes para auditorías. Las comunicaciones con los equipos deberán realizarse mediante conexiones cifradas y la autenticación podrá integrarse con el directorio corporativo.
Precisamente por eso, más allá del software, adquieren importancia los controles internos y los protocolos de autorización que determine la Guardia Civil. En plena actividad investigadora de la UCO, la contratación plantea así un debate que trasciende la informática: quién puede ordenar un borrado, qué información puede eliminarse, cuándo puede hacerse y quién conserva la evidencia de que ese borrado se produjo.
El Gobierno dispone ahora de una herramienta destinada a garantizar que determinados archivos desaparezcan de los equipos sin posibilidad de recuperación. El expediente asegura que esas operaciones quedarán certificadas. La pregunta que deberá responder Interior es otra: qué controles garantizarán que la capacidad de borrar información nunca se utilice sobre datos que deban permanecer intactos.
