Los viajes de Sánchez, las averías de los aviones del Estado, los informes del apagón, los fallos de la red ferroviaria, el comercio militar con Israel…
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Los viajes del presidente, las averías de los aviones que transportan a las autoridades del Estado, los informes elaborados después del gran apagón, las vulnerabilidades de la red ferroviaria, las infraestructuras críticas, las importaciones de componentes israelíes para el Ejército, el memorando agrícola con Marruecos… Todo tiene algo en común: alguien ha intentado conocerlos a través del Portal de Transparencia y el Gobierno ha decidido que, al menos parcialmente, deben permanecer en secreto. Las resoluciones correspondientes al primer trimestre de 2026 permiten dibujar una peculiar geografía de los secretos de la Administración.
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LA RAZÓN ha analizado las respuestas en las que diferentes organismos recurrieron a la seguridad nacional o la defensa para limitar el acceso. No todas tienen la misma naturaleza: algunas afectan a materias formalmente clasificadas como secreto; otras, a documentos de difusión restringida; y en determinados casos el Gobierno sostiene que proporcionar los datos permitiría descubrir vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas.
Uno de los expedientes afecta directamente al presidente del Gobierno. Un ciudadano pidió explicaciones sobre su estancia el año pasado en La Mareta, cuántas personas estaban incluidas y por qué existían costes de desplazamiento cuando el presidente dispone de medios oficiales.
Moncloa respondió parcialmente y reveló que, cuando Sánchez se traslada le acompañan un asesor de la Secretaría General, cinco técnicos u operadores de comunicaciones y siete asistentes de personal de servicio: 13 empleados necesarios para mantener la actividad presidencial. Pero Presidencia se negó a proporcionar el número de escoltas. El Gobierno argumenta que conocer cuántos agentes protegen al presidente permitiría establecer «pautas de actuación» que podrían comprometer su seguridad y generar un «riesgo real». Defensa levanta una barrera todavía mayor alrededor de los aviones oficiales.
Una ciudadana quiso conocer cuántas veces habían fallado durante 2025 y enero de 2026 los Airbus y Falcon del Ala 45. También preguntó qué autoridad había resultado afectada por cada incidencia. Defensa no facilitó los datos. La explicación se remonta a un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, ampliado posteriormente, que clasificó como «secreto» «los estados de eficacia operativa y de moral de las unidades».
El Ejército del Aire entiende que las averías permiten evaluar precisamente la eficacia operativa del Ala 45 y denegó el acceso por razones de seguridad nacional y defensa. El gran apagón también dejó documentación que no verá la luz. Una solicitud reclamó ocho informes elaborados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) sobre centros de control auditados después del cero energético y otro documento de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad con las conclusiones de 12 visitas a centros de control.
El Gobierno facilitó únicamente el informe general que ya era público y protegió los documentos específicos por razones de seguridad nacional.
Interior se niega incluso a confirmar si determinadas instalaciones forman parte del Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas (CNIE). Ocurrió cuando se preguntó por la Autoridad Portuaria de Santander. El Ministerio recuerda que el catálogo contiene información sobre localización, titularidad, funciones y protección de infraestructuras estratégicas y críticas y que está clasificado como «secreto» desde un acuerdo del Consejo de Ministros de 2007.
La protección alcanza también a los sistemas informáticos asociados. Para consultar determinada información es necesaria una habilitación personal de seguridad y acreditar la denominada «necesidad de conocer».
Interior considera que confirmar qué instalaciones aparecen en el catálogo facilitaría identificar los activos que España considera esenciales y sus posibles vulnerabilidades. ADIF utiliza un razonamiento parecido para proteger información sobre los túneles de Abdalajís, en la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga. Se solicitaron los informes realizados desde 2023 para controlar y auscultar su revestimiento y conocer el estado del hormigón armado.
La respuesta resulta reveladora porque ADIF explica qué contienen: umbrales de seguridad, tensiones estructurales, protocolos de actuación, sistemas de auscultación, capacidad de detección de patologías, sensores fuera de servicio, calibraciones pendientes y posibles zonas insuficientemente monitorizadas. El administrador ferroviario sostiene que revelar esos datos podría permitir localizar «vulnerabilidades explotables». Algo parecido sucede con GIFO Plus, el sistema interno de ADIF que registra incidencias, avisos, retrasos, decisiones y planes alternativos.
Su divulgación permitiría, según la compañía, reconstruir puntos críticos, tiempos de reacción y patrones de movilización de recursos. La seguridad nacional se extiende así más allá de los servicios de inteligencia. Alcanza las entrañas tecnológicas de las principales infraestructuras del país. Uno de los expedientes más blindados afecta a la adquisición de Vodafone España por Zegona.
Un ciudadano solicitó conocer los acuerdos alcanzados entre la compañía y el Gobierno para autorizar la operación, «especialmente» los compromisos relacionados con el mantenimiento del empleo. Economía confirmó que la adquisición fue examinada mediante el mecanismo de control de inversiones extranjeras y que el informe de la Junta de Inversiones Exteriores fue clasificado como «difusión limitada».
La resolución invoca hasta seis límites: seguridad nacional, defensa, seguridad pública, intereses económicos y comerciales, secreto profesional o propiedad intelectual e industrial y confidencialidad del proceso de decisión. Economía explica que el expediente contiene planes de negocio, inversiones futuras y detalles jurídicos y mercantiles cuya publicación podría perjudicar a las empresas.
Por tanto, sigue sin conocerse qué condiciones concretas aceptó Zegona para que el Gobierno autorizara la adquisición de Vodafone España. El expediente con mayor carga política afecta al comercio de material militar con Israel. La solicitud preguntaba por componentes procedentes de Plasan, Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems utilizados en los vehículos blindados Dragón fabricados en Trubia y por los 84 ASCOD destinados a Letonia, equipados con sistemas de Elbit. Se pretendía conocer qué resoluciones había adoptado Economía después de las restricciones aprobadas en 2025 a las importaciones israelíes, si la exportación de los ASCOD había recibido autorización y cómo se compatibilizaban esas operaciones con las nuevas prohibiciones. Economía denegó todos los puntos.
Las actas y anexos de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) están clasificados como «secreto» desde un acuerdo del Consejo de Ministros de 1987.
Los expedientes demuestran que no existe un único nivel de secreto. Hay materias clasificadas formalmente como «secreto», como el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, determinados datos sobre la operatividad de unidades militares o las deliberaciones de la JIMDDU. Existen documentos de circulación restringida, como los relacionados con Vodafone. Y hay información no necesariamente clasificada cuya divulgación se limita porque podría revelar vulnerabilidades, como ocurre con ADIF o con la protección del presidente.
La Administración admite, además, que la seguridad nacional no puede utilizarse automáticamente. Interior recuerda en una de sus resoluciones que debe acreditarse un perjuicio objetivo y proporcionado y sostiene, en el caso de las infraestructuras críticas, que el riesgo sería «real, concreto y evaluable» Esta es la gran paradoja de la Transparencia. Para explicar por qué determinadas cosas no pueden conocerse, el Estado termina revelando que existen.
Las propias negativas permiten saber cuáles son algunas de las preguntas que el Gobierno considera demasiado sensibles para contestar. Con suerte para la Administración, toda esta información permanecerá en el cajón del olvido. En algunos casos puede que para siempre. El Portal de Transparencia continuará publicando sus resoluciones. El Estado recibe peticiones a diario. Ya sabe que la información es poder.
