El Instituto Juan de Mariana asegura que la excesiva presión de Sociedades e IRPF desincentiva la actividad económica
España se encuentra en el «lado prohibitivo» de la curva de Laffer. Un reciente informe del Instituto Juan de Mariana (IJM) sostiene que el sistema tributario español ha alcanzado un nivel de saturación tal que una reducción de los tipos impositivos no mermaría las arcas públicas y que incluso podría llegar a aumentar la recaudación al liberar el potencial de crecimiento económico. El estudio, titulado La curva de Laffer y el impuesto de sociedades, concluye que el tipo general de este tributo podría bajar del 25% actual al 21,6% sin que el Estado pierda un solo euro, fomentando a cambio una base imponible mucho más amplia y dinámica.
La tesis central de la investigación, elaborada por los economistas Diego Sánchez de la Cruz y Fernando Pinto, advierte de que la actual estrategia de elevada presión fiscal está actuando como un lastre para la inversión y el empleo. Según el documento, España ha encadenado 97 subidas o endurecimientos fiscales desde 2018, lo que ha elevado la recaudación por Sociedades un 57% en apenas seis años, alcanzando los 39.096 millones de euros en 2024.
Sin embargo, el IJM aclara que este récord no responde a una expansión orgánica de la actividad, sino a una mayor extracción de recursos a las empresas, cuyos márgenes siguen en niveles similares a los de 2019. El análisis estadístico realizado sobre el impuesto de sociedades arroja resultados concluyentes: el punto de equilibrio lafferiano —donde se maximiza la recaudación sin asfixiar la actividad— se sitúa en el 21,6%. Actualmente, con un tipo nominal del 25%, España está aplicando un gravamen que supera en 3,4 puntos ese umbral de eficiencia. El informe es taxativo al respecto: «Una reducción de 3,4 puntos permitiría mantener e incluso mejorar la recaudación, al ampliar las bases imponibles».
Esta sobrecarga no solo afecta a las cuentas de resultados, sino que tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. El estudio utiliza el concepto de «traslación» fiscal para explicar que el 50% del coste del gravamen termina recayendo sobre los trabajadores a través de salarios más bajos. En concreto, la fiscalidad corporativa actual supone una pérdida de remuneración media de 942 euros anuales por cada trabajador ocupado en España.
La situación de sociedades no es un fenómeno aislado. El IJM ya detectó patrones idénticos en un informe anterior sobre el IRPF publicado en 2024. Aquel análisis determinó que el tipo medio de equilibrio para el impuesto sobre la renta debería situarse en el 10,77%, mientras que en la práctica alcanza el 13,94%. El instituto subraya que en 25 de los últimos 28 años, el IRPF ha estado por encima de su punto de equilibrio, lo que significa que el Estado ha estado recaudando menos de lo que podría haber logrado con tipos más moderados que no penalizaran el ahorro y el trabajo.
El informe advierte de que España se está quedando sola en esta deriva recaudatoria. Mientras que el país ocupa el puesto 29 de 38 en el ranking de competitividad fiscal de la OCDE, competidores directos ya han anunciado planes para reducir sustancialmente sus impuestos empresariales en los próximos años. «España debe bajar impuestos y debe hacerlo con urgencia y convicción», sentencia el documento, recordando que la evidencia internacional demuestra que bajar tipos puede ir de la mano de un repunte recaudatorio real del 40% a medio plazo.
La aplicación de la curva de Laffer en el panorama global ha brindado históricamente resultados mixtos. Según diversos informes de numerosos economistas e instituciones como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional (FMI), las rebajas fiscales han tenido un éxito notable en economías con tipos marginales excesivamente elevados. No obstante, estos mismos organismos advierten de que la elasticidad de la recaudación depende críticamente del punto de partida. Si los tipos ya son moderadamente bajos, nuevos recortes suelen derivar en una pérdida neta de ingresos si no se acompañan de una reducción equivalente del gasto público o de una lucha eficaz contra el fraude. Los beneficios de aplicar la curva de Laffer solo se materializan cuando el sistema se encuentra en niveles de saturación, una condición que, según el Instituto Juan de Mariana, España cumple hoy con creces.
