El secretario general de los socialistas aragoneses criticó el pacto fiscal con ERC en Ferraz
Las diferencias de criterio entre Javier Lambán y Pedro Sánchez quedaron patentes, una vez más, en el comité federal celebrado en Ferraz el pasado sábado 7 de septiembre. Durante su intervención, Lambán cargó contra el acuerdo fiscal con ERC por estar en las «antípodas» de la tradición socialista, aunque matizó que estuvo «de acuerdo» con varias partes de la intervención de Sánchez. Ahora, el expresidente autonómico ha decidido hacer pública su intervención en Ferraz. Esta es su transcripción íntegra:
«Buenos días, compañeras y compañeros:
En primer lugar, quiero mostrar mi conformidad con algunas partes de la intervención del Secretario General, sobre todo las referidas a las políticas sociales y económicas del Gobierno, así como a las críticas al Partido Popular, una organización que, a mi juicio, adolece de una completa falta de capacidad reformista. Ahora mismo, España necesita importantes reformas, reformas de calado, reformas que requerirían la participación de las principales fuerzas políticas y hoy por hoy la derecha está absolutamente indisponible para eso, seguramente por voluntad, pero también por incapacidad.
Una declaración de principios, antes de abordar el fundamental y prácticamente único asunto de mi intervención: yo, siguiendo a los socialistas históricos, a Rubial, a Prieto, a los grandes políticos de la Segunda República y de la democracia de 1978, he considerado siempre que la lealtad a Aragón y a España, las comunidades políticas a las que uno pertenece y a las que uno sirve, debe prevalecer siempre sobre la del partido cuando existan contradicciones entre ambas.
Y esto, en el caso de Aragón, se manifiesta especialmente en un asunto que para nosotros ha sido siempre “cuestión de Estado”. Me refiero a la financiación, hasta el punto de que la posición que tengo yo es seguramente la misma que puede mantener un representante del Partido Popular, Chunta Aragonesista, de Izquierda Unida o cualquier otro partido; porque, a base de hablar mucho entre nosotros, sobre la base del Estatuto, hemos fijado siempre posiciones comunes, para ser defendidas en cualquier ámbito y en cualquier momento.
Además, para hacer más eficaz esa defensa, hemos buscado la complicidad y el acuerdo con otras comunidades autónomas de características parecidas a la nuestra. En la última ocasión, en 2021, nos reunimos en Santiago de Compostela ocho comunidades, cinco gobernadas por el PSOE, dos por el PP y una gobernada por un independiente. Y aprobamos un documento que sintetizaba sin demasiadas dificultades las pretensiones concretas de cada cual, porque en una materia como ésta determina más la posición la especificidad del territorio que la ideología de quienes lo gobiernan.
El documento recogía singularidades, pero singularidades que, como decía hace un momento Emiliano García Page, tienen que ver con la densidad de población, el envejecimiento, o la orografía, que inciden en el coste real de la prestación de servicios por habitante, de manera que su calidad sea igual en cualquier lugar de España, y no tienen nada que ver con la exigencia de privilegios o asimetrías. Singularidades llamadas a ser debidamente contempladas en el nuevo modelo de financiación, pero abordadas de manera multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin salir del régimen común y rechazando expresamente cualquier tipo de unilateralidad.
Hago este preámbulo, compañeras y compañeros, porque el documento que yo he leído del pacto fiscal entre Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC está en las antípodas de lo que nosotros hemos venido defendiendo siempre y vamos a seguir defendiendo.
El texto, el único que se ha dado a conocer -no sé si es el definitivo, pero es el único que se conoce-, el texto que yo he leído -por cierto, Salvador, en catalán-, dice en primer lugar que se impulsará “un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal basado en la relación bilateral con el Estado”. Es decir, tiene la pretensión y la ambición de asemejarse y parecerse como una gota de agua a otra al sistema prevalente en el País Vasco desde hace décadas.
Así, se lee que “la Generalitat recaudará, inspeccionará e incluso tendrá capacidad normativa sobre la totalidad de los tributos que se recaudan en Cataluña a excepción de los municipales”. Y luego concertará, o utilícese el verbo que se quiera, con el Gobierno cuánto reintegra al Estado. Es lo que ocurre en el País Vasco. Y no me atengo a lo que dice la derecha ni caigo en la trampa de entrar en el marco de debate del PP, como algunos me imputan. Me atengo a lo que con mucho acierto ha definido el compañero Josep Borrell llamándolo “concierto”.
En segundo lugar, creo que, si ese pacto fiscal se llevara a cabo, supondría un debilitamiento notable de la solidaridad y de la cohesión entre todos los ciudadanos y todos los territorios de España.
Cataluña ingresaría treinta mil millones de euros más -esa es la cifra que se maneja- y tendría que transferir después al Gobierno de España -voy a utilizar verbos del lenguaje común porque son con los que mejor me entiendo yo mismo-, y tendría que transferir una determinada cuota para gastos generales del Estado y solidaridad con otras comunidades autónomas. El resto se lo quedaría la Generalitat.
Eso significa, se mire como se mire, que, al final, el arca común se vería privada de varios miles de millones, lo cual repercutiría en una enorme pérdida de recursos para financiar a las demás regiones, salvo que se aumentara la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas de las mismas para poder mantener sus servicios.
El documento habla literalmente de que esa solidaridad se vería limitada por la ordinalidad. ¿Qué significa ordinalidad, compañeros, tal como han exigido siempre los partidos catalanes? Que si yo soy el segundo en aportar, tengo que ser el segundo en recibir. Con lo cual la solidaridad queda tan limitada que prácticamente desaparece.
Otra consecuencia, que no es menor: el gobierno central, en caso de que culminara esta reforma, quedaría muy debilitado para garantizar la solidaridad y para gestionar las políticas económicas y financieras del país. Porque -y esto no ocurre en ningún Estado del mundo- perdería totalmente el control fiscal sobre el 28% de su Producto Interior Bruto, si contamos a las comunidades de Cataluña, de Euskadi y de Navarra.
Y por último, compañeras y compañeros, de aplicarse este acuerdo, se produciría un cambio estructural profundo. El Secretario General ha manifestado su disponibilidad para aumentar los fondos dirigidos a las comunidades autónomas. Pero eso, compañeras y compañeros, es sumamente coyuntural y que tiene que ver con el ciclo económico. Si se modificara la relación con Cataluña en materia fiscal, no estaríamos asistiendo a algo meramente coyuntural, sino a algo que quebraría la cohesión de los territorios y la igualdad de derechos de manera absolutamente estructural e irreversible.
En definitiva, lo digo con todo el respeto y limitándome a reproducir valoraciones y juicios de socialistas de una notable capacidad intelectual y de legitimidad política para seguir hablando, así como de la inmensa mayoría de los expertos de todo signo, estaríamos hablando no de una salida federal, sino de una salida confederal. Y desde luego, ya os advierto que, por mi parte, esa salida tendrá el más absoluto de los rechazos.
¿Qué propongo yo, compañeros y compañeros, de cara al debate que debemos afrontar en el 41º Congreso? Propongo que recuperemos la Declaración de Granada aprobada en el año 2013 por todos los secretarios generales regionales y en la que tuve el placer de participar bajo la dirección de nuestro añorado Alfredo Pérez Rubalcaba.
Como recordareis, la Declaración planteaba una superación del actual sistema autonómico -que es ya de hecho cuasi federal- para hacer de España un Estado formal y jurídicamente federal. Quedaba claro que eso requería una reforma de la Constitución, así como el ineludible requisito de pactarla al menos con el Partido Popular, y, de hecho, lo primero que hizo Alfredo a la vuelta de Granada fue irse a La Moncloa con el documento bajo el brazo a discutirlo con Mariano Rajoy. Pero ya he dicho antes que este país, entre otros problemas, tiene el de la incapacidad manifiesta del Partido Popular para impulsar las reformas que son necesarias, incluso algunas que son tan urgentes como ésta.
De modo que aquella loable propuesta de Pérez Rubalcaba quedó en agua de borrajas, a pesar de la idoneidad y la oportunidad del momento. Pero creo sinceramente que ha llegado la hora de recuperarla.
En Granada acordamos un documento de varios puntos, en los que no me voy a extender. Se hablaba lógicamente de financiación y se citaba expresamente como referencia el modelo alemán, donde los länders -el equivalente a nuestras comunidades autónomas- prestan el servicio de la recaudación, entregan íntegro el producto de lo recaudado al gobierno federal y es el gobierno federal el que lo gestiona y lo redistribuye entre los territorios. Hay muchos que consideran que es un modelo que se debería reformar para que el servicio de recaudación lo realizara también el Gobierno federal, para evitar los problemas técnicos que se generan. Pero el sistema vigente es plenamente federal y sería interesante estudiar su traslación a España.
Por lo demás, el gobierno alemán negocia con los länders la redistribución en su cámara de representación territorial, el Bundesrat, que es en lo que nosotros deberíamos convertir nuestro Senado de acuerdo con la Declaración de Granada.
Compañeros: insisto en que aquel trabajo que se hizo merece mucho la pena y que deberíamos convertirlo en punto de partida de los debates del Congreso de noviembre.
Compañero Salvador Illa: celebro que seas el presidente de la Generalitat. Primero, por razones de afinidad ideológica y segundo por razones de historia y de vecindad. Te felicito asimismo por los excelentes resultados del PSC tanto en las elecciones autonómicas como en las elecciones generales y europeas últimas.
Lo que ocurre es que, al mismo tiempo que vosotros obtenéis esos excelentes resultados, en las demás comunidades del país perdemos con porcentajes en algunos casos demoledores.
En este momento, atendiendo a los últimos resultados autonómicos, generales y europeos, se está configurando un mapa de España en el que Cataluña está pintado de rojo; el País Vasco también, pero solo en generales y europeas; y el resto del país está pintado de un azul cada vez más intenso.
He aquí el gran reto que tenemos que afrontar en el 41º Congreso. Yo me alegro mucho de que seas Presidente de la Generalitat, Salvador, pero para mí es como mínimo igual de importante que haya un presidente socialista en las demás comunidades, en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía, en Valencia y por supuesto en Aragón.
Muchos de los esfuerzos intelectuales y políticos que tenemos que dedicar, mucho de lo mejor de nosotros mismos que tiene que salir a flote en ese Congreso, ha de ir dirigido justamente a ese fin. Seamos inteligentes, seamos audaces y no sacrifiquemos unas partes del territorio en beneficio de otras, porque, si no, la España solidaria y próspera surgida de la Constitución de 1978 puede acabar resultando un proyecto fallido.
Termino compartiendo el optimismo del que hablaba el Secretario General. Pero para mí, como motor, el optimismo no debe invocarse tanto como consecuencia de la buena marcha de las cosas sino más bien como estímulo para que las cosas que no van bien se encaminen en la buena dirección.
Muchas gracias.»
