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La ATA prevé que en 2018 los autónomos creen 135.000 empleos

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) prevé que el próximo año este colectivo llegue a generar un total de 135.000 empleos. En concreto, espera que haya 65.000 autónomos más y que el conjunto del colectivo cree otros 70.000 asalariados. Los factores de este crecimiento se debe a la nueva ley de autónomos que entrará en vigor el próximo mes de enero. La medida estrella de esta normativa será la extensión de la tarifa plana de 50 euros, hecho que está provocando que muchos trabajadores retrasen su alta como autónomo hasta el primer mes de 2018.

La subida del número de autónomos por la tarifa plana también favorecerá que se reduzca la economía sumergida en España, ya que según la ATA, desde que entró en vigor han aflorado 450.000 empleos irregulares de los más del millón de autónomos que se acogieron a ella. Además, desde la asociación valoran que la mejora de la economía augura un entorno favorable para este colectivo.

Estas previsiones positivas para el próximo año viene contrastan con las cifras de 2017. En más de la mitad de las comunidades autónomas ha bajado el número de este colectivo. Especialmente en Cataluña, donde desde el mes de octubre se han dado de baja 2.587 autónomos.

Este colectivo lleva años sufriendo la morosidad, son los más vulnerables en el retraso de los pagos y este hecho causa el cierre de 1 de cada 4 negocios. La ley marca un límite de días para abonar las facturas (30 para las administraciones públicas y 60 para las empresas privadas), pero la gran mayoría excede en los plazos. Es por ello que el próximo año también entre en vigor la Ley de Morosidad que castigará aquellas empresas que se retrasan en sus pagos.

 

Los presidentes autonómicos se coordinan para que Rajoy acelere la financiación

Los presidentes autonómicos son conscientes de que el Gobierno tratará de concertar con los partidos políticos, esencialmente PP y PSOE, la financiación autonómica para sacar en el Parlamento la votación de la correspondiente ley orgánica. Pero antes de que eso ocurra, los jefes de gobierno territoriales darán muestras suficientes de que sin su colaboración no habrá pacto. Este es el sentir recogido en la mayoría de los presidentes autonómicos consultados por EL PAÍS, que han emprendido una colaboración. Hace menos de dos semanas se celebró una reunión en Oviedo en la que participaron los presidentes de Asturias, Javier Fernández (PSOE); de Galicia, Alberto Núñez Feijó (PP) y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, (PP). Estos hicieron partícipes de sus reflexiones al presidente de Aragón y de Castilla-La Mancha, los socialistas Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente. De los problemas de todos ellos participa igualmente el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE).

Esta reunión, como otra anterior que se celebró en Cuenca, a instancias del presidente castellano-manchego, se centró especialmente en la despoblación que sufren algunas comunidades aunque no es este el único problema grave de la dispar España autonómica. De estas reuniones y conversaciones cruzadas se desprenden las diferentes visiones que los presidentes plantearán al Gobierno central, singularmente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Unos pondrán el énfasis en que prime la capacidad recaudatoria, al tener más renta, como son los casos de Madrid, Baleares y Cataluña. Otros querrán imponer el criterio de población, defendido por Andalucía y Castilla-La Mancha, ya sea tanto por número como por despoblación y derivado de este se pondrá el énfasis en el coste efectivo del servicio que se presta a los ciudadanos.

Cuadrar la propuesta no será fácil, reconocen en las comunidades autónomas ante la disparidad de situaciones. Se recuerda que Madrid tiene una renta de 32.000 euros por habitante, en contraste con los 16.000 de Extremadura. Si bien más del 80% de los presupuestos se destina a Educación, Sanidad y Servicios Sociales la prestación del servicio resulta mucho más caro en las comunidades con población extensa y diseminada. Por ejemplo, para atender a un mismo número de ciudadanos de la localidad madrileña de Móstoles y de la provincia de Cuenca la segunda requiere más centros de salud que la madrileña: 35 frente a 5.

Aquellas comunidades que recaudan más querrían tener más recursos, muy en la línea de “la ordinalidad” que siempre planteó Cataluña — antes de la crisis secesionista — para no recibir menos de los que ofrecen.

Entre ellas está Madrid, a quienes otras comunidades con menos recursos recuerdan que, además de tener más ingresos fiscales, tiene una potente red de servicios privados, como es en el caso de la enseñanza y de la sanidad, lo que no es habitual en otras comunidades autónomas donde todos los servicios corren a cargo de los presupuestos públicos dado que el sector privado es insignificante.

La Casa Real homenajeará al Rey emérito Juan Carlos I en el año del 40 aniversario de la Constitución

La Casa Real ha decidido que 2018 sea un año que sirva para homenajear la figura de los Reyes eméritos,Juan Carlos I y Doña Sofía. Dado que ambos cumplen 80 años -el 5 de enero y el 2 de noviembre, respectivamente-, desde la Corona han decidido impulsar una serie de iniciativas y actividades públicas a través de distintos ámbitos de la sociedad española. Este homenaje coincidirá en el tiempo con los actos de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, que también se extenderán durante todo el próximo año. De esta manera, ambos reconocimientos quedarán ligados.

La primera parada de este homenaje se producirá el 6 de enero, con motivo de la celebración de la Pascua Militar, donde Don Juan Carlos y Doña Sofía estarán presentes en un acto que presidirán los actuales Reyes de España. Será la primera vez que acudan desde su abdicación en junio de 2014.

Desde Zarzuela no dieron ayer más detalles sobre esta decisión ni sobre el calendario de actividades, limitándose a señalar que serán «una serie de iniciativas y actividades públicas a través de distintos ámbitos de la sociedad española».

También en enero de 2018, Felipe VI cumple 50 años, pero por el momento se desconoce si habrá una celebración o algún acto conmemorativo excepcional, más allá de la celebración familiar.

Desde que decidiese abdicar, Juan Carlos I, al igual que la Reina Sofía, han tenido apariciones contadas. Su agenda era de mínimos, concediendo todo el protagonismo al nuevo Rey: Felipe VI. Con el paso del tiempo, sin embargo, desde Zarzuela se ha ido rehabilitando la figura del Rey emérito, aprovechando el impulso que el actual Rey ha concedido a la Corona, revitalizando unas constantes vitales en horas bajas, y que el cajón del olvido va engullendo las polémicas protagonizadas por su padre. La sentencia del caso Nóos, que supuso la absolución de laInfanta Cristina, también contribuyó a cortar el cordón sanitario impuesto por Zarzuela.

Este homenaje a la figura de Juan Carlos I se producirá en el año en que se conmemora el 40 aniversario de la Constitución española. Un consejo asesor formado por 39 integrantes es el encargado de organizar los fastos. La mera coincidencia temporal hará que ambos homenajes queden ligados. Fue él quien sancionó la Carta Magna de 1978 y son muchos quienes le atribuyen un papel clave en la Transición política, con el 23-F como uno de los momentos clave de su reinado.

Y todo después de la gran polémica que originó la ausencia del Rey emérito en los actos de aniversario por los 40 años de democracia, celebrados en el Congreso, el pasado mes de junio, toda vez que él era el Rey de España en aquellas elecciones del 15 de junio de 1977 en las que se eligieron el Congreso y elSenado de la Legislatura Constituyente. Juan Carlos I confesó entonces a sus allegados más próximos que estaba «dolido» y que le resultaba difícil asumir que «quien condujo el camión de la Transición» fuera excluido del homenaje.

Por qué los malos alumnos mejoran al apagar el móvil

Mientras el gobierno francés enciende el debate al prohibir los teléfonos hasta en el recreo, es España cada colegio elige sus normas

Algunos expertos apuntan a que poner límites ayuda sobre todo a los estudiantes con menor capacidad de concentración

Cuando el investigador francés Louis-Philippe Beland estudió las consecuencias de la prohibición de los móviles en cuatro colegios británicos, su conclusión fue que los peores alumnos subieron sus notas… mientras que a los buenos estudiantes apenas les afectaba la medida. Es decir, que los teléfonos perjudican a los alumnos con menos capacidad de autocontrol y de atención. De ahí que el reciente anuncio de la prohibición de los móviles en los colegios franceses suponga, en opinión de este experto, «una política pública de bajo coste que puede reducir la desigualdad educativa».

Fue el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, quien acaparó titulares la semana pasada con la prohibición de los móviles no sólo en clase, sino hasta durante el recreo. Sin embargo, los analistas galos apuntan a la esposa del presidente Emmanuel Macron como impulsora de estas medidas restrictivas, que formaron parte de su programa electoral.

El pedagogo español Gregorio Luri, autor del libro Mejor Educados, aplaude esta iniciativa: «Está señalando uno de los grandes problemas de los niños de hoy en día, que es su capacidad para prestar atención», asegura. «Los alumnos a los que les irá bien serán, más que nunca, los más capaces de concentrarse. Pero lo interesante de este ministro es que está inmerso en una contrarreforma educativa, con medidas como ésta o la introducción del dictado obligatorio».

Uno de los problemas de los niños de hoy es su incapacidad para prestar atención

El ministro Blanquer ha aclarado que su cruzada no es contra la tecnología, algo que no se entendería en el siglo XXI. Se trata de prohibir los móviles, pero no así el uso de tabletas, cada vez más frecuentes en el aula. Aunque también empiezan a aflorar estudios que alertan sobre que su uso no es la panacea. En definitiva: la comunidad educativa aún no ha alcanzado el consenso sobre cómo incorporar las pantallas a las clases.

En España, la mayoría de los colegios ya impone restricciones a los móviles, aunque cada uno traza la línea en un lugar distinto. «En el Colegio Padre Coloma, los niños que tienen móvil los dejan en secretaría y los recogen al salir, porque vuelven solos a casa y los padres están más tranquilos», explica Carmen Pascual, la directora de este centro público de Canillejas (Madrid). «En las clases, donde los profesores trabajan sin libros con temarios de apuntes muy trabajados, sí que usamos las tabletas de manera muy controlada, como para que los niños hagan ejercicios de matemáticas ajustados a su nivel en una plataforma durante 15 minutos al día».

Públicos y privados

Un centro con un perfil totalmente distinto es el Colegio Madrid, privado, que acaba de abrir. Su directora, Elena Flórez, quiere volcar allí su experiencia tras liderar durante casi 20 años el Colegio Estudio, heredero de la Institución Libre de Enseñanza: «En primaria, los niños no vienen con móviles», dice. «Las tabletas sí que nos permiten trabajar en matemáticas con ejercicios que un profesor no podría corregir ni personalizar para cada niño. En Secundaria creo que no prohibiría los teléfonos, pero sí obligaría a ponerlos encima de la mesa».

Hay profesores de secundaria que alguna vez hacen la vista gorda cuando el uso parece eficaz: «Hay veces que nos piden, si ha tocado el timbre y tienen prisa, hacer la foto a la pizarra con los deberes o con la última explicación». Se trata de algo fundamental para una generación que se comunica mucho más por WhatsApp que por correo electrónico, una tecnología que, para ellos, ha quedado casi obsoleta: «No saben ni en qué consiste poner un asunto en el email«.

Sonia García, portavoz de ANPE, el sindicato de profesores, tampoco es muy partidaria de medidas tan tajantes como la prohibición: «Es mejor que haya unas normas de uso muy claras». Varios profesores apuntan a que, debidamente controlados, los móviles pueden servir para motivar en algunas clases o para realizar consultas puntuales. Aunque, por lo general, se opta directamente por prohibir su uso escolar y, en el caso de incumplir, se requisan y se avisa a los padres, según explica Horacio Silvestre, director del Instituto de Excelencia de Madrid, el San Mateo.

Lo que parece haber remitido es la fiebre de pensar que con una tableta e internet los niños podrían aprender por su cuenta: «Dejarles vagar por internet no tiene sentido», explica Flórez, del Colegio Madrid. «Ya no es el uso de los móviles en clase, es lo que hacen con ellos en sus casas. Cada vez llegan más niños adormilados al colegio, después de haber estado hasta las tantas chateando. Por no hablar de cómo se hacen ahora los deberes, con la clase entera metida en un grupo y unos pocos dando las respuestas«, cuenta Sonia Ruiz, profesora de Química en un instituto de Málaga.

Esther Galicia, pedagoga, describe la línea de sentido común que parece que se ha ido abriendo paso: «Las herramientas son sólo eso, herramientas. Prohibir el uso de ciertas tecnologías por miedo a la distracción realmente no tiene mucho sentido. Pero usarlas en clase debe ser eso: hacerlo como herramienta, con una formación previa de los docentes, unas normas claras del uso y unos tiempos para cada cosa».

Como mantiene Beland, el investigador galo, regular los móviles no requiere ninguna inversión presupuestaria para ver resultados. Sólo exige poner controles, normas de uso y confiscación, algo no habitual en muchos hogares. El colegio, por ahora, es otra cosa.

La ‘marca España’ supera el ‘procés’, que ya no interesa en la Unión Europea

Cuando el pasado mes de octubre el Gobierno español quiso reaccionar, muchos pensaron que era demasiado tarde. Las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre en Barcelona se repetían una y otra vez en las televisiones y las portadas de todo el planeta, y la sensación de que Moncloa había descuidado las relaciones públicas, no se había esforzado en explicar la situación y había cometido un error muy grave era unánime en todas las capitales y entre los analistas europeos.

Mientras que el poder duro del país quedó intacto, como quedó demostrado poco después con la cascada inmediata de rechazo a la declaración unilateral de independencia y el respaldo de Merkel, Macron, May, Juncker, Tajani y hasta Trump, el poder blando parecía hecho añicos. La Marca España estaba tocada y las alusiones al franquismo, la represión y la debilidad de la «joven democracia» eran constantes.

Dos meses después, sin embargo, la opinión generalizada en los centros de poder es que, aunque tocada, esa marca no está ni mucho menos hundida. La tensión se ha reducido, el respaldo entre gobiernos e instituciones ha sido inapelable y las encuestas indican que se ha invertido en buena medida el relato dominante sobre la situación en la región.

Fin del ‘efecto internacional’

Europa llevaba mucho tiempo escuchando únicamente una versión de la realidad catalana y eso hizo mella. Por méritos del Govern y, sobre todo, por el desdén manifiesto de Moncloa. La llegada de Carles Puigdemont a Bruselas generó una enorme conmoción y colocó la cuestión en el centro de la diana. Pero el efecto internacional se desinfló bastante rápido. Dos ejemplos. La rueda de prensa que convocó el 31 de octubre en el Club Internacional de Bruselas desbordó la capacidad del local. Logísticamente fue desastrosa, pero la atención era absoluta. Decenas y decenas de cámaras, enviados especiales y prime time. Cuando el pasado 6 de diciembre su equipo volvió a convocar, tras la retirada de la euroorden por parte del juez, nada que ver. En la sala sólo había medios españoles y belgas y apenas unos cuantos del resto del continente.

Quizás sea todavía más llamativo el segundo caso. El jueves pasado, en la cumbre europea en Bruselas, desde Moncloa se convocó a los medios internacionales a un encuentro con altos cargos para analizar las elecciones catalanas y la situación judicial. En octubre, cuando se hizo por primera vez, fue un encuentro tenso, lleno de preguntas y dudas sobre el sistema legal español y cuestiones del tipo: «¿Por qué no les dejan votar si quieren?». El pasado jueves, a sólo una semana del 21-D, apenas hubo siete periodistas extranjeros en la sala y cinco preguntas contadas. «El tema es historia», sentenciaba uno de ellos; «ya no interesa».

Encuestas desfavorables

Los números parecen sostener al menos en parte esta percepción. El único sondeo internacional sobre el asunto catalán lo publicó esta semana el diario Le Soir, el más vendido en el mundo francófono belga. El título de la información y el barómetro realizado mes y medio después de la llegada de Carles Puigdemont y sus cuatro ex consellers a Bruselas era «Los belgas, poco seducidos por el proyecto catalán». Ante la pregunta «¿en la crisis catalana apoya usted la posición del Gobierno español o del de Puigdemont?», los habitantes de Flandes eran los únicos que se decantaban por el ex president, pero con un escueto 20%, apenas cinco puntos por encima del 15% que se inclinaba por Madrid. En las otras dos grandes regiones el resultado era inverso y mucho más contundente. En Bruselas, el 30% apoyaba al Gobierno español (por el 11% a Puigdemont) y en Valonia, muy parecido: un 28% frente a un 12%.

El balance general -probablemente exportable al resto de la Unión Europea, salvo en regiones como Escocia o Córcega– es que a los belgas ni les va ni les viene la cuestión catalana y el problema español. Son muchos los que no apoyan ni a un lado ni al otro (27%, 18% y 19%, respectivamente), pero sobre todo son clara mayoría los que no saben o no contestan: 27%, 41% y 41%.

La ‘marca España’, tocada

«Pase lo que pase habrá quien lo lea siempre bajo su lente. Pero si un partido no independentista fuera el más votado en las elecciones, por mucho que éstas hayan sido convocadas tras la aplicación de los resortes constitucionales, el mensaje que se transmitiría sería muy poderoso«, explica una alta fuente europea presente en las salas cuando vienes los jefes de Estado. «La diferencia entre octubre y ahora ha sido inmensa, ya no se hablaba. ¿Cuántas preguntas recibieron los ‘lideres al llegar? Compare con el Consejo Europeo de octubre o la cumbre informal de Riga», apunta la misma persona en referencia al encuentro al que Rajoy no acudió por la crisis en casa.

Claro que eso no quiere decir que España no vaya a salir tocada tras lo ocurrido estos meses. Según el único estudio disponible, con la firma del Reputation Institute, seis de cada 10 europeos (de Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Holanda y Bélgica) consideran que la marca España se ha visto perjudicada de alguna forma. Según su cocina, la imagen internacional del país ha caído algo más de tres puntos respecto a marzo, aunque con datos no perfectamente comparables. Y la intención de invertir, cuatro.

Todo ello teniendo en cuenta que únicamente el 10% de los europeos aceptaría una declaración de independencia unilateral de una región de su país y que, si bien el 85% afirma haber oído alguna noticia relacionada con la crisis política, «no están muy bien informados», según afirmó Enrique Johnson, el responsable para España y América Latina de la compañía, en la presentación. De hecho, el mayor impacto se notaría en Alemania y Francia, dos de los países que han respaldado a Rajoy.

El Gobierno ha cuantificado en medio punto el impacto de la crisis catalana en el PIB, una cifra que expertos de los principales servicios de estudios consideran «razonable». El Reputation Institute, con algo más de 1.700 entrevistas, cuestionario on line y preguntas también a directivos de empresas, cifra en 12.000 millones un impacto inmediato sólo por la pérdida de visitantes (un 15,4%) y la posible caída de inversión directa en casi dos puntos. La UE ha optado por el momento por no hacer estimaciones, al considerar que ningún indicador relevante muestra aún una desaceleración en la actividad.

Críticas al Gobierno

«En Reino Unido, la izquierda ha abanderado la causa catalana. Hay un sector político asociado a Corbyn, a Owen Jones, que ha hecho suyo el discurso como lo hicieron con Grecia y Varufakis. Una retórica de David contra Goliat aunque no tenga nada que ver la situación. Es un factor importante entre la gente joven, ahí la imagen española sí se ha visto dañada», explica Mehreen Khan, periodista de Financial Times y la encargada de despertar cada día a Bruselas con su newsletter.

Khan apunta que «España tiene muy malas relaciones públicas y sus figuras políticas no llegan», pero a nivel europeo, en Bruselas, no ha percibido ningún cambio en la imagen del país ni, sobre todo, su capacidad de influencia.

«Puigdemont decía con desprecio que la UE es un club de países. Y le hemos dicho, como países, cómo están las cosas. Ahora, la imagen española no sale impoluta, no se han hecho bien las cosas o no lo suficientemente bien. Casi se convierte en un asunto oficial y la parte legal ha dejado mala impresión, de pura improvisación», dice un embajador europeo.

Ahí es donde la última semana se concentraban más las críticas. Que la Justicia española pidiese una euroorden se vio con absoluta normalidad, porque para eso están. Pero que lo hiciera sin calibrar las consecuencias y que al final el magistrado optara por retirarla porque era posible que no saliera exactamente como querían se ha visto como un error. Que Catalá viniera días después a Bruselas hablando de impulsar reformas en la euroorden y la Comisión Europea le cerrara la puerta tajantemente y de forma pública dejó todavía más en evidencia a España.

«Muchos favores a Madrid»

En los grandes think tanks de la capital comunitaria no hay expertos claros en la cuestión o han declinado pronunciarse. Pero sin micrófonos muchos apuntan en la misma dirección: «Madrid ha pedido muchos favores y veremos qué efecto tiene eso en el futuro». Y es evidente. España ha gastado o al menos usado una importantísima cantidad de capital político y diplomático estos últimos dos meses. No son sólo las condenas a la declaración de independencia, sino los mensajes de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, las intervenciones de los líderes institucionales, las puertas cerradas de cancillerías y oficinas para los ex gobernantes catalanes…

Esta misma semana, Ryan Heath, el periodista de Politico que envía cada mañana lo que se conoce como Playbook, un quién es quién y qué es qué en la UE que lee con muchísima atención toda la burbuja bruselense, publicaba una «matriz de poder» con los países en los que trataba de explicar «quién tiene más poder de cara a la última cumbre del año», celebrada el jueves y viernes. Con dos focos principales: la reforma de la Eurozona y el Brexit. En ella, Alemania y Francia son, de lejos, los más destacados. A continuación, Holanda. Y justo después, España junto a Portugal e Italia.

«El calendario le ha venido bien a Rajoy. Todo el mundo está pendiente de Jerusalén, del Brexit y de lo que pase con Polonia el próximo miércoles. A las elecciones [catalanas] se les ha prestado poca atención, pero todo dependerá de lo que ocurra. Si se repite lo mismo habrá desgaste», apunta un diplomático del Benelux.

El efecto en la marca España se puede medir de muchas formas. En turismo e inversión. En respeto. En sanciones o reprimendas, como le podría ocurrir a Varsovia. Pero también en su capacidad de influir, de ser escuchada y estar presente donde se toman las decisiones. Antes de la crisis catalana Rajoy había aprovechado el vacío del Brexit para estar en los foros clave con Francia, Italia y Alemania. No es que el país vaya a ser castigado por lo ocurrido, pero el presidente y su equipo han estado muy pendientes de Cataluña y mucho menos del exterior.

El Gobierno de Carmena se rompe

Manuela Carmena cerró ayer en falso la peor crisis a la que ha tenido que hacer frente desde su llegada al Palacio de Cibeles. El amago de rebelión promovido por los ediles díscolos de su equipo fue cortado en seco: el cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía fue la manera elegida por la alcaldesa para responder al órdago lanzado desde Izquierda Unida en la noche del domingo, cuando la dirección de esta formación exigió el aplazamiento del Pleno extraordinario convocado para aprobar el Plan Económico que el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda habían pactado.

«No lo puedo permitir», recalcó Carmena para explicar la destitución. El golpe de autoridad asestado en el entramado de movimientos, sensibilidades y partidos que conforman Ahora Madrid permitirá a la alcaldesa volver a tener el control del área de Economía y Hacienda. Por contra, complica la estabilidad de su Gobierno. No tendrá más remedio que afrontar los 18 meses que restan de legislatura con su grupo municipal abierto en canal. Ninguna de las facciones críticas con su posición realizó ayer el menor esfuerzo por disimular la imagen de ruptura total: los seis ediles de Ganemos y de IU abandonaron el salón de Plenos para no apoyar la hoja de ruta económica de Carmena minutos antes de que otros tres concejales, los integrantes de Madrid 129, amenazaran a través de un comunicado con renunciar a sus cargos en el Gobierno.

El origen de esta crisis hay que buscarlo en la oposición del ya ex delegado de Economía a asumir las tesis del Ministerio de Hacienda para que el consistorio regrese al cumplimiento de la regla de gasto. Con las cuentas municipales intervenidas y tuteladas, la alcaldesa optó por incorporar a las cuentas de 2017 y 2018 los recortes solicitados por el departamento que dirige Montoro. Una posición que ha terminado por hacer inviable la continuidad de Sánchez Mato. Y así lo explicó Carmena: «No puedo permitir que el concejal de Hacienda no apoye la propuesta que él mismo había dirigido al Pleno. La trascendencia que el Plan Económico tiene para nuestro Gobierno y para el desarrollo de la propia vida del Ayuntamiento hace necesario que haya tomado esta decisión de manera precipitada pero necesaria». En su comparecencia ante los medios, la alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento a la labor realizada por Sánchez Mato pero no ocultó su frontal rechazo al papel desempeñado por su partido: «Me sorprende la decisión de IU, que no forma parte de esta candidatura, porque Ahora Madrid no fue una coalición sino una candidatura de vecinos. ¿Qué sentido tiene que IU decida lo que se tiene que hacer en el Pleno? Eso no es bueno». Según el diagnóstico de la alcaldesa, esta crisis demuestra la necesidad de que Ahora Madrid se despolitice: «A veces los partidos quieren singularizarse mucho y ganar espacio aunque en la definición inicial se trate de candidaturas sin partidos». «No podemos permitir que IU quiera decidir lo que pasa en el Ayuntamiento», sentenció.

las amenazas

La alcaldesa sí quiso dejar claro que no planea llevar a cabo nuevos relevos en su equipo, más allá de pequeños cambios en los distritos. Sin embargo, desde Madrid 129, una de las corrientes críticas con el cese de Sánchez Mato, sí amenazaron ayer con dimisiones: «Si no hay avances claros y rápidos en aspectos que son centrales en el mandato ciudadano recibido por Ahora Madrid, los concejales de Madrid129 abandonarán sus responsabilidades de Gobierno». Los tres ediles de este movimiento son Javier Barbero y Celia Mayer, delegados de Seguridad y de Políticas de Género respectivamente, y el concejal Guillermo Zapata.

Desde Ganemos –la plataforma que representa al ala más radical de Ahora Madrid–, la concejala Rommy Arce aseguró que la destitución de Sánchez Mato es «un gravísimo error político». Su compañera Montserrat Galcerán dejó entrever las dudas de estos tres ediles sobre lo que votarán cuando el nuevo delegado de Economía, el edil de Podemos Jorge García Castaño, lleve al Pleno municipal el proyecto de Presupuestos para 2018: «Habrá que ver cómo son». Frente a la amenaza de Madrid 129, ninguno de los ediles de Ganemos e IU tiene pensado renunciar: «Aquí no dimite nadie». El tercer teniente de alcalde y miembro de Izquierda Unida Mauricio Valiente prometió «seguir trabajando». Rommy Arce dio un paso más con una afirmación con tono de aviso a la alcaldesa: «Estamos obligados a dar la pelea desde dentro».

Casi dos siglos del «Cuento de Navidad», de Charles Dickens

Tal día como hoy de 1843, la editorial Chapman & Hall publicaba por primera vez «Un cuento de Navidad», de Charles Dickens. La sociedad victoriana de la época estaba empeñada en recuperar las viejas tradiciones navideñas e incorporar otras nuevas, tras las severas prohibiciones que sufrieron en el pasado. Así, la historia fue recibida con los brazos abiertos y supuso todo un éxito inmediato en Reino Unido y en el mundo.

Había nacido un nuevo ritual, leer y releer el clásico al calor de estas fiestas para insuflar el espíritu navideño y no caer en la fría y solitaria avaricia. Dickens, marcado por una infancia dura y pobre, encarnaba en Ebenezer Scrooge la crueldad que supone la codicia, la ambición y la avidez de riqueza. Y también el duro viaje que emprende hasta su redención, a través de la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras.

El autor británico escribió el relato después de su visita en ese mismo año a una escuela para niños pobres en el centro de Londres, movido por el demoledor informe sobre las condiciones del trabajo infantil que llevó a cabo la Comisión de Empleo Infantil en 1842, cuyas conclusiones conmocionaron a la opinión pública de la época. Tanto, que originaron varias obras literarias de protesta.

Más de un siglo y medio después, «Un cuento de Navidad» sigue vigente a través de su versión original que continúa editándose y también a través de multitud de adaptaciones literarias, treatrales y cinematográficas.

Las dos más recientes

En este mismo 2017, hemos asistido a dos nuevas versiones. En primer lugar, una que se publica por primera vez en España. La editorial Nocturna trae a en nuestro país el clásico de Dickens ilustrado por Quentin Blake. Ganador del prestigioso Hans Christian Andersen de literatura infantil, es responsable de poner cara a los personajes de Roald Dahl, entre otros. La edición es en cartoné con sobrecubierta, ilustraciones en color y traducción íntegra.

Por su parte, el agudo escritor británico Michael Rosen es el encargado de reinterpretar el tradicional relato de Dickens adaptando su esencia al siglo XXI. Así, «Bah! Humbug!» (Scolastic, solo disponible en inglés) con ilustraciones de Tony Ross, muestra a un niño, Harry, que va a desempeñar el papel de Scrooge en la obra del colegio, mientras duda de que su padre, obsesionado con el trabajo y gruñón sin remedio, vaya a asistir a su función.

 

 

Los libros de texto catalanes presentan una UE «fracasada»

En los institutos catalanes también se manipula la historia de España. Así lo suscribe un informe del sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES) sobre manuales de 2º, 3º y 4º de ESO. El estudio, presentado ayer y que completa uno anterior sobre los textos de Primaria, concluye que algunos de los libros ofrecen «un relato sesgado y partidista» de la Historia.

El informe «Adoctrinamiento ideológico partidista en los libros de ESO de Geografía e Historia utilizados en Cataluña en el curso 2017/18» llega antes de que el Ministerio de Educación presente el suyo (que anunció en el punto álgido de la crisis secesionista) sobre el adoctrinamiento ideológico.

El trabajo, adelantado por ABC, constata con ejemplos «cómo el relato histórico se ha manipulado durante años en Cataluña a favor de las tesis nacionalistas», según AMES.

En la mayoría de manuales consultados, la palabra «España» está desterrada y es sustituida por «monarquía hispánica». Asimismo, el relato histórico se construye en base a una oposición constante entre España y Cataluña, donde los gobernantes españoles «son los malos» y los catalanes «los buenos», según denuncia Antonio Jimeno, presidente de AMES. En los libros de ESO analizados aparece también la idea de independencia relacionada con Cataluña desde el siglo XIII y se presenta a España como «un estado plurinacional».

«Mejor ir solos»

Como novedad respecto a lo avanzado, en algunos manuales se perfila una UE «débil» y «fracasada» y se deja entrever que «la mejor opción para superar la crisis en la que están sumidos algunos países europeos es salir del euro y de la UE». En los libros se insta a los alumnos a analizar con varios ejercicios un texto que presenta a la Unión Europea como «una entidad fracasada con problemas muy serios».

«La Unión Europea se encuentra en las horas más bajas de su historia. Cada vez son más numerosas las voces que afirman que, ante la crisis económica, sería mejor ir solos», apunta el texto, en el que se afirma que «el abandono de la moneda única facilitaría salir de la crisis». También se presenta a España como «un estado plurinacional». «Dan por sentado que lo es y aluden a la Constitución para justificarlo», denuncian los autores del informe.

«El hecho de que la Constitución, que también califica a España como nación, establezca la existencia de nacionalidades (sinónimo de nación) permite afirmar que el estado español es plurinacional», apunta uno de los libros.

Conflicto con España

En el mismo manual, se muestra un mapa de Europa coloreando las regiones donde hay un porcentaje de personas que desean la autodeterminación, «sin indicar que en muchas de ellas ese porcentaje es muy pequeño», apunta el sindicato. Denuncia, asimismo, que en el citado gráfico se señala junto a Cataluña, también a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares, intentando generar la idea de que todos los «países catalanes quieren la independencia».

En la mayoría de los libros, la Historia de España se presenta como un constante conflicto entre España y Cataluña y los gobernantes españoles aparecen «como los malos», coartando las libertades, las costumbres, las tradiciones y la lengua propia de Cataluña; frente a los dirigentes catalanes («los buenos»), a los que se atribuyen siempre acciones positivas.

 

Rajoy exhibe su experiencia para atajar la fuga de voto a Ciudadanos

Mariano Rajoy ha asumido en primera persona toda la estrategia electoral del PP catalán, anímicamente «tocado» por las encuestas que señalan su descalabro el 21-D. La dirección del partido maneja estudios propios que ahora les dan entre 8 y 9 escaños, pero no quiere dar la partida por perdida antes de jugarla. A todo lo que aspiran en Génova es a «salvar los muebles», lo que significaría obtener 10 escaños, uno menos que ahora. Para eso necesitan fidelizar un votante que sopesa cambiar a Ciudadanos, identificado por todos los sondeos como una opción de victoria clara el 21-D. Esa bolsa de indecisos se sitúa en el 30% del electorado, según recuerda Génova, que se resiste a ponerse la venda todavía.

El propio Rajoy lleva días practicando un ejercicio de didáctica sobre el sistema electoral español -«la famosa ley D’Hont», dijo ayer en Barcelona- para hacer ver que, tal y como está el reparto, el voto a Ciudadanos puede restar los últimos escaños al PP, y por tanto, al bloque constitucionalista. El partido distribuyó un vídeo electoral para incidir en la idea de que el «voto útil» servirá para que ellos ganen en los restos «a la CUP o ERC» según la circunscripción. Los populares han buzoneado una información gráfica que explica cómo es el reparto de los restos, que hace que peleen el último asiento en el Parlament con la CUP por 600 votos. En Lérida rivalizan con el PDECat y pueden perder su único representante por apenas 300 votos. En Tarragona la pugna es con ERC, igual que en Barcelona, aunque en este caso se la juegan también con el PSC.

«Hablar es fácil, decidir no»

Con esa intención, Rajoy se remangó ayer su traje de candidato electoral, tanto o más que el propio Xavier García Albiol, y pidió a quienes alguna vez apoyaron al PP un esfuerzo extra de lealtad el 21-D. «Todo el mundo sabe lo que es el PP, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero este partido ha sido capaz de saber superar la peor crisis económicas en décadas», arrancó el presidente del Ejecutivo, que apeló a quienes le votaron en las generales de 2016 porque su apoyo le ha permitido dar respuesta al desafío separatista. «Esos votos han servido para que continúe la recuperación económica y para defender en las Cortes la unidad nacional mediante el artículo 155», aseguró ayer en Barcelona.

En esta recta final, el presidente del Gobierno ha insistido en que la capacidad de gestión del PP está acreditada, mientras que Ciudadanos nunca ha gobernado. «Porque hablar es muy fácil, pero decidir, no tanto», aseguró en su cuarto mitin. Hoy seguirá de campaña en Gerona y cerrará en la cena del PP catalán en Barcelona. «De momento estamos a empate a cero, pero se va a decidir el último escaño en los últimos momentos. Peleando con la CUP o con ERC. Y si no llega, no habrá escaños suficientes. Y no es posible, eso lo saben todos, una alternativa aquí a los independentistas sin un PP fuerte», fue su mensaje.

Mientras tanto, desde Génova trasladaban ayer la idea de que aunque Inés Arrimadas gane, tiene muy difícil gobernar porque el PSC no la apoyará. Por eso incidieron en que su posición en el Parlament también debe ser fortalecida. El líder del PP demandó fidelidad a un partido que siempre ha defendido la unidad de España en Cataluña. «Os pido que nos ayudéis a mantener las posiciones, que no han sido fáciles. Si hay un partido que seguirá defendiéndolas es el nuestro. Porque hablar es muy fácil, pero decidir no lo es tanto», insistió.

Los populares están resignados porque ven cómo Ciudadanos capitaliza el éxito del 155 aunque estuvo en contra «hasta el final», denuncia Génova. «En privado le decían a Rajoy que no lo aplicara y solo lo apoyaron cuando constataron que la opinión pública estaba a favor. Son unos oportunistas», remarca un cargo de la dirección.

Rajoy ha evitado el cuerpo a cuerpo con el que es su socio de legislatura, aunque ayer le dejó otro recado al pedir en un acto con la federación de casas regionales de Cataluña que no se azuzen «agravios» entre las comunidades autónomas, que es lo que según el Gobierno hace Rivera cuando ataca el pacto del Cupo vasco. Aseguró que esa estrategia es propia de los nacionalistas y deseó que los resultados del 21 de diciembre permitan «quitar tensión» y devolver la unidad entre los catalanes.

El candidato del PP, García Albiol, pidió el voto a las miles de personas llegadas a Cataluña desde otras partes de España y acusó al anterior Govern de «clara voluntad de marginación» a los no independentistas.

 

Los gráficos que miden las fuerzas de independentistas y constitucionalistas en Cataluña

Las elecciones catalanas del 21-D se presentan de nuevo como un enfrentamiento entre dos bloques definidos: independentistas contra constitucionalistas. Pero, a diferencia de los comicios de 2015, en esta ocasión el nacionalismo está en retroceso después del largo «procés». Las elecciones confirmarán si el repliegue en el sentimiento nacionalista tiene su reflejo en el Parlamento catalán

En la última década, nunca tantos catalanes se habían definido a sí mismos como no nacionalistas. Según la encuesta del CIS para las elecciones catalanas, el 60% no se considera nacionalista, frente a un 37,4% de nacionalistas. Lejos queda 2012, cuando el sector más afín a las tesis de Convergència y de ERC era del 49%.

La evolución del sentimiento nacionalista está en retroceso. Hoy, el 25,7% se considera nada nacionalista frente al 19,1% que se define como muy nacionalista. En 2012 sucedía a la inversa: el 24,7% se declaraban muy nacionalista frente al 20,6% que se consideraba nada nacionalista.

El mismo retroceso se da ante la pregunta de con qué se identifica más, español o catalán, y en qué medida. En 2012 los que se definían como únicamente catalanes eran el 25,1%, mientras que en 2017 son el 22,7%. El grupo que más aumentó de tamaño es el de quienes se sienten tan españoles como catalanes. En cinco años han pasado de ser el 34,5% al 43,8% de hoy, según el CIS.

A pesar del esplendor nacionalista de aquellos años, en 2015 los votos de la alianza de CDC y ERC (Junts pel Sí) sumados a los votos de la CUP no lograron la mitad del escrutinio —se quedaron en el 47,8%—, aunque sí fueron suficientes para conseguir la mayoría de asientos en el Parlamento catalán.

En estas elecciones, con el nacionalismo en retroceso, las formaciones independentistas sumarán menos votos, el 45,2%, según la estimación de la encuesta de GAD 3 para ABC, y obtendrán entre 64-69 escaños. No están seguros los 68 escaños que dan la mayoría absoluta en el Parlament.

En 2015, el sentimiento nacionalista en Cataluña tenía una intensidad mayor que hoy, aunque con algunos síntomas de agotamiento respecto a los anteriores comicios, en 2012. Aún así, los partidos independentistas han ido radicalizando su posición. Como respuesta, los constitucionalistas se han reafirmado en sus principios.

El caso más sintomático es el del PSC. En 2006, en la escala del nacionalismo catalán, los votantes otorgaban a los socialistas una calificación de 4,95, donde uno es el mínimo de nacionalismo posible y diez el máximo. En los últimos comicios, lo acercaron a las tesis constitucionalistas con una nota de 3,5.

Los extremos hacen que los catalanes consideren que la situación política ha empeorado. El 68,8% considera que el momento político es malo o muy malo, mientras que solo el 8,9% lo ve bueno o muy bueno. El 74,5% piensa que la situación política es ahora peor que hace dos años.