La asociación judicial de izquierda comienza a perder afiliados por no apoyar a la juez acosada por las ‘cloacas’

Beatriz Biedma sentó en el banquillo a David Sánchez y fue la juez a la que las ‘cloacas del PSOE’ quisieron “eliminar”

La asociación de izquierdas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) empieza a sufrir las consecuencias internas de su falta de respaldo a Beatriz Biedma, la magistrada de Badajoz que sentó en el banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y a la que las ‘cloacas del PSOE’ quisieron “eliminar”.

Según diversas fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli, al menos una docena de miembros han comenzado a dar el paso de abandonar la asociación, que ha adoptado la postura de no apoyar a la magistrada que, durante dos años, investigó por prevaricación y tráfico de influencias al hermano de Pedro Sánchez. Motivo por el cual fue perseguida.

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Biedma fue, presuntamente, perseguida y amenazada por José Luis Sáenz de Tejada, exjuez condenado por violencia de género y vinculado a las ‘cloacas del PSOE’ con el objetivo de torpedear la causa en la que se investigaba al familiar de Pedro Sánchez. Este extogado, no solo se dedicó a subir un total de 99 vídeos a YouTube en los que la desacreditaba y vejaba públicamente tildándola de “cínica” o “violadora de derechos fundamentales”, sino que también dijo conocer dónde estaba el colegio de sus hijas.

udiencia Nacional, la juez de Badajoz relató como la responsable del centro educativo al que acudían sus hijas le alertó de que un hombre se había presentado allí haciéndose pasar primero por su “secretario” y, más tarde, por su “hermano”. La situación le provocó angustia y desasosiego porque ni tenía ni hermano, ni secretario.

Pero las alarmas sonaron aun más cuando el abogado de un narcotraficante le avisó a principios de 2025 de que este exjuez se había puesto en contacto con el clan de los Rocho para “eliminarla”. Biedma se asustó al recordar que había enviado a prisión a parte de su familia, por lo que pidió al abogado que contactara con Cintia Rocho para comprobar si aquello era cierto. Y así se lo confirmó. “Me dijeron que era primero para ponerme querellas y denuncias, pero que después era para quitarme del medio”.

A este hecho se suma un dato relevante. Y es que, la juez denunció ante la Policía Nacional que, tras salir de declarar de la Audiencia Nacional, Sáenz de Tejada, que está imputado por hostigarla, la siguió en coche. Según la denuncia, puso “en paralelo a su vehículo” mientras conducía junto a sus dos hijas en el trayecto desde el Aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz. Un extremo que el exjuez ha negado al estar a “450 kilómetros”.

Apoyo de todas las asociaciones, menos de JJpD

Todas las asociaciones judiciales, salvo JJpD, emitieron un comunicado conjunto para mostrar su “respaldo y solidaridad” con la magistrada tras estar en el punto de mira de las ‘cloacas del PSOE’. Los firmantes consideraron necesario reiterar que el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley, así como que cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con esta asociación, la cual ha preferido no explicar los motivos por los que decidieron no apoyar a la juez ni tampoco dar el dato exacto de las personas que se han dado de baja.

Quienes también han tomado esta postura han sido los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se negaron a firmar un comunicado de apoyo, tal y como querían realizar los conservadores. El objetivo era manifestar su “profunda preocupación” ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno. Por lo que su intención era trasladarle «apoyo, cercanía, solidaridad y respaldo institucional».

El texto también buscaba reafirmar el compromiso del CGPJ de actuar con firmeza ante cualquier intento de perturbar la independencia judicial, haciendo uso de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico y adoptando las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la carrera judicial puedan desempeñar su labor con libertad, serenidad y pleno sometimiento a la ley.