El proceso de regularización extraordinaria mantiene las filas a las puertas de las administraciones públicas en Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha tramitado 2.583 solicitudes relacionadas con el proceso de regularización de personas migrantes, según los datos recogidos entre el 16 y el 22 de abril y en medio de lo que, denuncian, es una «falta de instrucciones claras» por parte del Gobierno de España. En ese mismo periodo, 737 personas han sido atendidas de forma presencial en el Registro municipal, en unos días marcados por la incertidumbre administrativa y la acumulación de gestiones.
De las instancias registradas, 1.336 corresponden a solicitudes de informes de vulnerabilidad y 1.247 a certificados de empadronamiento, dos documentos clave dentro del proceso. La afluencia ha obligado a reforzar la atención, con horarios ampliados como el de este viernes en la plaza del Pilar, con servicio de mañana y tarde, para dar respuesta a la demanda.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha criticado la falta de comunicación por parte del Ejecutivo central, señalando que el Ayuntamiento sigue sin recibir respuesta a las consultas planteadas sobre cómo aplicar el nuevo decreto. Esta ausencia de información, ha subrayado, dificulta la gestión municipal y genera incertidumbre tanto en los servicios como en los ciudadanos afectados.
FALTA DE CRITERIOS
Chueca ha explicado que el consistorio desconoce si debe seguir elaborando informes de vulnerabilidad o si estos dejan de ser necesarios con la nueva normativa, así como los criterios objetivos para realizarlos en caso de que sean exigidos. Tampoco se ha aclarado, inciden, si existe una ampliación de plazos para completar los trámites, lo que añade presión a la administración local.
Además, la alcaldesa ha cuestionado que el decreto no vaya acompañado de financiación estatal pese a implicar nuevas cargas de trabajo para los ayuntamientos. Según ha indicado, el consistorio asumirá los costes extraordinarios y los reclamará posteriormente, aunque ha lamentado la falta de planificación y coordinación.
De igual forma, Chueca ha puesto sobre la mesa la supuesta tasa de 38 euros que el Gobierno de España cobra a las personas que buscan regularizar su situación. La alcaldesa ha dicho mostrarse sorprendida ante un coste que deben asumir personas vulnerables y ha estimado que la recaudación podría situarse entre 20 y 40 millones de euros. Mientras tanto, ha defendido que los servicios sociales municipales seguirán atendiendo a quienes lo necesiten pese a la incertidumbre actual.
