Los encargos sin publicidad dejan fuera a las pymes y pueden ser teledirigidos hacia determinadas empresas
Las adjudicaciones de contratos públicos han sido determinantes para el presunto enriquecimiento de Víctor de Aldama, sus socios y miembros de los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez. Los amaños de los pliegos, las presiones a distintos responsables públicos y los pagos por concesiones han estado presentes en grandes contratos tecnológicos, de obras y sanitarios en los que intervino la trama.
En la mayoría de ellos, gracias a recomendaciones previas, la empresa elegida por los comisionistas, tras derrotar a una docena de candidatos, acabó premiada con el encargo. Son los que están en el punto de mira, pero hay otros miles en los que ni siquiera intervino más de una empresa y se adjudicaron a dedo. Estos procedimientos resultan poco transparentes y limitan radicalmente la competencia.
Los datos analizados por THE OBJECTIVE muestran la excesiva predisposición del Estado, y también de otras administraciones, al contrato negociado sin publicidad. Este procedimiento aumenta a medida que valor de los contratos sube. La excusa habitual es que solo una o un par de empresas son capaces de ejecutarlo.
Contratos a dedo bajo la lupa
Sin embargo, la realidad es que, según diversos empresarios y abogados especialistas en contratación pública, los pliegos están teledirigidos a determinadas empresas. Una sola cláusula en un pliego puede dejar fuera a miles de compañías, sobre todo pymes, subrayan a este medio los especialistas.
Los contratos tecnológicos que adjudica Red.es son particularmente complejos y son señalados por los expertos como especialmente sensibles y fáciles de dirigir a determinadas compañías. Una recomendación de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sirvió, supuestamente, para que una empresa de Juan Carlos Barrabés, socio en su máster, se llevase varios contratos millonarios.
El análisis llevado a cabo por este medio a partir de los importes de los contratos muestra que desde junio de 2018 hasta hoy, con Pedro Sánchez en La Moncloa, una de cada diez adjudicaciones partía de un acuerdo sin publicidad (un contrato a dedo). En toda Europa, este porcentaje se sitúa en un 8% y en algunas naciones del continente esta práctica es testimonial. El procedimiento negociado sin publicidad, que debería ser excepcional, impide la aparición de candidaturas no invitadas, lo que restringe de forma especial la concurrencia.
El mínimo de invitaciones es tres, pero no prevé un mínimo de participantes. Según los datos de Gobierto Contratación, la competencia media de los contratos negociados con publicidad supera las tres candidaturas. Mientras, en los negociados sin publicidad la pugna se limita, de media, a 1,2 licitadores.
Adjudicaciones con un licitador
El porcentaje de adjudicaciones del Estado con un solo licitador más que duplica los umbrales máximos -20%- fijados por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario destaca que cuantos más postores haya en una licitación, «los compradores públicos tienen más opciones y pueden obtener una mejor relación calidad-precio». Esta circunstancia también queda patente en los datos de licitaciones públicas que ofrece la OIReScon.
Esta falta de concurrencia está ligada a la burocracia, a las barreras que encuentran las pymes y a las cláusulas teledirigidas. La consecuencia es que, con menos aspirantes, las administraciones tienen menos posibilidades de reducir los costes de sus contratos. El importe de las adjudicaciones del Estado con un solo licitador superó los 6.500 millones solo en los últimos 12 meses.
Burocracia y falta de transparencia
En 2015 se abordó el abuso de los contratos negociados sin publicidad, un mecanismo excepcional que restringe la participación. Las pymes son las principales afectadas por este procedimiento que limita las ofertas. El negociado sin publicidad es un procedimiento que permite omitir el periodo de publicidad e invitar a los operadores para establecer condiciones. Su excepcionalidad está motivada porque la competencia no puede garantizarse por cuestiones propias del mercado o porque los procesos anteriores no se han podido cubrir.
Desde junio de 2018, los organismos vinculados al Gobierno de Pedro Sánchez han adjudicado 6.550 contratos por importes superiores a dos millones de euros. Para 800 de estas adjudicaciones -el 12,7% del total- se eligió el procedimiento negociado sin publicidad. Mientras, entre los que superan el valor de 20 millones, 893, el porcentaje de los concedidos a dedo alcanza el 14%. En el caso de los que superan los 50 millones, este porcentaje llega al 16, uno de cada seis. El Gobierno y sus organismos y entes dependientes han adjudicado contratos a dedo -sin tener en cuenta los contratos menores- por valor de 6.700 millones entre el 1 de octubre de 2023 y el último día de septiembre de 2024.
La contratación pública española es especialmente opaca, lenta y sesgada. España suspende en ocho de los 12 criterios con los que la Comisión Europea evalúa la transparencia y el trato igualitario en la contratación pública. Adjudicaciones a dedo, sin publicidad, amaños, excesivo peso de criterios subjetivos, falta de concurrencia, abuso de la contratación menor y mínima presencia de las pymes protagonizan el día a día de los contratos públicos en nuestro país.
