Álvaro García Ortiz señala que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para investigar los hechos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asume la responsabilidad última de la publicación de una nota de prensa que detallaba las negociaciones mantenidas entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, e investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental, y la Fiscalía de Madrid.
García Ortiz concluye que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas». El fiscal general insta a que la causa la asuma el Tribunal Supremo.
Este movimiento del fiscal general del Estado se produce 48 horas antes de que testifique la fiscal jefe superior de Madrid, Almudena Lastra, quien, tal y como desveló EL MUNDO, recibió la orden directa -tanto verbal como por whatsapp– de García Ortiz de remitir a los medios de comunicación la nota con los detalles de la negociación mantenida entre el abogado de Alberto González Amador, el fiscalista Carlos Neira, y el fiscal de Madrid en aras de llegar a un pacto de conformidad.
El fiscal general envía ahora un escrito al instructor del TSJM, el magistrado Francisco José Goyena Salgado, que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre «quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
«DETERIORO DE LA JUSTICIA»
El fiscal general responde al TSJM al señalar que «indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia».
García Ortiz ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. Lo hizo después de que este periódico publicara que la orden de publicar los datos reservados de González Amador habían partido de él. Esta declaración, según el fiscal general, se dirigía a zanjar «especulaciones» sobre su «notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa».
Además, en su escrito, el máximo responsable del Ministerio Público califica de «cuando menos sorprendente» que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos, en referencia a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. En este sentido, Álvaro García Ortiz defiende que los correos electrónicos remitidos por el letrado del novio de Ayuso «circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación».
LA PETICIÓN DE LOS CORREOS
Asimismo, el fiscal general del Estado asume que fue él quién pidió que se remitieran los correos intercambiados entre el fiscal Salto y el abogado Neira. «A la vista de las publicaciones periodísticas supra referidas, en cuanto superior jefatura del Ministerio Fiscal, interesé la remisión de los correos electrónicos intercambiados entre la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y la defensa del investigado González Amador, comunicaciones que fiscal encargado de la investigación por fraude fiscal remitió directamente a la fiscal Superior de Madrid y a la fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien puso aquellas a mi completa disposición».
Además, García Ortiz defiende que «ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos —no solo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por el fiscal— habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación».
Por último, el fiscal general califica de «bulos» e «informaciones falaces» las noticias que desvelaron que la pareja de Díaz Ayuso estaba tratando de alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía Provincial de Madrid, donde estaba siendo investigado por fraude fiscal.
En el escrito remitido al TSJM, García Ortiz defiende que este órgano «carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid» por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se encuentra aforado el fiscal general.
La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sostiene que para abrir causa a un aforado deben existir indicios reforzados contra el mismo debiendo practicar los órganos judiciales las diligencias imprescindibles antes del remitir al Alto Tribunal una exposición razonada. En la causa por la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso, aún no han sido citados de declarar los fiscales Rodríguez y Salto, investigados en el procedimiento.
