El Consejo de Ministros adoptó «determinadas decisiones» en 2020 y 2021 «que beneficiaban a los intereses del Grupo Globalia y a la par a los intereses personales de su esposa, doña Begoña Gómez»
El Partido Popular ha registrado este jueves la denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses para que esta entidad determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez.
Air Europa financió la cátedra universitaria de la pareja del presidente del Gobierno desde apenas un mes después de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, pese a que ella no tiene titulación universitaria superior homologada. También está probada su relación directa con los principales responsables de la compañía. De hecho, a la sede de la aerolínea también se desplazó durante los días del rescate por parte del Consejo de Ministros la propia Begoña Gómez.
El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, expone que «se ponen en conocimiento de ese organismo, a través del presente escrito, determinados hechos aparentemente indiciarios del eventual incumplimiento por parte del actual Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del régimen de obligaciones e incompatibilidades previsto en dicha Ley» e «insta» a través de su petición a «la averiguación de las circunstancias del caso concreto y conveniencia o no de proceder al inicio del oportuno procedimiento«.
«Beneficiaban los intereses de Begoña Gómez»
La denuncia asegura que bajo la presidencia de Sánchez, el Consejo de Ministros adoptó «determinadas decisiones» durante los años 2020 y 2021 «que beneficiaban a los intereses económicos del Grupo empresarial Globalia y a la par a los intereses personales, de naturaleza económica y profesional, de su esposa, doña Begoña Gómez«.
Este planteamiento se basa en las «las concretas relaciones que en tales momentos mantenía la misma con dicho Grupo empresarial y que el Presidente del Gobierno no desconocía«.
A continuación, el PP detalla las mismas, haciendo referencia al «acuerdo de autorizar al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de una operación de apoyo público temporal solicitada por las diferentes compañías de Air Europa bajo el paraguas de Globalia, alcanzando los 475 millones de euros.
Por otro lado, cita también «el acuerdo de autorizar un crédito de 320 millones de euros solicitado a la SEPI por Ávoris Corporación Empresarial (nuevo grupo resultante de la fusión entre Ávoris Reinventing Travel y Globalia) y con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas».
Posible inhabilitación de Pedro Sánchez
El documento hace hincapié en que «es fácil deducir que las decisiones de favorecimiento económico al grupo Globalia, adoptadas por el Consejo de Ministros presidido por don Pedro Sánchez, al tiempo de beneficiar económicamente a dicho grupo empresarial afectaban igualmente a los intereses económicos y profesionales de doña Begoña Gómez, por suponer un beneficio para la misma».
En este sentido, se destaca que «todo apunta a que era el grupo Globalia el único que prestaba financiación a las actividades del IE Africa Center cuya directora y personal único» era Begoña Gómez, quien «fue nombrada directora del IE Africa Center en agosto de 2018, ocupando el cargo hasta junio de 2022» y que, por lo tanto, «ostentaba ese cargo, por tanto, cuando se adoptaron las decisiones del Consejo de Ministros antes referidas».
Por ello, el PP asume que «Pedro Sánchez ha incumplido el deber de abstención respecto de las medidas de apoyo económico concedidas al grupo Globalia» y que, «de acreditarse los hechos anteriormente relatados, estaríamos ante una infracción grave del art. 25.2 c) de la Ley 3/2015, a la que corresponde la sanción de imposibilidad de ocupar un alto cargo durante un período de entre 5 y 10 años«.
Además, la denuncia añade que «si de la información recabada, existieran además indicios de que pudiera haberse incurrido en responsabilidad penal«, pide «dar traslado a la Fiscalía de la documentación que obre en su poder, dada la vinculación de alguna de las empresas reseñadas en los hechos de este escrito con investigaciones judiciales en curso».
