La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales considera que el fiscal general del Estado debe cesar porque «no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio»
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la que se va a procesar al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont por terrorismo; en contra de la postura de la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde; número dos de García Ortiz.
VARAPALO DEL ALTO TRIBUNAL AL INFORME DE LA TENIENTE FISCAL
La imputación de Puigdemont en el Supremo compromete la continuidad del fiscal general Álvaro García Ortiz
Así, esta asociación considera que «tras esta resolución del Tribunal Supremo queda evidenciada una actuación del Fiscalía General del Estado (FGE) que desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal como institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, en un procedimiento relevante, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
«El caso adquiere mayor gravedad teniendo en cuenta que en Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por amplia mayoría (once a cuatro), se mantenía la posición de entender que la exposición razonada del Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional contenía elementos suficientes para considerar que los hechos investigados se podían incluir en delito de terrorismo y que, además, había indicios para considerar al Sr. Puigdemont responsable de ellos», ha agregado la APIF en un comunicado remitido este viernes 1 de marzo.
Igualmente, en el escrito apuntan que el Alto Tribunal «no sólo fundamenta su resolución en jurisprudencia referida a hechos que han sido considerados como terrorismo», sino que el propio Ministerio Público en 2020 «fijó los hechos a los que se refiere la exposición razonada del Juez de Instrucción como encuadrables dentro del delito de terrorismo».
Por todo ello, para la APIF «ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es ésta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre».
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
La dirección del Ministerio Fiscal exige un nivel en el ejercicio de su función que resulta incompatible con el varapalo recibido. El Ministerio Fiscal no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio a la que nos está conduciendo la actuación» de García Ortiz, zanja el comunicado.
