El alto tribunal debe pronunciarse el 12 de marzo sobre el nombramiento de Delgado en Memoria Democrática
El fiscal general del Estado vive horas bajas. Buena parte de la carrera considera que Álvaro García Ortiz no es la persona idónea para el cargo, a pesar de que el Gobierno le renovó hace apenas dos meses. Creen que sus actuaciones le inhabilitan. Especialmente, la sentencia que le acusa de «desviación de poder» por promocionar a la máxima categoría a Dolores Delgado. Su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática en junio también está bajo sospecha. El Tribunal Supremo debe pronunciarse el 12 de marzo. Los críticos sostienen que un nuevo revolcón sería definitivo y que el Ejecutivo no tendría más remedio que cesarle.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recurrió el pasado jueves ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo el nombramiento de García Ortiz. Consideran que ha dejado de ser un jurista de reconocido prestigio y que el nombramiento no fue motivado. Entre los motivos que alegan se encuentra su decisión de «privar» al Consejo Fiscal, órganp consultivo, la posibilidad pronunciarse sobre el informe que le había pedido el Senado sobre la ley de amnistía.
La última polémica sobre el informe de Carles Puigdemont también ha pesado, ya que la fórmula elegida ha soliviantado a buena parte de la carrera fiscal. Sin embargo, el recurso se centra en la sentencia de Delgado, que le antecedió en el cargo. La organización que preside Miguel Pallarés considera que García Ortiz no es la persona idónea para el cargo y recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se pronunció en ese sentido en noviembre. Era la primera vez en la historia que el órgano de gobierno de los jueces censuraba una designación de este tipo.
Requisitos para fiscal general
El nombramiento del fiscal general del Estado es discrecional, es decir, el Gobierno puede designar a un candidato que cumpla los requisitos a pesar de que otros órganos consideren que hay personas más cualificadas. Para convertirse en jefe del Ministerio Público solo se exigen dos requisitos: que se trate de un profesional de reconocido prestigio y que tenga más de 15 años de experiencia. García Ortiz salvó el escollo en ambos procesos selectivos.
APIF sostiene que el prestigio puede perderse durante el desempeño de las funciones. En el caso del fiscal general lo ven claro, ya que existe una condena del Supremo por desviación de poder. El alto tribunal estimó parcialmente en noviembre el recurso de un candidato a fiscal de la Sala de lo Militar al entender que García Ortiz benefició a su predecesora al otorgarle un ascenso que no le correspondía. Lo hizo en contra de la decisión (no vinculante) del Consejo Fiscal, que apoyó a su rival por el cargo, Luis Rueda.
La mayoría de los fiscales consultados por THE OBJECTIVE explican que el recurso que ha presentado APIF tiene pocos visos de prosperar, ya que García Ortiz cumple los dos requisitos que se reclaman para el puesto, aunque coinciden en que el asunto del prestigio es «muy subjetivo». Valoran la sentencia del Supremo contra el fiscal general por desviación de poder como «un delito muy grave» porque raya la prevaricación administrativa. No obstante, afirman que eso ocurrió en su primer mandato, por lo que removerlo ahora sería «inviable».
«El Gobierno le ha validado para un segundo mandato. Lo raro es que lo haya hecho tras una condena del Supremo por una cuestión tan grave como es la desviación de poder», se lamenta un prestigioso fiscal. Una opinión en la que coinciden la mayoría de los miembros del Ministerio Público con los que ha contactado este diario. «El presidente Pedro Sánchez puede cesarlo porque concurren circunstancias para ello, pero no creo que lo haga. Lo acaban de volver a nombrar», se queja otra fiscal.
Nueva sentencia del Supremo
Fuentes de la organización que preside Pallarés afirman que presentan el recurso «con la convicción de que puede prosperar», aunque admiten la dificultad. Sostienen que la desviación de poder es un asunto jurídico y supone interpretar la ley. Ahora la pelota está en el tejado del Supremo, que debe solicitar al Gobierno los informes que ha utilizado para el nombramiento, ya que se trata de un acto administrativo. A continuación, trasladará la información al recurrente para que formalice la demanda.
La presentación del recurso se producirá después del 12 de marzo. Una fecha clave, ya que ese día el Supremo debe emitir su veredicto sobre el recurso contra el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, creada en virtud de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. Los fiscales más críticos con García Ortiz consideran que un nuevo revolcón por desviación de poder supondría un golpe definitivo y que al Gobierno no le quedaría más remedio que actuar. La mayoría, en cambio, cree que «volverá a mirar para otro lado».
El Ejecutivo nombró en junio a Delgado fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática a propuesta de García Ortiz, pero no escapó de las críticas de buena parte de la carrera. Siete de los 11 vocales del Consejo Fiscal se negaron días antes a deliberar y votar el nombramiento en señal de protesta. Al puesto aspiraban otros tres candidatos. Uno de ellos y dos asociaciones, APIF y la mayoritaria Asociación de Fiscales, elevaron la cuestión al Supremo al considerar que había existido «un tráfico de favores».
«En caso de fallar en la misma línea que el caso anterior será la puntilla para García Ortiz», advierte un fiscal con una dilatada carrera. Ambas asociaciones ya solicitaron a Pilar Llop que frenara la designación porque la elección fue «nula de pleno derecho». La entonces titular de Justicia elevó la cuestión a la Abogacía del Estado, que amparó que llevara su designación al Consejo de Ministros.
Las asociaciones críticas con el nuevo puesto de Delgado también alegaron que incurría en incompatibilidades, ya que su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a materias de derechos humanos que podrían ser objeto de esta nueva Fiscalía. Un puesto en el que continúa a pesar de que el Supremo anuló el ascenso promovido por su sucesor. Fuentes fiscales explican que la sentencia invalidaba el primer proceso, pero que no afecta al último nombramiento, que realmente no hubiese conseguido sin ser fiscal de Sala.
