Los socios de Sánchez atacan a jueces con nombre y apellido desde la tribuna del Congreso

Los magistrados García-Castellón y Aguirre, diana de las críticas de Sumar, Junts, Bildu, Podemos y ERC

Los socios parlamentarios del Gobierno de coalición han aprovechado sus intervenciones durante el debate de la Ley de Amnistía de este martes en el Congreso para atacar con nombres y apellidos a jueces que investigan causas vinculadas con el procés. Desde el propio PSOE ya habían denunciado este lunes que cada vez que se da un paso más para borrar los delitos de los encausados por el referéndum ilegal de independencia de Cataluña de 2017 uno de ellos «mueve ficha».

La primera en lanzar críticas a miembros del Poder Judicial ha sido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. En una intervención muy dura, la representante del partido de Carles Puigdemont ha apuntado directamente a los magistrados de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, responsables de investigar, respectivamente, la causa abierta contra Tsunami Democràtic y la trama rusa del 1-O del caso Volhov.

«Hoy van a por nosotros, pero mañana pueden ser ustedes», ha advertido Nogueras al PSOE y PP durante su discurso. «Hoy no es un día fácil pero mientras los catalanes no seamos libres, seguiremos luchando», ha agregado dando a entender que su voto a la Ley de Amnistía será finalmente en contra.

Desde Sumar, el partido minoritario del Gobierno, Gerardo Pisarello ha atacado también duramente al juez García-Castellón, al que ha tachado de «parcial» y sobre el que ha sentenciado que «merece ser acusado de prevaricación o directamente recusado» en las investigaciones que afectan al independentismo.

El diputado catalán ha ridiculizado esa causa abierta contra Tsunami Democràtic y los pasos que el magistrado de la Audiencia Nacional está dando por ser consecuencia de un «arrebato» y «ardor patriótico». En opinión de Pisarello, este «juez ciego ante la corrupción del PP» ha comenzado a ver ahora «terrorismo retrospectivo» con el avance de la amnistía en el Congreso y desarrollando para ello «grandes dotes telepáticas», cuando tuvo la ley «durmiendo el sueño de los justos» durante cuatro años.

«Con jueces de partido dispuestos a todo, incluso a retorcer la ley, no hay seguridad jurídica posible», ha rematado Pisarello.

En cuanto a Podemos, Martina Velarde ha señalado expresamente al juez García-Castellón como un representante de la «derecha judicial» y del «lawfare» (guerra sucia judicial). La diputada morada ha reclamado «unidad» frente a una «ofensiva judicial salvaje contra la ley de amnistía» que, a su juicio, se va a desatar en los «próximos meses».

Así, ha pedido a «todas las personas demócratas» que «se opongan a que en este país mande más el sector reaccionario del Poder Judicial y el juez García-Castellón que el Parlamento». También ha sostenido que hay jueces «pasándose dossiers» para ver cómo saltarse la ley.

ERC, por su parte, ha afirmado que los jueces están «inventándose» los delitos. La diputada Pilar Vallugera los ha acusado de «prevaricar» y ha sentenciado: «No hubo terrorismo, no hubo traición».

El discurso de EH Bildu se ha movido por los mismos raíles. Jon Iñarritu ha asegurado que hay «movimientos oscuros» en el ámbito judicial «coordinados y organizados» El diputado se ha sumado a la acusación de prevaricación contra los jueces.

BOLAÑOS SE DESMARCA

Por su parte, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha desmarcado de estas críticas. «Quiero mostrar de manera clara y nítida mi rechazo absoluto a las declaraciones que se han vertido hoy en la tribuna por parte de algunos diputados y diputadas, manifestaciones contra la judicatura y contra los jueces y contra algunos magistrados en particular», ha afirmado.

Según ha argumentado el político de la máxima confianza de Pedro Sánchez, «España es un Estado de Derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor». A lo que ha apostillado: «Y, por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones, para eso el propio Estado de Derecho da herramientas da recursos para poder impugnar esas decisiones».