Decenas de asesores y ex altos cargos se quedarán en paro tras los cambios ministeriales. El partido tiene escasa capacidad de recolocación con los ingresos públicos cayendo en picado
La ex titular de Igualdad, Irene Montero, tiene dos semanas para solicitar la indemnización de que pueden disfrutar los ex ministros y ex secretarios de Estado del 80% de su salario durante dos años (63.532 euros anuales, unos 5.300 euros mensuales). Se trata de una canonjía para premiar su paso por el Gobierno de la que no pueden disfrutar el resto de ciudadanos, que en el mejor de los supuestos, podrán cobrar la prestación de paro durante dos años (de poco más de 1.000 euros al mes), siempre y cuando hayan cotizado al menos seis años.
‘Apeada’ por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz del ministerio y de las listas electorales, no ha conseguido el acta de diputada que le garantizaría un salario durante cuatro años. Es decir, Montero, tras casi una decena de años en la política activa del partido morado, pero sin experiencia profesional reconocida (es licenciada en psicología y trabajó de cajera en un centro comercial), tendrá que buscarse un nuevo futuro laboral, como hacen muchos españoles; y seguramente, tendrá que ser lejos de la política porque Podemos, fagocitado por Sánchez y Díaz, ha reducido sus posibilidades de seguir en la ‘pomada’ pública.
El partido, con sólo cinco diputados electos y en franca regresión en las regiones y en los ayuntamientos, ha visto despeñarse sus ingresos públicos. Además, en la organización apenas hay sitio (incluso se están produciendo ajustes laborales), algo que se venía detectando tras la encarnizada disputa por los primeros lugares de las listas electorales para conseguir una nómina de al menos otros cuatro años.
Aunque el Gobierno no ha cambiado de color (de haber salido Sánchez de La Moncloa el ´baile de cargos afectaría a más de 5.000 personas con sus sueldos de entre 65.000 y 250.000 euros), las segundas y terceras líneas de mando de este ministerio, y de los otros tres que han dejado de estar en poder de Podemos, no tienen derecho a esta indemnización. Si son funcionarios, podrán solicitar su reingreso a su anterior puesto de trabajo. Pero, si no lo son, tendrán que acudir a la oficina del SEPE para presentar la demanda de empleo y si procede el abono de las prestaciones que les correspondan según sus cotizaciones. Muchos de ellos habían sido contratados ‘a dedo’ procedentes del propio partido o incluso por amistad o confianza.
La sucesora de Irene Montero
Esto confirma que los partidos se han convertido en agencias de colocación de ‘los suyos’ cuando están en el poder. Y es evidente que la nueva ministra (Ana Redondo en el caso de Igualdad), y también los demás ministros, formará un nuevo su equipo con el consiguiente cese masivo que afectará a todas las estructuras.
De los nueve altos cargos existentes de momento en el ministerio de Igualdad, que pasa ahora a manos del PSOE, sólo cinco son funcionarios. Podrán volver a su anterior desempeño, pero seguramente su sueldo no será el mismo. Entre ellos, se encuentra María Victoria Rosell (con un salario cercano a los 105.000 euros), Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género con cargo de directora general, que podrá volver a su anterior actividad de jueza; o la Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (con un sueldo de más de 95.000 euros), María Dolores García, funcionaria de la Administración de Justicia, que podrá retornar a su anterior empeño en el Registro Civil Único de Madrid en el que ya estuvo más de 20 años.
Por su parte, la Secretaria de Estado, Ángela Rodríguez ‘Pam’ (licenciada en filosofía) podrá acceder a este sueldo privilegiado durante dos años (unos 102.000 euros anuales y 8.500 al mes) y, después, lo mismo que su ministra, tendrá que buscar otra actividad (no entró tampoco en las listas electorales). Su predecesora en el cargo, Noelia Vera, ha percibido casi 150.000 euros en 21 meses. Sin posibilidad de cobrar la cesantía se quedará entre otras la directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Ético Racial, Rita G. Bosaho o la directora de gabinete de Montero, Lidia Rubio. A estos supuestos habrá que sumar al menos a una veintena larga de personas de confianza (asesores).
La ex ministra de Derechos Sociales y Agenda 2020 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no podrá cobrar la indemnización de la cesantía, porque no es compatible con el sueldo de diputada por Madrid, salvo que decida renunciar a su acta para así obtener ese 80% de su anterior nómina durante dos años cuando el Congreso le garantiza cuatro años de percepción. Su predecesor en el cargo, Pablo Iglesias percibió esa canonjía durante cinco meses (27.300 euros), los que le correspondían por el tiempo de paso en la vicepresidencia y en el ministerio.
De los dos secretarios de Estado de Belarra, el de Derechos Sociales (Ignacio Álvarez) era candidato a ministro por parte de Yolanda Díaz, pero, ‘presionado’ por Podemos ha decidido retirarse de la política. Puede recibir esa indemnización y tomarse dos años de retiro, aunque probablemente se reintegrará a su actividad docente en la Universidad Autónoma de Madrid.
Por su parte, la Secretaria de Estado de la Agenda 2023 y secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstringe, no accederá a este sobresueldo, ya que es diputada por Barcelona. Sin embargo, otros altos cargos de este departamento tendrán un peor encaje laboral y salarial. Por ejemplo, el Director General de Derechos de los Animales (Sergio Antonio García) tendrá que pedir cita en el SEPE para obtener la prestación de paro, si tiene las cotizaciones suficientes, y tendrá que buscar una salida laboral como Técnico Superior en Artes Aplicadas de Escultura.
Lo mismo sucederá con el director del Instituto de la Juventud (David Veloso), sociólogo y con un sueldo actual de más de 90.000 euros; o la directora general de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Lucía Lasoviz, que según su currículum oficial tiene una amplia experiencia en el sector de la ONG’s. En todo caso, los que van a tener más problemas de recolocación serán las dos docenas de asesores que están en nómina en este ministerio en la actualidad.
Otros ex altos cargos en busca de empleo
A este elenco de salidas de los ministerios ahora de Podemos, hay que sumar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, economista de formación, que probablemente solicitará la indemnización durante dos años a la espera de una nueva recolocación. Pero, casi la veintena de altos cargos y asesores de que dispone este ministerio tendrán que buscar un nuevo desempeño. En su mayor parte pasarán por la oficina del SEPE. En Universidades no existe el problema de ubicación ya que la mayoría de los altos cargos proceden de la docencia pública aunque será el personal eventual el que más dificultades laborales tenga con el cambio de titular del ministerio.
En todo caso, por primera vez los altos cargos y los que están en la cuerda del poder empiezan a tener problemas a la hora de encontrar empleo fuera del sector público. En realidad, estos problemas ya habían comenzado hace unos meses ya que al menos media docena de altos cargos de la última remodelación de Gobierno de Sánchez en 2022, y no sólo de Podemos, han tenido que acudir al SEPE para cobrar la prestación y demandar un puesto. Es el caso, por ejemplo, de la ex directora general de Programa de Protección Internacional y Atención Humanitaria del ministerio de Inclusión y Seguridad Social (María Pacheco) o de la ex directora del gabinete de la ministra de Igualdad (Amanda Meyer).
