El magistrado solicita además información bancaria de la secretaria general de ERC para esclarecer la financiación de las acciones de la plataforma
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido a las autoridades suizas que localicen a la secretaria general de ERC Marta Rovira, imputada por terrorismo en la investigación a Tsunami Democràtic que el magistrado ha dejado en manos del Tribunal Supremo para que determine si hay indicios suficientes para imputar a Carles Puigdemont.
En su resolución, el instructor ha acordado librar una comisión rogatoria al país helvético en la que, además, reclama información bancaria de la dirigente republicana, en particular a una cuenta a su nombre en el CIM Banque Genève-Wollerau de Lugano, de la que quiere conocer los movimientos desde su creación hasta junio de 2020. Asimismo, solicita información sobre «las transferencias recibidas y emitidas, así como datos relativos a movimientos financieros cualesquiera que sea su naturaleza» y la identificación de los cheques emitidos y recibidos en esa cuenta.
García Castellón hace referencia a una conversación intervenida en el teléfono de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, con otro de los imputados en esta causa, Nicola Flavio Giulio Foglia (identificado como «Nicola Ticino»), el 14 de octubre de 2019, el día del asalto de Tsunami al aeropuerto del Prat, en la que este último le transmite que dispone de «bastante dinero» en un banco catalán y que puede financiar la entrega de comida y agua a los manifestantes. Alay le indica que lo va a consultar y dos horas más tarde, recuerda el instructor, responde que «es posible ofrecer dinero directamente» a Tsunami Democràtic «a través de una cuenta en Suiza«. «Nicola Ticino» afirma que donará 6.000 francos suizos, 5.000 de su parte y 1.000 de parte de su hermano para que pueda utilizarse «en otra acción» (dado que la protesta en el aeropuerto ya había concluido).
«Hicimos un abuso de nuestra posición»
En su resolución, el juez incorpora varias conversaciones de Marta Rovira con algunos imputados, que Dignidad y Justicia incluyó en su impugnación al recurso en el que la Fiscalía rechaza la imputación por terrorismo y pide que la causa se envíe a Barcelona al apreciar únicamente un delito de desórdenes públicos. En una de ellas, el exsecretario de Organización de ERC Xavier Vendrell le asegura a Marta Rovira, alias «Matagalls», que «sería necesario que la estructura del partido no la tuviéramos en contra».
En otra conversación entre ambos, el 5 de octubre de 2019, hablan sobre «con quién pueden contactar para resolver ciertos obstáculos que proceden del propio partido». «Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra», dice Vendrell. «Se supone que lo que hacemos está bendecido por todas las organizaciones», añade antes de comentar a Rovira que desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se les dice que «no hagan nada que no sean sus movilizaciones». A lo que Rovira replica: «El tema TD no está bendecido por las organizaciones», matizando que «algunos hicimos un abuso de nuestra posición un día para bendecirlo».
Nueve días más tarde, el 14 de octubre, cuando se produce el bloqueo del Prat, «Marta» le traslada a Vendrell «que felicite a todo el mundo».
«Una organización terrorista»
El juez de la Audiencia Nacional traslada a Suiza que Tsunami Democràtic «fue una organización terrorista» en la medida que los hechos cometidos en El Prat «responden a un acto de terrorismo» porque «se trató de una acción ilícita» puesto que «no consta que hubiera convocatoria legal alguna»; se utilizaron «artefactos, sustancias y armas» en el bloqueo del aeropuerto; se causaron «graves daños» en sus instalaciones, «perturbando los servicios» del aeródromo; y se puso en peligro la seguridad del aeropuerto. «No solo la integridad física de las personas que en ese momento estaban en el edificio», precisa, sino que existió «un peligro claro tanto para la integridad de los agentes como para la de los propios asaltantes cuando se producía el lanzamiento indiscriminado de objetos desde todas partes».
Además, añade, «pudo haberse causado un peligro para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional de no haberse despejado por los Mossos la vía que impedía el relevo de los controladores aéreos desde la torre de control de Enaire». Un peligro que, llama la atención, «pudo materializarse en el fallecimiento» de un ciudadano de nacionalidad francesa.
El magistrado informa a Suiza que por este motivo en la Audiencia Nacional «se investiga a varias personas por la comisión de un delito de participación en la actividad de una organización o grupo terrorista», entre las que se encuentra Marta Rovira, huida de la Justicia española desde marzo de 2018.
Casi 1,8 millones de daños
Asimismo, cifra el total de los perjuicios ocasionados por Tsunami en el aeropuerto del Prat (donde se llegaron a concentrar alrededor de 8.000 manifestantes) en 1.793.018,25 euros. Y recuerda que los informes de los Mossos evidencian «la violencia empleada en la acción, su organización, y el riesgo para la integridad física de las personas que supuso». No en balde, añade, varios mossos y agentes de Policía Nacional resultaron heridos y se produjeron daños en cuatro furgonetas policiales. Además, subraya, «no se puede minimizar el impacto que tuvo para la vida e integridad de las personas, debiendo subrayar que en el marco de esta acción se produjo el fallecimiento de una persona».
García Castellón llama la atención a las autoridades suizas sobre «la importancia estratégica de este objetivo» y en relación a las «graves consecuencias que para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional del éxito de la acción pretendida». Al tratar de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos, señala, «no solo se buscaba provocar daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas» que en ese momento se encontraban en vuelo, «con el evidente riesgo y peligro para sus vidas».
