Consideran que el paso de la admisión a trámite de las leyes no debe servir «control previo de constitucionalidad»
A poco menos de 24 horas para que la ley de amnistía impulsada por el PSOE con el apoyo de sus socios independentistas inicie su recorrido parlamentario, los servicios jurídicos del Congreso se han pronunciado ya sobre el texto. Los letrados, encabezados por el recién nombrado Fernando Galindo, han dado su plácet para que la Mesa del Congreso califique este martes la ley y, a partir de ahí, se tramite en el Congreso y el Senado hasta su aprobación final. Si bien, los letrados tampoco han querido entrar a valorar la constitucionalidad de la proposición de ley y lo dejan en manos del Tribunal Constitucional.
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En un informe de 21 páginas, concluyen que el «trámite de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias no está configurado como un control previo de constitucionalidad»: es decir, no corresponde a los letrados decidir si una ley es inconstitucional salvo en «caso excepcional» ya que puede suponer un «quebrantamiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 23 de la Constitución». De hecho, especifican que solo pueden «tumbar» una ley antes de que pase por la Mesa por tres motivos, esencialmente: por cuestiones formales (es decir, que la norma no cumpla con los requisitos reglamentarios); porque «el contenido de la iniciativa se encuentre viciado por una inconstitucionalidad ‘palmaria y evidente'»; o, porque «la admisión a trámite no constituya ‘un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional'».
