La investigación contra la plataforma reveló que el expresidente catalán buscaba «reuniones con bancos» para financiarse desde Waterloo mientras su entorno viajó a Moscú para buscar apoyos a la causa independentista
La causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic ha destapado los vínculos de algunos de sus principales investigados con Vladímir Putin. Se trata de personas, algunas de ellas muy cercanas a Carles Puigdemont, a quien mencionan en las conversaciones y que buscan financiación desde Moscú, principalmente en criptomonedas, en su lucha por la independencia.
Así se desprende de informes policiales de estas diligencias, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, y en los que se traza la conexión del empresario Víctor Terradellas con el exconsejero de ERC Xavier Vendrell y el contable de Puigdemont, Jaume Cabaní, entre otros. Todos ellos trabajaban desde la huida del expresidente catalán, en 2017, en la búsqueda de financiación, abriéndose al uso del bitcoin.
«Puigdemont me habló mucho de la criptomoneda. Tenemos que ir por aquí», trasladó Terradellas al exasesor de Artur Mas, David Madí, quien, en otra conversación analizada también por la Guardia Civil, le confirma que Puigdemont «está manteniendo reuniones para tener bancos desde allá», en referencia a Waterloo. Los interlocutores hablan de inversores en Dubai y también de la Rusia de Putin.
Vuelos a Moscú
De hecho, uno de los documentos incautados a los investigados refleja la palabra de ‘Putin’ (en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin) junto «finançament» (financiación). El manuscrito recoge además expresiones como «unificar Bitcoin» y «legislación adecuada al nuevo modelo económico». Las anotaciones llevaron a la Guardia Civil a sospechar que querían utilizar criptomonedas «y aprobar una legislación que lo regulase en Cataluña».
«La única petición suya hacia nosotros es que cuando seamos estado haya la legislación que a nosotros nos interesa para hacer el bitcoin», le dice en un momento dado Vendrell. Una hipótesis que cuadra con lo manifestado por Madí acerca de que el objetivo es que «la Generalitat, como Administración Pública acepte el pago en esta criptomoneda«.
La causa de Tsunami evidencia que muchos de sus impulsores forman parte del núcleo duro de Puigdemont, que buscó financiación del movimiento independentista en Rusia
La Policía Judicial entiende que las conversaciones apuntarían hacia «una desviación de dinero público». Además, en las charlas interceptadas hacen alusión al «ruso» en referencia a personas vinculadas con Putin. En una parte de la conversación se menciona que Terradellas el 29 de septiembre de 2019 cogió un vuelo que salió a las 17.45 horas y que le llevó desde Moscú hasta El Prat.
Vínculos con Tsunami Democràtic
«Parece que efectivamente tiene credibilidad que Víctor (Terradellas) haya estado en Rusia tratando temas de criptomonedas. Y, por otro lado, parece evidenciarse la necesidad de entablar contactos con entidades bancarias, considerando que esto no es más que el fruto de la presión y control que la propia normativa ejerce sobre la proliferación del blanqueo de capitales«, reza uno de los informes.
Se trata de pesquisas policiales que se han impulsado en el marco del ‘caso Voloh’ en los juzgados de Barcelona y que guardan un estrecho vínculo con la causa de Tsunami Democràtic, puesto que algunos de sus protagonistas son los mismos que están investigados en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.
Tal es el caso de Xavier Vendrell, Josep Campmajó (empresario del que también se han incautado conversaciones con Carles Puigdemont) y Jaume Cabaní. Este último no está imputado en la causa de Tsunami, pero su nombre cobra fuerza en el último informe policial por figurar como responsable de una cuenta en Suiza desde donde financiarían las actuaciones de la plataforma.
Los nexos entre una y otra causa llevaron al magistrado que dirige el caso Voloh, Joaquín Aguirre, a solicitar a la Guardia Civil en mayo de 2021 toda la información que se dispusiera sobre Tsunami Democràtic en relación a siete personas, entre las que se encuentran Madí, Vendrel, Campmajó y Cabaní. Los otros tres son el empresario Oriol Soler; la miembro de ERC Marta Molina y Josep LLuís Alay, hombre de máxima confianza de Puigdemont.
El oficio policial acreditó la pertenencia de todos ellos a Tsunami Democràtic a raíz de la intervención de sus terminales telefónicos en el marco de la investigación Voloh. Como resultado, el instructor de Tsunami Democràtic les acaba de imputar en dicha causa que se sigue en la Audiencia Nacional junto con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y Carles Puigdemont, por delito de terrorismo.
¿Quién financia a Tsunami?
En ese sentido las averiguaciones del juzgado catalán ayudaron en gran medida a avanzar en esta causa que nació en el año 2019 y que partía con el foco puesto en las violentas protestas contra la sentencia del procés. Los agentes detectaron que Tsunami nació con el conocimiento y consentimiento de Puigdemont, con quien celebraron varias reuniones en Ginebra. Además, sostienen que el movimiento se fraguó ya en agosto de 2019, esto es, dos meses antes de que se hiciera público el fallo por el que protestaban.
En concreto, se centraron en la ocupación del aeropuerto de El Prat en octubre de 2019 y de los disturbios de la AP-7 a la altura de la Junquera un mes después. La causa emergió apuntando indiciariamente a los delitos de sedición y terrorismo, si bien, eliminado el primero del Código Penal, el magistrado Manuel García Castellón mantiene el segundo de ellos.
La Fiscalía, por su parte, ha recurrido las imputaciones acordadas por el juez al considerar que los hechos (y no todos, sino solo los más graves) constituirían desórdenes públicos graves. En relación a las cuentas en Suiza de Jaume Cabaní determina que tras examinar los fondos «no se ha podido acreditar ninguna actuación concreta de financiación.
Tampoco hay constancia, dice la Fiscalía, que el banquero suizo Nicola Foglia, quien fuera vicedirector del Banco suizo BSI, financiara al movimiento con 6.000 euros. Precisamente el sumario de Voloh también recoge alusiones a Suiza como país cercano al independentismo catalán.
En aras a esclarecer si se desvió dinero al movimiento, la Audiencia Nacional libró una comisión rogatoria a Suiza al comienzo de esta investigación, en 2019, si bien el país declinó contestarla apelando a que se trata de delitos políticos. Ahora el Juzgado Central de Instrucción número 6 vuelve a poner el foco en Ginebra con el fin de averiguar si se ha financiado al movimiento desde allí, así como el origen real de ese dinero.
