Los entes que cuelgan de los 22 ministerios tienen una plantilla que duplica casi a la de El Corte Inglés. El aparato burocrático del Estado ha engordado un 52% con la coalición
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si gana las elecciones generales del 23-J, realizará una auditoria de las cuentas públicas del mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa y que reformará la Administración Central para hacerla más eficiente. Y todo eso pasa por una revisión del puzle de organismos y entes existentes, que han seguido creciendo en los últimos cinco años; y sobre todo del ingente número de efectivos de que disponen, a pesar de que ha aumentado la inversión pública en tecnología y de la obligada colaboración de los contribuyentes en la Administración online.
Lo que es evidente es que el próximo Gobierno se verá obligado a hacer un ajuste del gasto público, ya que Bruselas va a exigir la vuelta al Pacto de Estabilidad, que pretende un déficit en el entorno del 3% (ahora está en el 4,8%) y del 60% de deuda respecto al PIB (ahora se encuentra en el 113%).
Desde que Sánchez llegó a la presidencia, en 2018, hasta finales de 2022 (últimos datos disponibles), ha aumentado un 52% el número de entes que componen el sector público administrativo, es decir, el ‘aparato burocrático’. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la Administración Central dispone de 234 entidades, mientras que en 2018 tenía 154 (80 más). Destaca sobre todo el espectacular crecimiento de los consorcios (entidades con personalidad jurídica propia para desarrollar actividades de interés común). La cifra se ha triplicado durante estos años, ya que ha pasado de 25 a 76.
También ha crecido un 70% el número de ministerios (de 13 con Rajoy se ha llegado a 22). Y aunque es menos significativo, se ha multiplicado por siete (de dos se ha pasado a 14) el número de otras entidades vinculadas o dependientes, mientras que crece el número de Agencias Estatales (hasta 9) y se mantiene el número de organismos autónomos que cuelgan también de los ministerios (57 en total). A ellos, hay que añadir: las seis autoridades administrativas independientes existentes (entre ellas Airef o la CNMC), frente a las tres de 2018; 26 mutuas y entidades gestoras de la Seguridad Social; 23 fondos sin personalidad jurídica y una universidad pública no transferida.
Todos ellos acumulan 569.278 empleados públicos oficiales en 2022 (incluyendo a 417 altos cargos y 1.151 asesores que en 2023 llegan a 559 y 1.283 respectivamente), 14.000 más que en 2018. La cifra real de nuevos empleos es superior ya que, según la estadística de afiliación de la Seguridad Social, en estos años han aparecido 90.283 nuevos cotizantes en la Administración Central. La diferencia se debe a que las bajas por jubilación se están cubriendo con nuevas altas y esos 14.000 nuevos empleados del Registro de Personal corresponde a empleo neto.
De momento, ningún Ejecutivo ha comprobado si hacían falta esas nuevas incorporaciones, ya que nunca se ha realizado reestructuración alguna ni reasignaciones de plantilla, ante la demanda de nuevos servicios y de cambios de la sociedad y la economía. Es más, el Gobierno de Sánchez ha modificado la reforma laboral de Rajoy de 2012, que permitía efectuar despidos por causas objetivas del personal laboral contratado (los funcionarios de carrera no están sometidos a la jurisdicción ordinaria). Pero, no se aplicó a pesar de que el déficit llegó a superar los dos dígitos. Por tanto, nunca se ha realizado en las Administraciones ni un sólo ERE o ERTE, ni siquiera durante la pandemia.
Sin ajustes de plantilla
La última reforma laboral del PSOE no permite hacer ajustes en las plantillas públicas. Sí cabe, como hizo Rajoy durante tres años (abrió la mano a partir de 2015, cuando se aproximaban las elecciones), la posibilidad de no reponer las plazas o los puestos de los empleados que se van jubilando (casi la mitad tiene más de 50 años). Y no tiene mucho sentido que, por ejemplo, las nuevas tecnologías hayan reducido el número de puestos en el sector privado, mientras que esté aumentando en el sector público.
Los 22 ministerios que ha configurado Sánchez disponen directamente de 416.964 empleados. Los departamentos ‘uniformados’ son los que más personal disponen (Interior tiene 184.804 empleados y Defensa 156.807), mientras que Justicia, lejos del umbral de necesidad, dispone de 27.040. Llama la atención que Hacienda y Función Pública (sin incluir a la Agencia Tributaria) se acerque a las 7.500 nóminas e idéntica cifra tenga Educación, que tiene transferidas las competencias a las autonomías.
Algo similar ocurre con Política Territorial (6.700 empleados en el ministerio) y, por ejemplo: los más de 4.000 de los que dispone Transportes; los más de 2.200 de Cultura; o casi el millar de Yolanda Díaz en Trabajo. Por su parte, Igualdad (163 empleados), Universidades (248), Consumo (267) y Derechos Sociales (422), los ministerios que gestiona Podemos y que bien podrían ser direcciones generales, son los que menos empleados tienen.
De estos ministerios cuelga, además, una ‘inflación’ de entes (al menos 214) con 152.314 empleados, que constituyen una auténtica administración ‘paralela’ en el sector público estatal. Para hacerse una idea del tamaño, basta con compararlo con una empresa privada. Esos 152.314 trabajadores casi duplican la plantilla de El Corte Inglés (80.000).
De las comisiones de estudio a los entes
Sobre esos empleados convendría realizar algún tipo de reforma, poner un cierto orden y revisar la necesidad de este gasto ingente. En muchos de ellos abunda la contratación de personal laboral (que no ha pasado los controles administrativos de las oposiciones del personal funcionario) y que no ha dejado de crecer.
Lo cierto es que cuando los políticos se aburren o no saben qué hacer para atender la demanda de servicios de los ciudadanos, crean comisiones de estudio que acaban convirtiéndose en entes que luego se consolidan en los Presupuestos Generales del Estado y de los que muchas veces no se sabe cuál es su función y su necesidad real. Hay consorcios para todo.
Por ejemplo, del Ministerio de Ciencia e Innovación depende el Centro de Investigación Energética, Medioambiental y Tecnológica, que acumula 1.245 empleados, mientras que el CSIC suma casi 14.000; el Centro de Investigación Biomédica en Red, con 881; el de Barcelona Supercomputing (733); y hasta el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana tiene 63 personas en plantilla. Y de Hacienda salen los Consorcios de las ciudades de Cuenca, Santiago y Toledo (con 94 empleados), así como el de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas y Ambientales de la Bahía de Cádiz (con dos funcionarios).
En todo caso, la casuística de estos entes adscritos a los ministerios es larga: el Fondo de Garantía Agraria (Agricultura) tiene a 222 personas en nómina; entre la CNMC y CNMV (Asuntos Económicos) suman casi un millar; los consorcios culturales de Casa Árabe, Casa de África, de Asia, de América, del Mediterráneo o Sefarad-Israel (Asuntos Exteriores) superan el centenar mientras que el Instituto Cervantes llega a casi un millar y la Obra Pía de los Santos Lugares dispone de tres empleados.
Por su parte, la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria (Consumo) suma 167 nóminas. Al Ministerio de Cultura se adscribe la Agencia de Lucha de Antidopaje en el Deporte (con 72 empleados), el Consejo Superior de Deporte (con casi 200), el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (1.337) y el de Cinematografía (173), mientras que existe una Gerencia de Infraestructuras (84) y los Museos del Prado, Reina Sofía y Biblioteca nacional suman 1.400 nóminas. De Defensa depende el Instituto Social de la Armada (426 empleados) y el de la Vivienda (211). De Derechos Sociales destaca el Instituto de Mayores (2.611 empleados) y el de la Juventud (183).
La maraña de organismos del Gobierno
De Hacienda y Función Pública, además de la Aeat (casi 27.000 nóminas) encargada de la recaudación, cuelga el Instituto de Estudios Fiscales (135 personas), el de Administración Pública (174), el Parque Móvil de los Ministerios (casi 1.000) y la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (737 empleos). En Igualdad destaca el Instituto de la Mujer (102 nóminas) y en Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hay 23.082 empleados de las mutuas colaboradas, así como casi 1.500 del Instituto Social de la Marina.
En el Ministerio de Industria sobresale el Instituto de Turismo (318 empleados) y la Oficina de Patentes (447). En Justicia, existe un Centro de Estudios Jurídicos con 30 empleados, mientras que la Mutualidad Judicial suma 127. En Presidencia, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales cuenta con 53 efectivos, el CIS dispone de 79, y el organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional añade 1.129 empleados. En Sanidad, pese a estar transferida la competencia, el Instituto Nacional de Gestión Sanitara tiene a casi 3.000 empleados.
En Trabajo, el CES dispone de 56, el Fondo de Garantía Salarial tiene 447 y el SEPE, encargado de abonar el paro (la gestión de las demandas de empleo la tiene las autonomías), supera los 8.300 efectivos. En Transportes existe un centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas con 388 empleados. El Ministerio de Universidades mantiene una Agencia Nacional de Evaluación con 81 empleados, así como un Servicio para la Internacionalización de la Educación con 102 nóminas.
Por su parte, en Interior, la Jefatura Central de Tráfico acumula 12.150 empleados y hay una Gerencia de Infraestructuras con 16 mientras que el organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo dispone de 400. La decena de Confederaciones Hidrográficas (Transición Ecológica) suman casi 4.200 empleados, mientras que el ‘enigmático’ Instituto para la Transición Justa dispone de 44. Y no figuran adscritos a un ministerio los 40 consorcios de los centros de la UNED (con casi 3.200 empleos) así como la Agencia de Protección de Daros (188 nóminas).
La Administración Central que herede el próximo Gobierno tendrá operativos al menos 471 entidades y más de 722.000 empleados
Esta mega Administración debería ser objeto de análisis por los futuros gobiernos en busca de una mayor eficiencia y de la reducción de gasto estructural que Bruselas quiere reducir. En todo caso, para completar el número de efectivos (esos casi 570.000 según la estadística oficial) y de entidades totales o aproximadas (esas 241) que componen el sector público administrativo del Estado, hay que sumar el denominado sector público empresarial (sociedades, consorcios, fundaciones y otros entes de derecho público).
En el Registro de Personal del ministerio de Hacienda y Función Pública no existen datos actualizados. Los últimos son de 2020. Y en aquel año había 237 entidades con al menos 153.350 empleados (casi un tercio de ellos son altos directivos, directivos de segundo nivel y técnicos, unos 70.000 son administrativos y unos 35.000 son ‘otro personal’).
Por tanto, la Administración Central de que dispone ahora el Gobierno o la que herede el próximo si La Moncloa tiene un nuevo inquilino tiene al menos 471 entidades y más de 722.000 empleados. Si le sumamos la ingente cantidad de entes y efectivos del resto de las Administraciones (autonómica y local) sale que hay más de 19.000 organismos y 3,5 millones de empleados públicos con un coste superior a los 152.000 millones. Demasiada Administración y administradores para tan parca economía y administrados.
