La institución avala los argumentos jurídicos aportados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Sí que pide al Ejecutivo autonómico que solicite un dictamen a los expertos en la cuestión
El Justicia de Aragón también se ha pronunciado sobre la exhibición de las dos bombas dentro de la basílica del Pilar que cayeron sobre el templo el 3 de agosto de 1936, pocos días después del inicio de la guerra civil española. En una respuesta a una cuestión planteada por un particular, la institución se limita a esgrimir los argumentos dados por el Gobierno de Aragón para no retirar los obuses. «Los símbolos evolucionan con la sociedad; y si en la guerra y la posguerra las bombas del Pilar fueron utilizadas con una intención determinada, hoy son mera curiosidad turística que nada altera ni pone en riesgo la convivencia pacífica de la sociedad», justifica la institución en su respuesta.
No obstante, en su escrito, el lugarteniente en funciones del Justicia de Aragón, Javier Hernández, que es quien firma el documento, no hace sino recoger los datos aportados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón tras haberle solicitado información al haber recibido la queja de un ciudadano, cuyo origen es precisamente la negativa de la DGA a retirar las bombas del templo.
En su escrito, el Justicia sí que comenta que «existen varios trabajos académicos de carácter histórico que en alguno de sus capítulos se ocupan del suceso del bombardeo ocurrido el 3 de agosto del 36 sobre la basílica zaragozana […]. Y en ellos se menciona la utilización política que de este suceso se hizo durante la guerra y la posguerra».
Se refiere aquí la institución al uso propagandístico del bombardeo, que hasta donde se sabe fue un autoboicot de los propios autores del ataque, republicanos que modificaron las bombas para que no explotaran. No obstante, el suceso sirvió, según expertos consultados, «para legitimar la dictadura y la violencia contra el enemigo». El entonces arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Doménech, presentó la guerra como una cruzada contra los «rojos», mientras que los poderes públicos clamaron venganza. «Juremos exterminar a todo el que sea enemigo de nuestro Dios, nuestra Virgen, de nuestra España. Juremos una Santa Intransigencia […]. Juremos guerra […]. No es hora de contemplaciones», se leía en la prensa de la época, que pedía «cazar» a los culpables «como a fieras».
Es este uso propagandístico del ataque el que ha propiciado en más de una ocasión que surgieran diversas iniciativas para descolgar las bombas. Hasta Javier Fernández, quien fuera delegado del Gobierno de España en Aragón desde 2004 hasta 2011, intentó mediar con el deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza para quitar los obuses. Recientemente, el senador de Compromís Carles Mulet también ha instado a su retirada.
«No realizan exaltación»
Pero ahora el Justicia, basándose en la información aportada por el Gobierno de Aragón, insiste en que el análisis que debe hacerse de la exhibición de los dos proyectiles, situados junto a la Santa Capilla de la Virgen, «es jurídico, no histórico»: «es decir, si la presencia de dichas bombas vulnera o no las vigentes leyes de Memoria Democrática (tanto la autonómica como la estatal)».
Y es desde esa perspectiva jurídica desde la cual la DGA y ahora el Justicia explican que «bajo ninguno» de los supuestos contemplados en las leyes de Memoria Democrática «se considera que las bombas expuestas en la pilastra de la basílica del Pilar sean símbolos contrarios» a estas normas puesto que «no realizan exaltación o enaltecimiento ninguno, y son meramente conmemorativos de un hecho histórico que afectó al templo».
No obstante, el Justicia sí que ha comunicado al Gobierno de Aragón que, «en caso de no haberlo hecho ya, solicite a la Comisión Técnica de Memoria Democrática dictamine sobre la cuestión objeto de este expediente», refiriéndose a la queja ciudadana. Y es que hasta ahora, no consta que la DGA haya consultado a sus expertos en esta materia nada sobre la conveniencia o no de retirar las bombas de la basílica.
Esa comisión técnica está formada por técnicos y cargos del propio Gobierno de Aragón y de las entidades locales, cinco representantes de las entidades memorialistas y tres expertos historiadores propuestos por la Universidad de Zaragoza: Roberto Ceamanos, José María Rodanés y María Begoña Martínez. La polémica sigue así envolviendo (al igual que los andamios) a la basílica justo ahora cuando cumple 75 años con ese mismo título. Fue el papa Pío XII quien concedió a la catedral de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en 1948, el título y dignidad de Basílica Menor.
