Abogados del turno de oficio: «No se puede cobrar 180 euros por diez meses de trabajo»

El colectivo movilizado frente al Gobierno pide reformas para que se dignifique su oficio: «No somos una ONG»

Abogados del turno de oficio piden frente al Congreso mejoras laborales

Una «marea negra», cientos de letrados de oficio de los 83 colegios de abogados de España se dieron cita el jueves en Madrid, enfundados en sus togas, para reivindicar, a las puertas del Congreso, mejoras en el servicio que desempeñan, entre ellas el incremento de sus honorarios, su pago efectivo o la reforma de la ley que regula su actividad, que data de 1996. Se sienten maltratados, asfixiados por unas administraciones que presumen del buen funcionamiento del turno de oficio mientras contribuyen a su precariedad con unos sueldos «indignos», especialmente en los territorios que dependen del ministerio. Asumen que su trabajo, que compaginan con sus despachos profesionales es «absolutamente vocacional» pero, a la vez trasmiten a las autoridades competentes que no son una ONG y que prestan un servicio público insuficientemente reconocido.

Tras años de maltrato los letrados de oficio han dado un golpe en la mesa y, además de sus reivindicaciones particulares, piden que se respete la conciliación para todo el colectivo y no ser tratados como operadores jurídicos de segunda cuando la Abogacía es un pieza más del engranaje de la justicia.

Marta López Quero, de 51 años y madre de un niño de 8, asume el sacrificio que supone una profesión que cuando estás de guardia te puede levantar de la cama a cualquier hora. «El problema es que estamos completamente desatendidos», dice esta abogada de Valencia. «Por un procedimiento judicial en el que has estado trabajando diez meses no se puede cobrar 180 ó 200 euros. Ya con los desplazamientos y el tiempo que inviertes has perdido dinero. Todo el trámite, declaraciones en comisaría, en el juzgado, preparar y asistir al juicio, reunirte con el cliente… Hasta las fotocopias las tienes que hacer tú», dice. La letrada, que lleva 22 años en el turno de oficio penal, habla también de las trabas que se ponen a todos los abogados ante cuestiones como el fallecimiento de un familiar, enfermedad o accidente. «Es necesario regular esa conciliación». Cuenta que una vez se rompió el tobillo y la escayolaron. Tenía un juicio en Santoña (Cantabria) y pidió la suspensión pero no se la concedieron. «Tuve que viajar de Valencia a Bilbao en avión, coger un autobús y luego un taxi hasta el juzgado. Todo esto con muletas. Estamos totalmente desasistidos». Denuncia, además, que la administración «nunca es puntual» en el pago. «Estamos cobrando a dos o tres meses vista, pero más que el retraso lo que me preocupa es que hay actuaciones que no se pagan». En este sentido, explica que una vez hecho el trabajo, si al cliente no le conceden la justicia gratuita, nadie les ayuda en esa gestión de cobro. «Ante este panorama muchas veces me han preguntado por qué sigo aquí: porque sigo creyendo que es necesario que abogados como nosotros perdamos nuestro tiempo como abogado particular y dejemos de ganar dinero para que personas sin recursos tengan alguien que les defienda. Si nosotros dejamos de trabajar, ¿quién defiende al que no puede pagarse un abogado?».

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Coincide Mónica Altarriba, letrada del turno de oficio civil en Madrid desde hace 26 años, en que se trata de un tema de «responsabilidad social». En su caso, «el nivel de saturación» es muy diferente al del turno penal, porque no tiene guardias. Admite diferencia en la forma de pago de la administración autonómica (que ahora tarda dos o tres meses) y la del ministerio, del que depende el turno especial (recursos de casación ante el Supremo, por ejemplo, que «puede retrasarse fácilmente de seis meses a un año».

A su juicio, en el conflicto de los letrados de oficio hay «una componenda política importante», pero cree que lo que ha dado lugar a esto ha sido es el «desaliento y maltrato a quienes nos tienen considerados como últimos operadores jurídicos». Alude esta letrada, de 52 años, al ninguneo al que han sido sometidos los abogados durante la huelga de los LAJ y cómo lo están siendo ahora también con la de los funcionarios de justicia. Tras viajar el día 18 de este mes a Zaragoza, una vez allí se le comunicó –cuando se podía haber hecho el día anterior– la suspensión del juicio por la huelga de un funcionario. «Un procedimiento de 2020 que señalan ahora para el 11 de abril de 2024. Es un despropósito todo».

Verónica Vladimirova también tiene una historia que contar. Aunque lleva dada de alta en el turno de oficio de Valencia sólo dos años, ha pasado por una de las experiencias más traumáticas de su vida laboral. Quiso denunciarlo en la concentración del jueves en Madrid y por eso no dudó en subirse al autobús que ofreció para la ocasión el Colegio de Abogados de Valencia dejando a su bebé a casi 400 kilómetros. Ahí estaba, en primera fila detrás de una pancarta para defender, sobre todo, la conciliación. La suya y la de todos los abogados. Verónica, de 34 años, fue madre el 16 de septiembre, en un momento, en el que tras el parón de agosto, se reactivan todos los procedimientos judiciales. Solicitó la suspensión en todos ellos, pero en algunos casos no fue aceptada. En el turno de oficio no se puede delegar y la única posibilidad que se le ofrecía era que se pusiera de acuerdo con un letrado de la misma demarcación para que la sustituyera pagándole ella lo que considerara. «Eso es un favor que sólo te hace un compañero, no un desconocido», dice.

«No fue agradable porque con cuatro días de vida la niña ingresó en el hospital con bilirrubina y tenía que ir cada tres horas a llevarle leche. Entre tanto contestaba a los escritos. Tuve que continuar trabajando, sacándome leche con una mano y con la otra en el ordenador. Es muy duro, una situación lamentable que vive la mujer abogada (de oficio o no) cuando da a luz». En su caso, la mutua le dio 900 euros durante cuatro meses por la maternidad, y de ahí tenía que seguir pagando la cuota de 230. «Lo que sale no llega ni al mínimo interprofesional», apostilla.

De esas condiciones «tremendamente precarias» habla también Santiago Fernández Álvarez, de 64 años y quien lleva 34 en el turno penal de Madrid. Padre de cinco hijos, lo suyo es absolutamente vocacional, tanto que reconoce que muchas veces renuncia al papeleo que implica justificar la atención del cliente porque lo que cobraría por ello no cubre ni de lejos el gasto que implica esta atención: «Son muchas horas y las retribuciones muy escasas. A eso se suma que si a tu cliente le deniegan la justicia gratuita la mayoría de las veces ya no puedes cobrar el trabajo que has hecho».

El veterano abogado apunta que por un procedimiento en Madrid (de la detención a la sentencia) se cobra unos 300 euros y por una guardia 250. Durante este tiempo, que en realidad son 48 horas (hay que tener en cuenta que quien ha sido detenido normalmente pasa a disposición judicial al día siguiente), el letrado ve en la capital a unos cuatro o cinco individuos por guardia y tiene una media de cuatro al año. Los delitos más comunes, lesiones, violencia de género y robos.

En Barcelona las guardias se cobran a 175 euros, y suele haber una cada cuatro meses. A diferencia de Madrid, sí es posible ver a más de cinco detenidos, lo que supone multiplicar por dos esa cantidad, «veas ya a seis o diez personas». Lo cuenta Ana Claret, abogada en la ciudad condal, quien tiene su propio despacho profesional y que, como los demás, no vive del turno de oficio. Para Ana, de 46 años, el turno es una auténtica escuela por las tablas que da pisar todos los juzgados. Lleva adscrita a él 21 años. En Cataluña, dice, son puntuales en el pago hasta el punto de que es mensual, lo que no suele suceder en el resto de administraciones. La letrada cree que «no es un trabajo lo suficientemente valorado». «La mayoría considera que porque eres abogado de oficio no eres suficientemente bueno cuando todos tenemos despachos profesionales aparte». Ana no tiene hijos. Cree que tenerlos «sería incompatible con su trabajo», que vive con absoluta pasión.