El PSOE fuerza la vuelta de la ley del aborto al Congreso para mantener viva la polémica

El PSOE seguirá espoleando la polémica por el aborto y ahora pone el foco en retratar a los populares en sede parlamentaria. Pese a que el Gobierno dio por buena la «rectificación» del Gobierno de Castilla y León a su requerimiento de incompetencia al negar que fuesen a cambiar los protocolos para disuadir a las mujeres que fuesen a interrumpir su embarazo, los socialistas quieren ahora que el PP haga lo mismo en el Congreso y el Senado. Para ello aprovecharán la tramitación de la reforma del aborto que votará el Senado el 8 de febrero y presentarán una enmienda transaccional con el objetivo de evitar «coacciones» a las mujeres. Si la enmienda sale adelante, la ley deberá volver al Congreso para ratificarse. Se demorará su aprobación, pero se pondrá el foco sobre este debate. Como reconocía la propia portavoz de los socialistas en el Senado, Eva Granados, «vamos a comprobar lo que decide Feijóo, al que no vemos mucho por aquí y aún no tenemos muy claro lo que piensa al respecto».

La propia ley que los socialistas buscan enmendar ya recoge en su artículo de forma específica la prohibición de prácticas de hostigamiento que busquen desincentivar la interrupción de embarazos. Asimismo, se ha aprobado recientemente una reforma del Código Penal para penalizar el acoso que sufren las mujeres en las puertas de las clínicas.

La enmienda transaccional añade un párrafo a este artículo de ley para reiterar que «las Administraciones Públicas competentes garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta Ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente. Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica».

El actual texto aprobado por el Congreso recoge en su artículo 24.1 que «Las administraciones públicas se abstendrán de realizar cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos establecidos en esta ley orgánica y se asegurarán de que autoridades, personal funcionario, agentes e instituciones estatales y autonómicas, así como los demás actores que actúen en nombre de las anteriores se comporten de acuerdo con esta obligación» y en el 24.2 que «Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tomarán las medidas integrales y eficaces para prevenir, proteger, investigar, sancionar, erradicar y reparar las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».

Los socios entienden que este añadido por parte de los socialistas no era necesario, aunque se abren a apoyarlo. Lo que buscan precisamente los socialistas es retratar a los populares, una o no sus votos a los de Vox, y mantener vivo este debate. Como reconocía esta mañana la propia Granados, “nunca deja claro su posicionamiento sobre temas importantes, pero sí somos conscientes de lo que piensan los populares sobre el derecho al aborto. Lo cierto es que aún tiene un recurso en el Tribunal Constitucional y ya han vetado muchas iniciativas en este sentido”.

«Vamos a comprobar lo que decide Feijóo, al que no vemos mucho por aquí y aún no tenemos muy claro lo que piensa al respecto”

Los socialistas defienden este añadido argumentando que “debe ser el blindaje de los derechos de las mujeres frente al acoso de las derechas. Queremos que ese blindaje sea ley y que no se trafique con nosotras por mantener el poder o por dar una batalla cultural que parecíamos haber superado hace tiempo. Las derechas van a seguir tratando de recortar nuestros derechos”. Con todo, no se esconde tampoco el objetivo de que «el 8 de febrero todos los senadores y senadoras se pronuncien a favor de que nadie coaccione e infantilice a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo». Una forma de retratar a los representantes de la Cámara Alta que obligará a devolver la norma en el Congreso y volver a ratificar estas posiciones por parte de los grupos parlamentarios.

Desde la Moncloa ya avisaron el pasado viernes, tras cerrar la crisis con Castilla y León, que continuarían vigilantes por el plan antiaborto. De hecho, el titular del Ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha dirigido en los últimos días a la Junta de Castilla y León mediante otra misiva de advertencia para recalcar, con base en unas declaraciones del portavoz del Gobierno regional, que «resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo, o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica».

Desde el Gobierno siguen reservándose acciones legales con base en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno regional del pasado jueves, en las que el portavoz del Ejecutivo autonómico, según lo entienden desde la Moncloa, «expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero —ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante». Asimismo, siguen monitorizando al milímetro los pasos del Gobierno de Mañueco y las declaraciones públicas de sus miembros.

Los socialistas están poniendo en el centro de su estrategia de precampaña el miedo a Vox y sus pactos con el PP. Un mensaje que viene repitiéndose durante los últimos meses tanto desde Ferraz como desde el Gobierno, con la polémica sobre el aborto en Castilla y León condicionando tanto los mensajes de los socialistas como la agenda de la Moncloa. En esta fase de la campaña, desde el PSOE están poniendo el foco en intentar desacreditar a Alberto Núñez Feijóo. Esto es, en contradecir su perfil de moderación y hombre de Estado, así como destacar su supuesta falta de solvencia y autonomía.