Los registros en su casa y oficinas hallan indicios de manipulación en documentos oficiales y dudas sobre la firma del supuesto San Chin Choon
El comisionista Alberto Luceño, imputado por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, guardaba en su casa y su oficina hasta 78 versiones distintas, buena parte de ellas editables, de una carta del alcalde José Luis Martínez-Almeida que le habría dirigido para recabar información de las autoridades chinas frente a la situación de expansión del Covid-19.
Así lo recoge un informe la Policía aportado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, donde Luceño, además de por la estafa y un presunto blanqueo de capitales, está imputado ya por falsedad documental, en relación a una placa y una acreditación del Centro Nacional de Inteligencia que también le fueron intervenidos y eran ficticios.
El informe apuntala la tesis de la falsedad, en tanto que en las dependencias de Luceño se encontraron versiones distintas de la carta con la firma del alcalde, ya fuese manuscrita o el redactado de su nombre, con códigos de verificación de documentos que en muchos casos, no encajan, o con logotipos añadidos.
Todo lo que no encaja con San Chin Choon
El juez y la Fiscalía sospechan que los mensajes que envía al juzgado son burdos escritos de un hispanohablante
En una de las versiones, fechada en marzo de 2020, Almeida se dirige a Luceño como «Mr. President» y termina con un escudo del Consistorio. En otra, «al encabezamiento de la carta se han incorporado dos membretes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social» y el cargo del destinatario es «Mr. President Sr. Alberto Luceño».
No lleva rúbrica, pero sí el lema que usaba en esos días el Gobierno al pie de página: «Este virus lo paramos unidos». Contiene una marca de agua con el escudo de España. El código de verificación, que es único para cada documento, se repite en otras versiones en castellano e inglés del mismo escrito.
La original, por contrastar
Los investigadores cruzaron la carta con el resto de indicios que obran en la causa,y encontraron un intercambio de emails entre la funcionaria de la Funeraria que gestionó las compras, Elena Collado; y otras personas del consistorio del que «puede deducirse que en el Ayuntamiento están elaborando una carta en inglés y castellano y que la misma llevará sellos y firma» pero «se desconocen las características de los documentos al no adjuntarse los mismos en los mensajes aportados».
Sí ha podido rastrear la autenticidad de otros dos documentos oficiales que obraban en poder de Luceño y de los que disponía igualmente de varias versiones editables o que incluían ya modificaciones. El primero es un certificado del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda que le autorizaba a desplazarse en Madrid uno de los días de confinamiento. El segundo, un certificado emitido por le Director General de Emergencias y Protección Civil con una habilitación similar. Ambos existen, pero Luceño tenía los originales y múltiples versiones con modificaciones.
«Se añade que Luceño es ‘agente oficial del Gobierno de China’ y se modifica el objeto de dicho certificado que le permitiría desplazarse concretamente y solo durante el día 16 de abril de 2020 a una reunión, añadiéndose que ‘se acredita la necesidad de desplazamiento por toda la Comunidad de Madrid, incluso para todo el territorio nacional, para la persona titular de este documento, durante todo el tiempo que dure el confinamiento», exponen los investigadores sobre el salvoconducto de Protección Civil.
En cuanto a los documentos que se utilizaron en el proceso de intermediación en la transacción comercial para la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, en los registros aparecieron el acuerdo de confidencialidad, el contrato de exclusividad y el contrato de protección de honorarios que ya estaban en la causa. En los dos primeros figura el membrete de la Cámara de Comercio Internacional, que ya ha desmentido que sea un formato suyo; «además de reseñas con datos de las agencias de seguridad Interpol, FBI y terceras instituciones». «Refleja falta de realidad», dice el informe, porque ninguna de estas agencias interviene en este tipo de contratos.
Las firmas no encajan
Llama la atención el informe además sobre las firmas que aparecen en los documentos, pues son rúbricas distintas que se atribuyen a la misma persona, el supuesto CEO de la empresa proveedora del material, la malasia Leno: San Chin Choon. Luceño sostenía que este ciudadano de origen chino firmaba en calidad de presidente de Leno solo en el documento de protección de honorarios mientras en los otros dos, la rúbrica es del director de la compañía, cuyos datos no supo concretar.
La Policía tiene otra versión. Encontraron una conversación de Luceño con otro asiático, Chan Beng Kay, alias ‘Anthony’ en su teléfono. Ahí, Luceño le estaría reiterando las «instrucciones» que habría dado por mail a San Chin Choon para decirle en qué términos concretos debía responder a la Comisión Rogatoria enviada por el juez a Malasia para tomarle declaración. El objetivo, que Anthony «reincida sobre lo expresado a San Chin Choon y así asegurarse» de que en su declaración «reconoce que las firmas» son suyas.
«Estas comunicaciones arrojan indicios de lo que podría tratarse de un acuerdo de voluntades posterior, para aunar versiones, ante las dudas de la autoridad judicial sobre la autoría y legitimidad de los documentos objeto de estudio tratando de solventar así posibles irregularidades desarrolladas en la confección de los mismos», concluye la Policía.
