El Ejecutivo cifra en 2.300 los beneficiarios del descuento del 40% de la factura de la luz, una ayuda que anunció Pedro Sánchez en octubre para cubrir a 1,5 millones de hogares
El presidente del Gobierno anunció un paquete de ayudas contra la crisis energética para, según expuso, tratar de cubrir al grueso de la población media. Pedro Sánchez aseguró desde la tribuna del Congreso de los Diputados que «se creará temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas, para los hogares trabajadores con bajos ingresos. Con ello, se llegará a 1,5 millones de hogares adicionales«, según recoge la web de la Moncloa.
La realidad dista mucho de la promesa de hace casi tres meses. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este lunes que solo 2.300 hogares se han acogido a esta modalidad del bono social, destinada a todos los hogares con rentas inferiores a los 27.000 euros anuales. Es decir, el 0,15% de los que anunció el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Dicha ayuda, por otro lado, la sufragan los consumidores con su factura, no viene de las arcas públicas.
En la citada comparecencia de octubre, Sánchez también anunció que «otra medida relevante se dirigirá a controlar los gastos en calefacción y agua caliente en 1,7 millones de hogares que cuentan con calderas de gas comunitarias». «Alrededor de 1,7 millones de hogares se beneficiarán de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales», señalaba entonces el comunicado del Gobierno.
Este lunes, la máxima responsable en la política energética del Gobierno, Teresa Ribera, ha señalado que al término de 2022 solo 2.000 comunidades de vecinos se habían acogido a la tarifa subvencionada del Gobierno. De nuevo una ayuda que está cubriendo a una parte residual comparada con el anuncio del total de potenciales beneficiarios a los que iba dirigida. Además, dicha ayuda no cubre ese 50% anunciado, sino una cifra que está más próxima al 40%, según los datos ofrecidos por Transición Ecológica.
En el caso de las calderas de gas individuales, el Ejecutivo también anunció la movilización de 3.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para pagar algo menos de la mitad del recibo a todos los usuarios acogidos a la tarifa de último recurso (TUR). Aunque se esperaba un aluvión de solicitudes, ya que dicha tarifa no exige criterios de renta, la realidad es que apenas medio millón de hogares la han solicitado hasta ahora.
Según los datos ofrecidos por Transición Ecológica, solo hay dos millones de familias con la TUR, frente a casi seis millones con tarifas de mercado libre, que están subiendo hasta un 200% con respecto a lo que venían pagando hasta 2022. Un incremento que, sin embargo, no se refleja en el dato de IPC, ya que el INE solo tiene en cuenta la tarifa regulada de gas. Lo mismo ocurre con la luz: Estadística está sesgando a la baja el IPC por tener en cuenta solo los contratos de tarifa regulada, que ahora bajan, frente al resto, que se están incrementando, según revela CaixaBank Research.
La ínfima cobertura de ayudas lograda por el Gobierno para la luz y el gas también se está dando en otros ámbitos. El cheque de 200 euros aprobado en junio solo llegó a un cuarto de los 2,7 millones de beneficiarios que estimó entonces el Gobierno. A finales del diciembre, el Ejecutivo aprobó otro nuevo cheque para hacer frente a la subida de la cesta de la compra. En este caso, asegura que llegará a 4,2 millones de hogares.
El desconocimiento generalizado de la población a la que van dirigidas estas ayudas, sumado a las dificultades burocráticas, acaba limitando en gran medida su ejecución, señalan expertos del sector.
El cheque de 200 euros aprobado en junio solo llegó a un cuarto de los 2,7 millones de beneficiarios que estimó entonces el Gobierno
Mucho antes que estas ayudas, algo similar sucedió con el ingreso mínimo vital. Este se planteó en mayo de 2020 para cubrir a 850.000 familias en riesgo de exclusión y a cierre de 2022, más de dos años y medio después, aún está por algo más de medio millón de familias.
Con los precedentes anteriores, cada vez asaltan más dudas de a cuántos hogares llegarán las medidas de ayuda para los hipotecados que están sufriendo la subida del euríbor. El Gobierno acordó una serie de medidas de alivio con la banca dentro del código de buenas prácticas para beneficiar a un millón de hogares en situación de vulnerabilidad. Por ahora, el Ejecutivo no ha ofrecido datos de a cuántas familias está cubriendo.
La mayoría de entidades bancarias han aceptado aplicar estas ayudas. Sin embargo, no todas están por la labor: Banca March ha anunciado que no se acogerá al protocolo. El gobernador del Banco de España ya dijo tras su puesta en marcha que creía que no castigaría a las cuentas de los bancos. Este mismo lunes, el diario El Español señala que los bancos no están notando cambios, citando fuentes financieras, que confirman que las peticiones son «residuales».
