Representantes de la Società delle Scienze Umane, un grupo universitario italiano que cuenta con dos universidades internacionales, presentaron este viernes en Calatayud el proyecto para implantar una universidad privada en la ciudad aragonesa. La idea, sobre los planos, es que el complejo se ubique en las instalaciones de la Azucarera Labradora, un edificio que forma parte del patrimonio industrial de Calatayud.
La iniciativa viene servida de polémica porque mientras que los portavoces del grupo privado hablaban ayer de qué tres facultades quieren implantar y a cuántos estudiantes (unos 3.000) podrían acoger, el sistema universitario aragonés se unía en bloque para «defender la calidad del sistema aragonés y su compromiso social». De este modo y en un comunicado conjunto, el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge y la UNED resaltaron la «rigurosidad» de los centros universitarios de la comunidad y sus titulaciones.
El Gobierno de Aragón, concretamente, recordó que la normativa vigente, tanto estatal como autonómica, es «muy estricta y exigente» ante la creación, reconocimiento y autorización de universidades. «La puesta en marcha de un nuevo centro es un procedimiento serio y complejo que exige compromiso con el territorio y el cumplimiento de unos estándares altos de calidad en docencia e investigación», precisó ayer la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz.
En dicho departamento, de hecho, «no se dispone de documentación oficial sobre el proyecto de Calatayud y no se ha registrado ninguna solicitud al respecto ante la Dirección General de Universidades», precisaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
La creación de esta universidad, que ya intentó implantar el grupo Societá delle Scienze Umane el año pasado en Málaga sin éxito, requeriría en todo caso de la aprobación por Ley en las Cortes de Aragón. Todo ello previo un informe preceptivo favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, ante la propuesta de los técnicos de calidad del Ministerio de Universidades.
De esta forma, según el Real Decreto 640/2021, de realizarse una solicitud de reconocimiento de universidad privada, ésta deberá ser tramitada por la Dirección General de Universidades del Gobierno de Aragón y elevarse a la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano en el que están presentes el Estado y todas las comunidades autónomas.
Dicho informe debe garantizar que se dan las condiciones y requisitos necesarios en distintos ámbitos, debe abarcar como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e Ingeniería y arquitectura), contar con un mínimo de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y dos programas de doctorado, según recordó la DGA.
Igualmente, debe cumplir con ratios de profesorado, doctores y personal investigador, que aseguren la calidad en la docencia y en la investigación, así como su viabilidad y sostenibilidad económica.
Un ejemplo de la seguridad normativa que ha desarrollado también el Gobierno de Aragón para su sistema universitario sería que el uso de la denominación ‘universidad’, sin haber sido reconocida por Ley como tal, está tipificado en el artículo 101 de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés como una infracción muy grave y podría suponer una multa de hasta los 500.000 euros.
