Los socialistas podrían lanzar de manera inminente cambios en la ley para garantizar que la renovación en el tribunal de garantías, que pasaría a tener mayoría progresista, se produzca | La Moncloa quiere acabar con la insubordinación del bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces
En el PSOE y en el Gobierno, el enfado con la derecha por la obstrucción en la Justicia es incontenible. Y Pedro Sánchez está dispuesto a, al menos, estudiar si hay vías para impedir que la parálisis que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se extienda al Tribunal Constitucional. Por eso el Ejecutivo planea reformas legales limitadas para forzar el desbloqueo en ambos órganos.
Cambios, adelantados por el Diario.es y confirmados por Ferraz a este periódico, que podrían materializarse en las enmiendas que el Grupo Socialista presente este próximo viernes, 9 de diciembre, a la proposición de ley de supresión del delito de sedición. Con ello, el Ejecutivo se garantizaría una ultrarrápida tramitación parlamentaria, ya que el texto pasará por ponencia y comisión la semana próxima, e irá al pleno del Congreso justo a continuación. Tras ser analizada por el Senado, quedará aprobada definitivamente antes de fin de año.
No hay detalles aún del contenido de las enmiendas que pueden presentar los socialistas para atajar el bloqueo en el CGPJ y en el TC porque la Moncloa se está moviendo con extremo celo. La argumentación política, no obstante, es diáfana: en Ferraz y en el Ejecutivo se quejan del «golpe de Estado» perpetrado por la derecha judicial y política, y que probaría que ni una ni otra reconocen «la legitimidad del Gobierno«, un punto de vista «antidemocrático». «Lo que están haciendo el PP y el Consejo no tiene nombre», protesta una relevante ministra, que pide esperar a la redacción final que se presente el viernes en la Cámara baja. La propuesta podría afectar a las leyes que regulan el Poder Judicial y el TC, a una de las dos o a ambas.
Pedro Sánchez, este pasado 6 de diciembre, en la recepción en el Congreso con motivo del 44º aniversario de la Constitución, comentó a los periodistas, durante una larga charla informal, que sí está convencido de que podrá acometerse pronto la renovación del TC, aunque no argumentó cómo. El Consejo de Ministros postuló la semana pasada a sus dos candidatos, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, pero ninguno de los dos ha pasado el preceptivo examen del tribunal de garantías porque el CGPJ no ha designado aún a sus dos magistrados, dado que persiste el bloqueo de ocho vocales del sector conservador.
El TC entiende que no se ha completado la renovación del tercio de cuatro magistrados que agotó su mandato de nueve años el pasado junio, porque el Poder Judicial no ha elegido su dupla. El problema es que no está garantizado que haya acuerdo en el órgano de gobierno de los jueces en el pleno convocado para el 22 de diciembre. Es decir, que la negativa del CGPJ a nombrar a sus dos magistrados podría perpetuarse sine díe por la obstrucción del bloque conservador, que para los socialistas actúa a las órdenes del PP. Solo si se produce la entrada de Campo y Díez se dará un vuelco al TC: la mayoría pasará a ser progresista, ya que saldrán los dos magistrados nombrados por el Ejecutivo del PP: Pedro González-Trevijano, el actual presidente de la institución, y Antonio Narváez.
Una salida muy controvertida
El Gobierno, por tanto, estaría dispuesto a buscar una salida que, seguramente, sea controvertida en el plano político. Pero entiende que no puede dejar pasar la insubordinación de un poder del Estado que tenía de plazo hasta el 13 de septiembre para cubrir sus dos vacantes en el TC, según la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada por las Cortes en julio.
Fuentes del ala progresista del CGPJ confirman a El Independiente que han apreciado en miembros del Ejecutivo «una actitud muy decidida a introducir reformas legales para desbloquear el Poder Judicial y los nombramientos de TC». «Parece que si hay un bloqueo premeditado de órganos constitucionales mediante un uso fraudulento del ordenamiento jurídico, el Parlamento, es decir, el legislador, debe defenderse con reformas legales», apuntan estas mismas fuentes, que señalan que el Gobierno tiene «muy avanzados sus estudios» para «hacer frente a esta situación», sin que aporte más detalles por el momento.
La Moncloa, prosiguen, «está viendo varias hipótesis», y «la más previsible se refiere a la renovación del TC«. Y es que forzar el relevo en el CGPJ es más complicado, porque la única salida sería la rebaja de las mayorías necesarias para designar a los 20 vocales, pero ya Bruselas avisó de que ese no era el camino por el riesgo de pérdida de pluralidad. Esa alternativa, de hecho, ya la exploró el Ejecutivo en 2020 y al final renunció a ella por la presión de la Unión Europea. Unidas Podemos, tras la ruptura de las negociaciones de la Moncloa y el PP para la renovación del CGPJ, volvió a pedir que se desenterrara la iniciativa, pero el presidente la desechó de nuevo.
Sánchez, en declaraciones a los medios a su llegada al acto institucional en el Congreso por el Día de la Constitución, ya reiteró su mensaje de que honrar la Carta Magna implica cumplir con todos sus artículos todos los días al año, pero la oposición «conservadora y ultraconservadora» —o sea, PP y Vox— está «fuera de ella» y no acata sus compromisos y obligaciones constitucionales. «Por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores de la Constitución para que cumplan con sus obligaciones constitucionales, porque mientras no lo hagan, no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo«, remachó el presidente.
El mandato de cinco años del actual CGPJ finalizó el 4 de diciembre de 2018, por lo que el órgano ya ha cumplido cuatro años de parálisis y está descabezado desde el pasado octubre, cuando dimitió el presidente, Carlos Lesmes, sustituido de manera interina por el vocal Rafael Mozo. Su composición responde a la mayoría absoluta que consiguió Mariano Rajoy en las generales de 2011, hace 11 años. Y, si no hay cambios, no habrá relevo en el Poder Judicial hasta las siguientes generales, previstas para finales de 2023. Mientras, el tercio de magistrados del TC con el cargo caducado va camino ya de seis meses. El Gobierno se queja de que dos órganos del Estado tan capitales como el CGPJ y el Constitucional no reflejen la mayoría progresista por decisión de la derecha.
Las próximas horas, pues, serán decisivas. Porque la Moncloa podría lanzar una reforma acotada de la ley para intentar acabar con el bloqueo en la renovación del tribunal de garantías. La pregunta, aún sin respuesta concreta, es cómo.
