El Partido Socialista ha renunciado finalmente a garantizar el futuro de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reservándole el más alto rango de la carrera para el momento en que abandone su puesto actual, tal y como ha confirmado el portavoz del PSOE en el Congreso. Un blindaje que se pretendía aprobar mediante una enmienda introducida en una ley totalmente ajena a las cuestiones relacionadas con el Ministerio Público como es la Ley Concursal.
Con la enmienda se procedía de hecho a reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal de manera que, el fiscal general del Estado, al dejar de serlo, adquiriera de manera automática la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo. La primera beneficiaria de esta medida habría sido Dolores Delgado, quien pasó de un día para otro de ser ministra de Justicia a ser Fiscal General del Estado y cuando finalizara su etapa en este puesto sería ascendida a la cúpula de la carrera cuando en realidad debería retornar a su plaza de fiscal en la Audiencia Nacional.
Los socialistas han optado por retirar la enmienda que pretendían introducir en la ley Concursal tras conocer que el rechazo de los grupos parlamentarios a la misma era prácticamente unánime. En esta ocasión el PSOE no contaba tan siquiera con el apoyo de su socio menor en el Gobierno, Unidas Podemos, pese a los intentos desplegados para convencer a los grupos del Congreso de que la medida no estaba hecha a medida de Delgado sino para favorecer la independencia de cualquiera que, perteneciendo a la carrera fiscal ocupara el cargo de Fiscal General del Estado.
Igualmente, desde la Comisión Europea habían llegado mensajes recelosos respecto a la iniciativa del Gobierno. La vicepresidenta de la Comisión Vera Jourová ya advirtió la semana pasada durante su visita a España que el próximo informe que emitirá el órgano ejecutivo de la UE en relación con la calidad del Estado de Derecho y la Justicia en los distintos estados miembros, en el caso español incluiría una reflexión sobre esta pretensión de blindar a la fiscal general del Estado.
La iniciativa socialista no tenía posibilidades de ser aprobada después de que todos los aliados habituales del Ejecutivo en el Congreso se posicionaran en contra de la misma. Por supuesto, la enmienda suscitaba el rechazo rotundo de las fuerzas de oposición. El PP incluso estaba decidido a pedir que esta propuesta fuera objeto de una votación aparte del resto de la ley.
Mantener en pie la enmienda habría puesto en peligro la aprobación de la Ley Concursal que fija las normas que deben regir en los procesos de quiebra y reestructuración de empresas. La ley es consecuencia de una directiva europea cuyo plazo de trasposición finaliza a mediados de julio. De no hacerlo en tiempo y forma España se arriesga a una multa además de contar con una tacha a la hora de cumplir con las exigencias que abren la puerta a la llegada de nuevas partidas de los fondos Next Generation.
