Tras las elecciones generales de noviembre de 2019, Pedro Sánchez logró ser investido presidente gracias al decisivo voto -entre otros- de Teruel Existe, la marca política que nació abrazada a la bandera de la llamada ‘España vacía’ y que llevó al Congreso el listado de reivindicaciones de las plataformas del medio rural.
Teruel Existe dio su voto a Sánchez después de que les prometiera una estrategia estatal de lucha contra la despoblación, dirigida desde el Gobierno por una oficina específicamente dedicada a ello. Las plataformas de la ‘España vacía’ llevaban años pidiendo la creación de un ministerio específico contra la despoblación, pero Sánchez optó por darle media cartera ministerial, la que pilota la socialista Teresa Ribera. En su ministerio, llamado de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el asunto poblacional cuenta con un aparato burocrático específico, con rango de secretaría general.
La limitada gestión presupuestaria de la Secretaría General para el Reto Demográfico queda en evidencia en su balance de 2021, el primer año que contó con presupuesto propio. Hasta enero de 2021, Sánchez gobernó prorrogando las cuentas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que habían sido diseñadas para una estructura gubernamental en la que no existía esa Secretaría General para el Reto Demográfico. El año pasado, por tanto, fue el primero en el que el Gobierno de Sánchez dispuso de presupuesto al día para empezar a cumplir lo prometido en materia de lucha contra la despoblación. Sin embargo, la realidad es que dejó en la estacada una gran parte de los fondos prometidos para la ‘España vacía’: dispuso de un presupuesto de 18,4 millones para tal fin, pero solo ejecutó doce. Y, de ellos, 1,05 millones de euros fueron para pagar los sueldos de la lista de altos cargos, personal de libre designación y empleados públicos auxiliares que nutren el aparato burocrático de esta secretaría general del ministerio de Teresa Ribera.
Municipios en la estacada
Descontado ese millón de euros en sueldos, el año pasado la Secretaría General para el Reto Demográfico tenía que haber dedicado 17 millones a financiar iniciativas y proyectos autonómicos y locales. Pero seis de esos millones se quedaron en la estacada, justo los que debían haber llegado a las entidades locales, a ayuntamientos o diputaciones, que son las instituciones que se enfrentan y sufren sobre el terreno el problema de la despoblación.
Así que lo que el año pasado iban a ser 18 millones de euros para fomentar la demografía se quedó finalmente en 11 millones, y en realidad el Gobierno no desarrolló ningún proyecto en este campo, porque se limitó a traspasar esos fondos a las comunidades autónomas. Es decir, dejar ese dinero en manos de los gobiernos regionales para que lo destinaran a lo que vieran más adecuado. Eso, en la práctica, deja a los ejecutivos autonómicos un amplio margen de maniobra para dedicar esos fondos a múltiples fines, con tal que pueda argumentarse que guardan relación más o menos directa con la lucha contra la despoblación o con la promoción socioeconómica de esos territorios. Eso puede incluir también el sostenimiento de más oficinas y cargos autonómicos a cuenta de la ‘España vacía’
Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso ABC, de esos 11 millones repartidos desde el Gobierno de Sánchez, cinco fueron transferidos a las comunidades autónomas en forma de subvenciones para gasto corriente. Es decir, para pagar compras, suministros o costes de funcionamiento de servicios. Los otros seis millones fueron entregados a las autonomías como transferencias de capital, para poder invertirlos en infraestructuras o equipamientos.
Políticos recolocados
Para dar subvenciones, reflexionar y proponer ideas contra la despoblación, el Gobierno de Sánchez ha creado un nutrido aparato burocrático que le ha servido para acomodar a políticos socialistas y a personal de libre designación. Es la versión multiplicada de lo que fue el comisionado frente al Reto Demográfico, la reducida instancia que el Gobierno de Rajoy creó para estos fines en enero de 2017, año y medio antes de que Pedro Sánchez tomara el poder con su moción de censura.
Al frente de este nuevo entramado está el socialista catalán Francesc Boya, que el año pasado cobró por ello 105.920 euros de sueldo bruto. Su nombramiento como secretario general para el Reto Demográfico se produjo en octubre de 2020. Por entonces era miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE controlada por Pedro Sánchez. Natural de la comarca pirenaica del Valle de Arán (Lérida), Boya tiene 62 años y empezó en la política cuando tenía 21, como concejal de su pueblo natal. Entre otros cargos, fue diputado del Parlamento catalán de 1999 a 2010, senador entre 2011 y 2015, y uno de los representantes del PSOE ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Hermanos a sueldo
La estructura gubernamental creada por Sánchez a cuenta de la despoblación incluye también una dirección general, subordinada de la secretaría general que ocupa Boya. Al frente de esa Dirección General de Políticas contra la Despoblación -que así se llama-, Sánchez ha colocado a la socialista murciana Juana López Pagán, con un sueldo bruto anual que en 2021 ascendió a 92.275 euros. Su nombramiento se produjo el 12 de enero de 2021. Licenciada en Derecho, López Pagán llevaba años a sueldo de la FEMP, en puestos ligados a la política. Empezó en 2005 como jefa de gabinete del entonces presidente de la FEMP, el socialista gallego Francisco Vázquez. Luego se mantuvo en esta misma entidad en diversos cargos, como el de directora del departamento de Relaciones internacionales y Cooperación. Con Sánchez ha dado el salto al Gobierno con rango de directora general, a la par que su hermano Joaquín López Pagán ha sido colocado al frente de una empresa pública estatal, la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES). Él, como presidente del consejo de administración de SAES, tiene autorizada una retribución bruta anual que ronda los 120.000 euros.
Al igual que su hermana Juana López Pagán, Joaquín es licenciado en Derecho y se adentró profesionalmente en la política siendo un veinteañero, en 2004. Comenzó como asesor jurídico del PSOE en Murcia. Cuatro años después fue aupado a la Ejecutiva Regional de los socialistas, desde donde se hizo hueco en las listas electorales para convertirse en senador y diputado regional. Tras perder el escaño en el Senado en las elecciones generales de noviembre de 2019, Sánchez lo recolocó en la nutrida lista de directivos de designación política que pueblan las empresas públicas estatales. Además, le procuró destino en Murcia, porque la sede de la SAES está en Cartagena. Joaquín López Pagán fue nombrado presidente de esta sociedad estatal en octubre de 2020, tres meses antes de que su hermana Juana fuera colocada al frente de la nueva Dirección General de Políticas contra la Despoblación.
A su vez, esa dirección general cuenta con dos subdirecciones generales. En uno de esos puestos, el de subdirector general de Iniciativas, ha encontrado acomodo Eloy Cuéllar Martín, que formó parte de la cúpula política del Ayuntamiento de Madrid en la etapa de la alcaldesa Manuela Carmena.
