El Gobierno de Aragón y el sector de la hostelería han firmado un frente común para pedir a Moncloa que les permita repartir los 75 millones de euros de las ayudas a la solvencia que se quedaron sin adjudicar a finales de 2021. La Comunidad disponía de un total de 141 millones, pero las dificultades técnicas y los requisitos económicos para acceder a ellas, según han explicado los propios beneficiarios, hizo que apenas se pudieran asignar 66 millones en dos convocatorias, viéndose obligados a devolver el sobrante.
Así, el Ejecutivo y los empresarios han unido sus fuerzas en un acuerdo que entregarán a los distintos ministerios implicados, como los de Industria y Turismo, Economía y Hacienda, para “disponer de nuevos fondos” y “apoyar las medidas de solvencia” del tejido empresarial en este 2022, ha incidido el vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga. “Hay prevista una reunión de Horeca nacional el miércoles, y he puesto en conocimiento del secretario de Estado de este acuerdo y que la propia ministra de Turismo (Teresa Ribera) lo comunique al resto de ministerios”, ha añadido.
Del mismo modo, esta propuesta también incorpora algunas sugerencias para que las ayudas puedan llegar de forma íntegra a los sectores necesitados. En concreto, se pide la eliminación de que los solicitantes no presenten pérdidas en sus cuentas de 2019, una reducción de los umbrales de caída de facturación del 30 al 20% y un aumento de las prestaciones. “No era un problema de Aragón ni se podía solucionar en Aragón”, ha lamentado el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, que confía en recibir el apoyo de otras comunidades que también requieran una nueva movilización de los fondos que quedaron sin repartir.
Una necesidad de flexibilización que ha defendido el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Fernando Martín, quien confía en que estas medidas sean beneficiosas para la sostenibilidad de la economía, siempre que el Ministerio dé el visto bueno. “Hemos aunado el criterio del sector para conseguir que cale en Madrid”, ha defendido.
El Gobierno de Aragón tenía asignados un total de 141 millones y, para su reparto, amplió hasta los 491 las actividades económicas (CNAE) que se podían presentar y ya estableció una serie de medidas adicionales para facilitar que llegara a los empresarios. Sin embargo, su escaso éxito, con 47 millones de euros, apenas una tercera parte del total, obligó a lanzar otra convocatoria “exprés” antes de final de año, ya que la cantidad que no se adjudicara antes del 31 de diciembre debía devolverse al Estado. En total, se beneficiaron 5.345 empresas, que recibieron en conjunto 66 millones de euros.
