La empresa de la que es tercer máximo ejecutivo el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño está cobrando por influir en las comunidades autónomas para que pongan en marcha proyectos vinculados a los fondos europeos que beneficien a sus clientes. Es precisamente el Ministerio de Economía que dirige Calviño quien se ocupa de la distribución de los fondos europeos para la recuperación destinados a las autonomías. La empresa es Bee Digital, nombre comercial con el que opera la firma Páginas Amarillas Soluciones Digitales. Ignacio Manrique de Lara, el marido de la vicepresidenta del Gobierno, forma parte de la cúpula de la compañía como director de Marketing.
Bee Digital está haciendo negocio con los fondos europeos para la recuperación económica
como intermediario y gestor de inversiones financiadas con los presupuestos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la empresa ofrece proyectos a gobiernos autonómicos con el argumento de la lucha contra la despoblación del medio rural. Bee Digital oferta a gobiernos regionales actuar conjuntamente para obtener fondos con el argumento de desarrollar «proyectos territoriales para el emprendimiento y las microempresas». Es uno de los apartados de la denominada «Medida 23» del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, la de «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», que abarca también los «proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad».
La empresa que paga al marido de Calviño se ofrece a las autonomías como aventajada gestora de fondos europeos en esa materia. Lo hace diseñando acciones dirigidas a apoyar «el trabajo autónomo, el emprendimiento» y «la estabilidad del empleo» en zonas rurales que necesitan fijar población. Así lo indica en un correo electrónico enviado por un representante de Bee Digital a uno de los gobiernos autonómicos a los que se están ofreciendo. «Ya estamos trabajando con 2 Comunidades, junto con nuestro partner Vodafone en la implantación de estos proyectos», indican en ese mail al que ha tenido acceso ABC y en el que instan a las autoridades de esa comunidad autónoma a mantener una reunión telemática de media hora para ampliarles la información. Se entiende que el objetivo de Bee Digital es conseguir fondos europeos para sus clientes.
La cantidad de proyectos posibles que pueden financiarse al amparo de la «Medida 23» del MRR es extensa: desde iniciativas en materia de turismo rural y patrimonio histórico-artístico, a programas de autoempleo, cooperativas y emprendimiento social, pasando por el impulso de la agricultura o el desarrollo socioeconómico vinculado a la cultura y a la producción artística.
ABC se puso en contacto con Bee Digital, que sólo accedió a responder por escrito a preguntas enviadas previamente. Finalmente la empresa remitió un comunicado plagado de generalidades y sin responder a la mayor parte de las cuestiones planteadas. Sí reconoció contactos con las Comunidades Autónomas, pero negó tener contratos: «Actualmente, BeeDIGITAL se encuentra en conversaciones con todas las Comunidades Autónomas, ya que por su actividad y el tipo de servicios que ofrece relacionados con la digitalización de la pyme, pueden informarles para impulsar la digitalización en zonas rurales. Así la CCAA valorará lanzar las convocatorias dirigidas a las pymes. En la actualidad, BeeDIGITAL, no tiene firmado ningún contrato con las CCAA».
En cuanto al esposo de la vivepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Bee Digital sostiene que «es un profesional con una trayectoria de más de 30 años en el sector de la digitalización de pymes» y que «ha desempeñado distintos cargos en empresas nacionales e internacionales».
Ignacio Manrique de Lara es ejecutivo de Bee Digital desde hace tres años y medio, según consta en su perfil de la red social Linkedin. En la página oficial que esta compañía tiene en internet, Ignacio Manrique de Lara figura en el tercer puesto de la cúpula directiva, con el cargo de director de marketing de la compañía, al que fue promocionado poco después de incorporarse a la plantilla de esta firma.
Según reza ese perfil de Linkedin, Manrique de Lara fichó por su actual empresa en septiembre de 2018. Licenciado en Económicas y Empresariales por la Complutense de Madrid y postgrado por la esculea de negocios IESE, se incorporó en Bee Digital como director de Alianzas, Nuevos Negocios y M&A, pero en apenas ocho meses escaló a la dirección de Marketing, uno de los seis puestos que conforman la cúpula de la compañía y tercero del escalafón, tras el consejero delegado y la directora Comercial y de Expansión.
El fichaje
Aterrizó en esta empresa prácticamente a la par que su esposa lo hacía en el Gobierno, tras años destinada en puestos de responsabilidad en la Unión Europea. Cuando Pedro Sánchez la incorporó a su gabinete, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy del 1 de junio de 2018, Calviño llevaba cuatro años como directora general de Presupuesto en la Comisión Europea. La trayectoria profesional de su marido ha ido geográficamente a la par que la suya. Ignacio Manrique de Lara trabajaba en Bruselas en 2018, pero se recolocó de directivo en España cuando Calviño entró en el Gobierno. Previamente había formado parte de la plantilla del Grupo Santillana y de Panda Security, entre otras.
A los tres meses de que su esposa se afincara en Madrid como ministra de Economía de Sánchez, Manrique conseguía su nuevo empleo en la empresa que ahora se ofrece a las autonomías para asesorar en los fondos europeos para la recuperación, los que transitan por los negociados que están bajo el mando de su esposa. El asesoramiento sobre fondos europeos que ofrece Bee Digital, totalmente legítimo como actividad empresarial, entrecruza sin embargo los intereses de Calviño como cargo público, y de su marido, como directivo de esa compañía.
Desde 2015, la ley reguladora del ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estadoa fija, de forma perfeccionada, los límites y consecuencias de los conflictos de intereses. Entre otros supuestos, contempla precisamente los que se pueden producir entre las decisiones del alto cargo y los intereses de su cónyuge o pareja sentimental.
En 2019, el PSOE de Pedro Sánchez consideraba que ese marco legal había que endurecerlo para restringir todavía más los conflictos de intereses de los políticos. Lo incluía como compromiso en el apartado sobre «mejora de la calidad democrática, anticorrupción y transparencia». Entre otras acciones, prometían entonces la promulgación de nuevas normativas para regular «de manera más efectiva las declaraciones de intereses de altos cargos para combatir los conflictos de intereses, fijando con precisión las condiciones de incompatibilidad para las personas interesadas y endureciendo las sanciones por su incumplimiento».
