Vox llevará al Pleno que se celebra esta tarde en el Congreso de los Diputados para su debate y votación una moción para interpelar al Gobierno “sobre las medidas que va a adoptar para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional”. El partido de Santiago Abascal tiene, no obstante, sus propios planes y estos pasan por la aplicación del artículo 155 de la Constitución -el que suspende la autonomía, y que se utilizó tras la declaración unilateral de independencia en 2017- para asegurar el cumplimiento de la enseñanza del castellano en la educación pública catalana.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se opone frontalmente a esta vía intervencionista y, en consecuencia, reflejará esta oposición en el sentido de su voto. De esta manera, el PSOE se opondrá a la iniciativa para proteger el castellano en Cataluña que se debatirá en la Cámara y que no saldrá adelante por falta de apoyos suficientes. Más allá de buscar el objetivo que persigue la iniciativa, los de Abascal logran retratar al partido mayoritario del Gobierno y hacerlo junto a los partidos soberanistas.
Sin embargo, los socialistas no están incómodos con su posicionamiento y, si en ocasiones precedentes se ha evitado explicitar claramente el sentido de su voto en futuras votaciones, en este caso, el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, no ha tenido reparos en clarificar su posición. Gómez ha defendido que su partido respeta y apoya las sentencias judiciales, que han asegurado que se imparta el 25% del currículo en castellano, y ha revelado que el Gobierno trabaja con la Generalitat para que ejecute estos fallos.
Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo no se ha mostrado proactivo en este sentido y cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba al TSJC y que no atendía el recurso de la Generalitat para no aplicar el 25% en castellano se inhibió y dejó en manos del Govern y los tribunales la ejecución y posterior control de la misma. El caso de Canet ha puesto de relieve los problemas que tienen las familias que deciden ejercer el derecho que les asiste para estudiar en español.
Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido destacar que “la lengua es un elemento de riqueza y no puede ser utilizado como elemento de confrontación”, en alusión a la pugna partidista que se ha iniciado en este contexto y que ha provocado incluso un choque dentro de la Generalitat, por la propuesta de Laura Borràs de intervenir en las direcciones de los centros educativos como el de Canet. “Las aulas son espacios de convivencia y desde el ámbito político debemos contribuir a que la escuela sea convivencia, no cualquier otra cosa”, ha señalado la portavoz del Gobierno central.
