Las Cortes de Aragón han probado el nuevo Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, el IMAR, que sustituye al polémico y judicializado Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Con su aprobación se cumple uno de los pilares fundamentales del acuerdo de investidura del cuatripartito incluido por Podemos y del pacto de Gobierno, y se buscaba dar cumplimiento al dictamen del parlamento aragonés de la pasada legislatura ante las críticas históricas que venía recibiendo el anterior impuesto.
Sin embargo, el Gobierno del PSOE, Podemos, PAR y Chunta Aragonesista se ha quedado solo en la aprobación del nuevo impuesto. El PP, Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida han votado en contra del texto en su totalidad, si bien, hay aspectos del IMAR que ha logrado algunos puntos de más amplio acuerdo. Las enmiendas de Izquierda Unida, que había asumido las de entidades sociales como la Red de Agua Pública de Aragón, siempre beligerante frente a este impuesto, no ha logrado la asunción por parte del Gobierno de las principales demandas.
El diputado socialista Óscar Galeano ha sido el encargado de coordinar la ponencia del nuevo impuesto, que ha destacado que «todos los miembros del cuatripartito han cedido para plasmar el consenso que cumpliera el mandato de las Cortes». Galeano ha destacado que con el IMAR «el 95% de los consumos domésticos van a ver reducida su factura» y que hay «más supuestos de exención porque se recogen novedades como la tarifa social, se eximen usos agrícolas».
Ante las críticas del diputado del PP, Ramón Celma, sobre que Aragón consuma el «infierno fiscal» con este nuevo gravamen, Galeano le ha acusado de «mentir», y le ha recordado que con la derogación del ICA y la aprobación del IMAR, el Gobierno de Aragón «recaudará menos». «Hablar de infiernos fiscales teniendo encuentra que aprobamos una ley de un impuesto con el que vamos a recaudar menos… No lo entiendo», le ha reprochado.
El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha asegurado que «la decepción inicial se ha profundizado tras el proceso de enmiendas». La formación presentó 44 enmiendas, 18 de ellas asumidas de las organizaciones sociales. «El objetivo era reforzar la autonomía municipal, un modelo mixto tasa-impuesto y la progresividad en el impuesto. No ha sido posible avanzar en la negociación», ha lamentado.
Desde Ciudadanos, su portavoz, José Luis Saz, ha puesto el foco sobre los efectos a las familias por el posible incremento del coste en los hogares de más de cuatro miembros. «Propusimos que se tuviese en cuenta la renta per cápita en el hogar en que residen varias personas. No se recogió», ha lamentado, tras enumerar también otras cuestiones que les alejan del nuevo gravamen, como la necesidad de más inversiones en saneamiento.
Desde Vox, la diputada Marta Fernández ha aseverado que «Vox no puede aprobar una ley que penaliza a las familias numerosas y hogares de más de 4 miembros». Además, ha denunciado que «no se contempla el principio de progresividad que debería regirlo».
Galeano ha insistido en que el IMAR sí será progresivo, y ha destacado la tarifa social que permitirá a unas 15.000 familias pagar «cero euros» por este impuesto.
Desde Podemos, Nacho Escartín ha sacado pecho porque «hoy el ICA pasa a la historia y con eso cumplimos con un cuerdo de programa, investidura y estrategia y vamos a cumplir la normativa europea». Para Escartín, el nuevo impuesto «corrige un modelo de saneamiento que era injusto y que pusieron en marcha gobiernos del PSOE, el PP con el PAR».
No obstante, ha dejado patente que no es la normativa que la formación morada buscaba en un primer momento. «Esta ley no es la misma que si Podemos la hubiera traído en solitario. Hemos hecho lo que hemos podido para incluir el mayor número de cuestiones que consideramos importante», ha asegurado. Con esta ley se consigue, ha defendido, que «las familias no paguen las depuradoras, sino que lo haga el Gobierno de Aragón en sus presupuestos anuales».
Joaquín Palacín, portavoz de CHA, también considera que el IMAR da cumplimiento al dictamen de la pasada legislatura. «El IMAR es un único tributo que responde al compromiso adquirido en la pasada legislatura, compatible con otras tasas municipales, se respeta la autonomía municipal», ha destacado. El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha enfatizado la importancia del bono social en este nuevo impuesto. «Para las personas en vulnerabilidad social, se crea una tarifa social con el mismo régimen que el de la pobreza energética», ha destacado.
