«Frente a una sentencia firme no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública»

«Frente a una sentencia firme no cabe debate:es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. Sea la Generalitat o cualquier ciudadano». Con estas palabras, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha puntualizado este jueves la posición que se trasladó ayer desde su departamento y ha respaldado el fallo del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística.

El Supremo establace que al menos un veinticinco por ciento de las horas lectivas en la educación pública deben impartirse en castellano, ante lo que la Generalitat amaga con no acatar la sentencia. Fuentes del Ministerio de Educación trasladaban ayer a ABC que no le corresponde tomar iniciativa alguna en este momento procesal.

Alegría, en los pasillos del Congreso, ha respondido brevemente a preguntas de la prensa para resaltar que la sentencia es de obligado cumplimiento.

También para la Generalitat. «Estamos obligados al cumplimiento de las sentencias firmes», ha insistido.

Asimismo, la titular de Educación ha asegurado que dará las explicaciones que le pida la oposición en el Congreso de los Diputados ante la controversia generada por el pulso de la Generalitat y la tibieza del Gobierno.