Podemos ha presentado un recurso contra la decisión que adoptó el equipo de Gobierno de PP-Cs de Zaragoza el pasado mes de octubre de limitar la capacidad de los grupos municipales a la hora de decidir sobre las obras ordinarias que se sometían hasta ahora a debate y votación en la gerencia de Urbanismo. Por su parte, el PSOE anunció ayer que solicitará la disolución de la gerencia, algo que no sucederá, aseguró Víctor Serrano.
El concejal de Urbanismo explicó que la decisión podría no haberse limitado a las «obras ordinarias», sino haberse hecho extensible a «proyectos circunstanciales y esenciales». Insistió en que el Gobierno de PP-Cs «solo» había recurrido al artículo 14 de la Ley de Capitalidad para limitar «proyectos con una entidad menor», expedientes «que siempre aprobamos por unanimidad, y que sería de dudosa legalidad votar en contra porque son actos reglados y, por tanto, actuaciones que no tienen ningún tipo de relevancia más que seguir los cauces que nos marcan la ley».
Serrano aseguró que «nunca» llevarán a aprobación del Gobierno «ningún proyecto en el ámbito municipal, es decir, en suelo público que no sea de mero trámite administrativo. Todos en los que pudiera no haber consenso, no se llevarán al seno del Gobierno de PP-Cs», aseguró el edil, que recordó que Zaragoza en Común (ZeC) hizo uso de la Ley de Capitalidad para expulsar a los grupos de la oposición de las sociedades municipales.
Nulo de pleno derecho
Desde Podemos, Fernando Rivarés explicó que el pasado miércoles presentaron un recurso para solicitar «la nulidad de pleno derecho» de la decisión del equipo de Gobierno de PP-Cs adoptada el 23 de octubre.
«Es una falta de democracia. No se justifica aunque sea legal por artículo 14 de Ley de Capitalidad. Lo que están haciendo es sustraer a los grupos sus capacidades de control y de debate sobre asuntos que afectan a la ciudad. Tenemos derecho a opinar y votar», señaló el concejal, que auguró que lo que quieren hacer desde PP y Cs es pactar con Vox los proyectos sin contar con el resto de partidos.
Disolución de la gerencia
Desde el PSOE, Horacio Royo cuestionó los motivos que esgrime el Gobierno de PP-Cs: acelerar los expedientes. Según dijo, se han celebrado 20 consejos de gerencia frente a las 19 sesiones del Gobierno ordinarias. «¿Dónde está la flexibilidad? ¿Dónde está el problema de pasar los proyectos en un órgano que se reúne más?», cuestionó. Según el socialista, el problema que tiene Serrano es que «su socio (Vox) se enfada, y su alcalde no quiere que su socio se enfade. Por eso no lleva a cabo las obras de San Ildefonso o la supermanzana de San Francisco».
Royo anunció que solicitarán la disolución de la gerencia ya que, ahora, su única responsabilidad se reduce a votar sobre actos reglados, es decir, que tienen que avalar les guste o no para no prevaricar.
Por su parte, Pedro Santisteve, de ZeC, se defendió de las acusaciones de Serrano recordando que una vez que la Justicia decidió que la expulsión de la oposición de las consejos de las sociedades no era legal se rectificó. «Lo que no dicen es cómo las utilizaban para atacar al Gobierno», le recriminó Santisteve, que entonces ejercía de alcalde.
Por su parte, el portavoz de Vox, Julio Calvo, defendió la decisión de Azcón. Según dijo, a veces dudan de su papel «en muchos de estos expedientes, que son actos reglados y vienen con todos los informes favorables».
