Las cuentas de 2022 ya están en el Congreso de los Diputados y ahora también en manos de la Comisión Europea. El Gobierno ha remitido su plan presupuestario para el año que viene a Bruselas para recabar el visto bueno comunitario a sus cálculos. Pero más allá de los augurios de recuperación y expansión del gasto, la gran promesa está pensada para a partir de 2023: una revolución fiscal.
El Ejecutivo ha prometido a Bruselas que acometerá una subida masiva de impuestos, una vez disponga de las conclusiones del grupo de expertos para la reforma fiscal, que deberá entregar su informe en el mes de febrero. Será ahí cuando La Moncloa se ponga a diseñar el esquema tributario que regirá España a futuro y que pasa por incrementar sobremanera los ingresos.
Así las cosas, el plan del Gobierno señala que su meta es «acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, ya que España presenta un diferencial negativo de ingresos en relación con la Unión Europea, especialmente en las figuras medioambientales y digitales», según reza el documento. Esta brecha que existe con Europa se cifra en algo más de siete puntos de PIB, lo cual equivaldría a unos 80.000 millones de euros.
No se detalla qué medidas serán las que se adopten en concreto para lograr incrementar la recaudación para asemejarse a la UE ya que todavía esperarán a disponer del informe de los expertos. Sin embargo, sí que se deslizan algunas ideas. «Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes», sostiene el Gobierno.
La revisión de las exenciones y deducciones fiscales es algo sobre lo que ya ha puesto el acento la Autoridad Fiscal y, en este caso, el Ejecutivo recoge el guante y hace suyo ese planteamiento. En cuanto a revisar los impuestos existentes y crear otros nuevos, como ya ha venido haciendo, no aporta más detalles.
«Las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo, de modo que sin perder de vista los principios fundamentales que deben inspirar la reforma, como consolidación fiscal, seguridad jurídica, simplificación del sistema, modernización del mismo, potenciación de la fiscalidad en áreas infragravadas (medioambiental o ámbito financiero, entre otros), logre acertar en los tiempos apropiados para la entrada en vigor de cada modificación, de modo que no frene la recuperación económica, pero permita aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros», ahonda el plan presupuestario.
También basa la necesidad de revisar el conjunto del sistema impositivo en poder atajar el déficit estructural, que no ha parado de crecer en la crisis del Covid-19 por las decisiones de gasto derivadas de la pandemia y también por otras de tipo político de este Gobierno. Actualmente el déficit estructural camina hacia el 5% sobre el PIB; en este sentido cabe destacar que las reglas fiscales europeas previas a la pandemia marcaban un déficit anual teórico máximo del 3% (no estructural).
Partiendo de dicho déficit estructural, España se vería en una situación delicada en cuanto a sus finanzas públicas. Es más, para 2024, según recoge el Gobierno, se espera que todavía el desfase en las cuentas sea del 3,2%, por encima de las citadas reglas fiscales. Aunque aún está por ver a qué normas se volverá tras el Covid, lo cual se empezará a tratar en los próximos meses a nivel comunitario.
El plan presupuestario también sirve para lanzar un mensaje a Bruselas de que el Gobierno aspira a no perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque en estas cuentas el gasto del Estado continúe al alza y se consoliden desembolsos que con la pandemia habrían de ser temporales. «Es preciso reiterar que se mantiene el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal, con unas cuentas públicas que persiguen avanzar en la reducción del déficit público», indica el documento.
Impuestos en 2022
El Ejecutivo reconoce que las cuentas del año que viene «no van a incorporan una gran cantidad de medidas tributarias, ya que la reforma en profundidad del sistema se producirá una vez analizadas las propuestas elaboradas por el comité de personas expertas», pero que sí se han incluido algunas actuaciones en busca de una mayor progresividad.
Estas son, principalmente, tres. En primer lugar, el establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% para las grandes empresas, y del 18% para la banca y compañías de hidrocarburos.
En segundo lugar se establece una reducción de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones individuales, que bajan desde los 2.000 euros hasta los 1.500 euros. Por contra, se amplían las relativas a los planes de empresa hasta los 8.500 euros. Entre los planes del Gobierno está el seguir castigando el ahorro individual ya que consideran que favorece especialmente a las clases altas y no a las bajas y medias.
En tercer lugar se ha fijado en los Presupuestos una reducción en el porcentaje de bonificación de las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas a las entidades dedicadas al alquiler pasando del 85% al 40%. Esto es, a los grandes caseros.
