El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a unas cuentas que incluyen un techo de gasto récord y sobre el que sustenta un ramillete de medidas con un claro sesgo electoral: subida del sueldo de los funcionarios del 2%, un bono vivienda y otro cultural para jóvenes, un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y un importante aumento de la financiación autonómica.
El límite fijado al gasto no financiero de cara al próximo año de las nuevas cuentas se establece en 196.142 millones de euros, frente a los 196.097 millones de 2021 y se incorporan 27.633 millones millones de gasto asociado a los fondos europeos, pese los malos precedentes de nuestro país en lo que a gestión de este tipo de fondos se refiere.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido bautizar las cuentas como las de «la recuperación justa». «Ganan los jóvenes, los funcionarios, ganan los pensionistas, que verán aumentar su jubilación con los precios, y gana la ciudadadanía, la clase media y trabajadora», ha espetado. La propia Montero ha reconocido que «no hay precedente en la historia» de unos Presupuestos con un gasto de esta magnitud.
Los jóvenes son el colectivo que concentra los mayores de los esfuerzos de los Presupuestos y también han marcado el discurso de la ministra. «En contra de la imagen distorsionada que se ha ofrecido, los jóvenes han sido un ejemplo en la pandemia», ha dicho. «Estas cuentas suponen la mayor apuesta por nuestros jóvenes. 12.550 millones destinados a la juventud, el doble que el año anterior», ha remarcado, tras mencionar la ayuda para el alquiler de los jóvenes y el bono cultural de 400 euros. «Nos permite ser mejores personas», ha dicho en referencia a la cultura la ministra de Hacienda. Montero ha señalado además el aumento de las becas a educación como una de las novedades de estas cuentas y que además incluirá a los aspirantes a funcionarios de la administración de Justicia.
El Ejecutivo confía en que este manguerazo de recursos logre apuntalar una recuperación de la que se atisba un perfil aún muy incierto. Así como gracias al impacto de los fondos europeos, «la locomotora de la recuperación», según Montero. Según sus cálculos, el próximo año el PIB crecerá un 7%, con el empleo aumentando el 2,7%, que permitirá reducir la tasa de paro al 14,1%. Unas cifras donde el protagonismo del empleo público es innegable lo que aumentará la factura en nóminas públicas. La oferta de empleo público con Sánchez ha sido un 73% superior a la presentada durante los cinco años de gobierno de Mariano Rajoy, según ha presumido Montero.
Eso es lo que refleja el cuadro macroeconómico presentado el pasado 21 de septiembre por Nadia Calviño y que no tuvo en cuenta la rebaja del crecimiento en el segundo trimestre de este año anunciada por el INE y que aminoró sustancialmente el tono de la recuperación. Pese a ello, Montero ha insistido en que sus previsiones son «prudentes».
Una de las claves sobre las que el Gobierno ha apoyado la expansión de las cuentas es que las reglas de gasto de la Unión Europea seguirán suspendidas en 2022, por lo que los objetivos de reducción de déficit y deuda pública seguirán aparcados, como ya lo estuvieron en 2020 y 2021. La ventaja en 2022 en la que se apoya el Gobierno está en que la actividad ya no deberá estar funcionando a medio gas, sino prácticamente libre de restricciones, en lo que el Ejecutivo confía sea el empujón definitivo para recuperar la senda del equilibrio en las cuentas.
Así, según Montero, el Gobierno espera que para el año 2022 los ingresos tributarios sumen 232.352 millones de euros, lo que supone un aumento recaudación del 8,1% respecto a la previsión de cierre de 2021. Una estimación que considera «prudente y realista», ya que ese 8,1% es inferior a la previsión de aumento del PIB nominal en 2022, del 8,6%. Concretamente, el proyecto estima una recaudación de 100.132 millones en IRPF (un 0,7% más respecto a la previsión de cierre de 2021), 75.651 millones por IVA (+9,5%), 21.843 millones de euros por los Impuestos Especiales (+8,2%) y 10.249 millones de euros por otros ingresos tributarios (+2,3%).
Estas números apoyan que, de cara a 2022, la previsión del Gobierno sea que el déficit público baje al 5%, del que 3,9 puntos serán para la administración central, 0,6 puntos para las comunidades autónomas y 0,5 puntos para la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales. Mientras que la deuda bajaría al 115%, desde el 119%.
Las cuentas, que aterrizarán en el Congreso de los Diputados la próxima semana y donde arrancará una espinosa negociación, llegan además tras el acuerdo en la ley de vivienda que desbloqueó el proyecto de Presupuestos para 2022 y que ha generado un fuerte terremoto en el mundo económico y político por la intervención de los precios de los inmuebles. «Es una ley muy bonita», ha dicho Montero tras aludir a que tan solo se han conocido los detalles de la mismas.
Funcionarios y pensiones
Los gastos de personal que recoge el Presupuesto aumentan un 3,4% por el incremento del 2% de los sueldos de hasta 2,7 millones de funcionarios y también por el aumento de los puestos en la Función Pública. Los Presupuestos introducen una tasa de reposición del 110% como tasa general; del 120% para sanidad, educación, ciencia y, por último, del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.
La partida destinada a pensiones se incrementará un 4,8%, hasta alcanzar los 171.165 millones de euros, según se extrae del proyecto de las cuentas. Las pensiones contributivas se revalorizarán según la evolución de precios, es decir, en base a la tasa de inflación media registrada entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, un indicador que hasta septiembre se situó en el 1,9%. Aunque la cifra no está aún cerrada, las nóminas de los pensionistas se incrementarán más de un 2% el año que viene. Las 449.724 pensiones no contributivas, por su parte, subirán un 3% el próximo año.
Golpe a los planes de pensiones
El proyecto de Presupuestos 2022 perjudicará a los planes de pensiones individuales. El Gobierno rebajará a 1.500 euros anuales el máximo de aportación que puede desgravarse en el IPRF por planes individuales de pensiones. Al mismo tiempo, se incrementa hasta 8.500 euros la aportación deducible en el caso de los planes colectivos o de empresa.
Hay que recordar que en el ejercicio pasado ya se redujo de 8.000 euros a 2.000 euros este límite de aportaciones deducible para los planes individuales.
Subida fiscal para las empresas
El Gobierno fijará un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las empresas. Esta medida, que figuraba en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pretende obligar a un determinado nivel de tributación a las grandes compañías que operan en España. Desde el Ejecutivo calculan que este tipo mínimo afectará a 1.070 empresas y aportará 400 millones de euros adicionales gracias a una recaudación prevista de 24.477 millones de euros en 2022, un 11,8% más que en 2021.
Hace varios meses, los países de la OCDE acordaron adoptar esta tasa impositiva, pero el Ejecutivo español se adelanta y lo hará de forma inmediata tras ceder a las exigencias de Unidas Podemos.
Por otro lado, se incorporan otra novedad fiscal: la congelación del sistema de módulos por el que tributan gran parte de pymes y autónomos.
Ayudas a los jóvenes
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que está previsto que seis cada 10 euros se destinen a gasto social con el foco puesto en los jóvenes. Las cuentas para 2022 fijan una partida de 12.550 millones destinados a los jóvenes, un 84,8% más. Dentro de esta batería de medidas figura un cheque vivienda o bono joven al alquiler de 250 euros mensuales durante los próximos dos años. Esta fórmula está pensada para jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años y con ingresos por debajo de los 23.725 euros anuales .
Tambien se incluye un cheque cultural de 400 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años en 2022. «Queremos ayudar a la industria cultural y dentro de esa industria cultural, hay que priorizar cuáles son los sectores que queremos ayudar y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera del bono, con independencia de que es un elemento cultural recogido en diferentes legislaciones», puntualizó Montero.
Además, destaca la inversión en becas y ayudas a estudiantes, que llegará a los 2.199 millones, mientras que la Formación Profesional estará dotada con 2.075,9 millones.
Familias vulnerables
Para los más vulnerables, el Ejecutivo ha aprobado una serie de medidas como la actualización al 3% del Ingreso Mínimo Vital con una partida de 4.436millones de euros, que también se dirigirá a otras prestaciones familiares. Asimismo, en plena escalada del precio de la electricidad y del gas, se incrementa en un 44% la cuantía del bono social térmico para pagar la calefacción que reciben actualemente 1,27 millones de hogares.
Asimismo, el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), utilizado como referencia para becas y otras ayudas, subirá en 2022 un 2,5%.
Por otro lado, se aumenta la dependencia de un 23,3%, hasta los 350.053 beneficiarios, además de 40 millones más para protección a familias y contra la pobreza infantil.
Financiación autonómica
A las Comunidades Autónomas se les ingresarán 3.900 millones adicionales para financiar las liquidaciones negativas de 2020 y otros 3.100 millones para compensar el cambio en el sistema de gestión de IVA. Las regiones recibirán una transferencia de 8.712 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Las entidades locales, por su parte, contarán con 22.122 millones de euros del sistema de financiación, a los que se sumarán 1.228 millones de euros adicionales que aportará la Administración Central. Junto a esas cifras, a las administraciones locales les corresponderán 2.050 millones el próximo ejercicio de los fondos europeos.
Acuerdo en vivienda
Para sacar adelante los Presupuestos, el Gobierno de coalición ha acordado aprobar una ley de vivienda que contempla la intervención de los precios a los inmuebles, aunque este control solo afectará a las personas jurídicas con más de 10 viviendas situadas en zonas tensionadas. Además, el Ejecutivo aplicará una moratoria de 18 meses para que las comunidades apliquen estos controles de precios una vez aprobada la ley estatal, cosa que no será hasta finales de 2022.
