Además, el tribunal también desmonta los argumentos de las cancillerías europeas sobre que estos convenios agrícolas y pesqueros benefician al pueblo saharaui, ya que asegura que la “finalidad de los acuerdos no es conceder derechos a dicho pueblo, sino que le imponen, en cambio, obligaciones” y asegura que las consultas emprendidas por las instituciones Europeas para conocer el parecer del pueblo saharaui “no pudieron fructificar en la expresión del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental”.

Las implicaciones de este fallo no son tan sólo económicas para nuestro país ya que 93 barcos dejarán de faenar en las aguas saharauis sino, sobre todo y ante todo, políticos. La sentencia llega en un momento especialmente delicado justo cuando España está intentando recomponer sus relaciones con el reino alauita, muy dañadas tras la crisis migratoria en Ceuta y la decisión del Gobierno español de acoger en un hospital de Logroño al líder Frente Polisario, Brahim Gali, en una turbia operación que no fue consultada con Rabat. Además, las relaciones entre un Marruecos y España ya estaban muy deterioradas tras el reconocimiento por parte de Donald Trump de la soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental.

Reacción de Bruselas y Rabat

Tras el fallo, la Unión Europea y Marruecos han anunciado que tomarán “las medidas necesarias” para garantizar un marco jurídico que proteja la “estabilidad comercial” en sus relaciones. “Estamos plenamente movilizados para continuar con la cooperación entre la UE y el Reino de Marruecos, en un clima de serenidad y compromiso, para consolidar la asociación euromarroquí lanzado en junio de 2019″, aseguran en una declaración conjunta el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita. Aunque no aclaran el tipo de medidas que contemplan, el Tribunal con sede en Luxemburgo discutirá un plazo de dos meses y diez días para que las partes afectadas presenten un recurso.

Marruecos controla la mayor parte del Sahara Occidental y lo considera parte de su territorio después de librar una guerra de 16 años con el movimiento independentista del Frente Polisario, que había establecido allí la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. La ONU dice que la región, administrada hasta 1976 por España, tiene derecho a la autodeterminación y el Polisario ha tratado de impugnar los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos. Así, el Frente Polisario impugnó dos acuerdos UE-Marruecos alcanzados en 2019, ambos revisados después de un fallo anterior de un tribunal de la UE de que no eran aplicables al Sáhara Occidental.