Ciudadanos denuncia el escándalo de Plus Ultra ante el Tribunal de Cuentas

MADRID, 07/06/2021.- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas tras presentar una denuncia en el Tribunal de Cuentas por el caso Plus Ultra, este lunes en Madrid. EFE/Fernando Alvarado

Ciudadanos denuncia el escándalo de Plus Ultra ante el Tribunal de Cuentas

Inés Arrimadas critica la «operación oscura» del Gobierno para conceder 53 millones de euros a una compañía que «no era solvente, estratégica ni viable»

El escándalo de Plus Ultra está ya ante el Tribunal de Cuentas. Este mediodía, Ciudadanos (Cs) ha presentado una denuncia ante el órgano fiscalizador del dinero público en España. El partido de Inés Arrimadas ve indicios suficientes para sospechar de una actuación negligente en la concesión de la millonaria ayuda que recibió la aerolínea el pasado mes de marzo.

La compañía aérea, con vínculos con la Venezuela de Nicolás Maduro, apenas cuatro aviones y con rutas solo a Venezuela, Ecuador y Perú, recibió 53 millones de euros del fondo de la SEPI. Las ayudas por esta vía fueron autorizadas por la Comisión Europea, pero con unas condiciones que, según Cs, se incumplen una detrás de otra en este caso. El partido ya se quejó ante el ejecutivo comunitario de la mano de Luis Garicano, y ahora él, su presidenta, Inés Arrimadas, y el portavoz nacional, Edmundo Bal, han actuado interponiendo los hechos ante el Tribunal de Cuentas.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha denunciado «una operación absolutamente oscura que no tiene ni pies ni cabeza» y ha lamentado que haya tenido lugar en plena pandemia, a la vez que el Ejecutivo evita dar ayudas directas a pymes, autónomos y comerciantes. «Es indignante», ha afirmado, y ha agradecido el trabajo de Garicano en la Unión Europea.

«El Gobierno va a tener que dar muchas explicaciones de lo que es un escándalo. En cualquier otro país habría dimisiones y se daría la cara», ha continuado, y ha afirmado que la cuantía entregada a Plus Ultra equivale al sueldo de 22.000 médicos o a la cuota de 200.000 autónomos. «¿Cómo va a repartir Sánchez los fondos europeos si reparte así esta ayuda del SEPI de 53 millones de euros? Tenemos que frenarlo», ha abundado.

«Desde el principio esta ayuda olía muy mal», ha dicho Garicano ante los medios, y ha subrayado su extrañeza con que los responsables de conceder los préstamos públicos vieran a Plus Ultra merecedora de la ayuda. Los liberales denuncian lo que consideran «una ayuda de Estado ilegal», como ya hicieron el 6 de abril ante Europa. Ese primer paso le sirvió para que el Gobierno les aportase la documentación requerida y esta, según Garicano, «demostró» que sus preocupaciones «eran correctas».

«De estratégica, nada»

Garicano dice que no se puede considerar «estratégica» a una empresa que acapara solo el 0,1 por ciento del mercado y cuya quiebra no podía suponer amenaza alguna para el tejido industrial español. También ha explicado que la empresa está en crisis -algo que se trató de ocultar con un «préstamo simulado» de una empresa panameña- y que registró pérdidas en los últimos cinco años. «Sus propias cuentas muestran que jamás se devolverá esa ayuda», ha sentenciado.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, Cs destaca el hecho de que no solo se concede una ayuda a una empresa que no cumplía «los requisitos de elegibilidad», sino que además el importe asignado superaba con creces el máximo permitido en función de los resultados de la empresa. Según los cálculos de Cs, en el caso de que Plus Ultra hubiese cumplido con los requisitos exigidos por la Comisión Europea, como máximo habría percibido 16.325.000 euros. Muy por debajo de los 53 millones de euros que le concedió el Gobierno de Pedro Sánchez.

El objetivo de Cs es determinar qué daño se ha hecho al erario público para que se abra un juicio por alcance y también el rol de los responsables políticos que autorizaron las ayudas

El portavoz y vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, ha agregado que el objetivo de su partido es determinar qué daño se ha hecho al erario público para que se abra un juicio por alcance y los responsables públicos «que han gestionado de una forma negligente» respondan con su patrimonio personal. Algo similar, apuntan fuentes de la dirección de Cs, a lo que sucedió con la consulta ilegal encabezada por Artur Mas en 2014.

Bal ha señalado que hay que investigar el rol del Consejo Rector del Fondo, pero también el de los responsables políticos que autorizaron esas ayudas en último término. Y ahí se cuestiona el papel del Consejo de Ministros, y concretamente al titular de Transportes, José Luis Ábalos.

«Todas estas personas pueden ser responsables personalmente de esta ayuda», ha asegurado el también diputado de Cs, quien se ha referido también a la información publicada este lunes por este periódico, en la que da cuenta de cómo solo tres de las seis personas del Consejo Rector del Fondo participaron en la decisión sobre esa concesión. «Sin demasiado tecnicismo, lo voy a resumir de una forma rápida. La compañía Plus Ultra no era una compañía solvente, estratégica ni viable. No se investigaron los contactos que podía tener con paraísos fiscales. Tenemos la duda incluso de que estuvieran al corriente de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social», ha concluido Bal.