La oposición comienza a sacar la artillería ante el escenario cada vez más plausible de que el Gobierno acabe concediendo los indultos a los presos del ‘procés’, después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidiese ayer ver con «naturalidad» la medida de gracia para los políticos independentistas. El discurso más duro al respecto es el que ha pronunciado Vox, formación que ha amenazado públicamente con «movilizaciones y protestas» al margen del pertinente recurso ante la Justicia si Moncloa decide dar definitivamente el paso en contra del Supremo y de la Fiscalía.
«Vox va a estar enfrente de cualquiera que considere que dar un golpe de Estado puede salir gratis», suscribía el portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, que avanzaba ya un escenario de crispación y de agitación en las calles contra Pedro Sánchez si permite la liberación de dirigentes que «han cometido uno de los delitos más graves que se pueden cometer sin derramamiento de sangre», en relación a los hechos acaecidos durante el 1-O.
Por su parte, el PP también ha salido en tromba contra el Gobierno por la misma cuestión, si bien el principal partido de la oposición ha decidido seguir adelante con un perfil más institucional y descarta alentar o apoyar, al menos de momento, movilizaciones como las que propone Vox. En su caso, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reafirmado su intención de llevar los indultos al Tribunal Supremo si llegan a concederse, al suponer «una burla a la democracia por parte de Sánchez». A su juicio, el presidente del Gobierno está aprovechando la medida de gracia como una «herramienta política al servicio de sí mismo y de su partido para mantenerse en el poder».
Los populares, que habían planteado la sesión de control de este miércoles como una oportunidad para cercar a Sánchez de nuevo por la crisis migratoria de Ceuta, presionarán también al Ejecutivo por su «intención» de indultar a los políticos condenados por el ‘golpe’ de 2017 en Cataluña a través de una pregunta dirigida directamente al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
