Los hosteleros valencianos ven en la vía judicial un hilo de esperanza a sus reclamaciones para reabrir los bares y restaurantes frente a las restricciones del coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contra el cierre total del sector de la hostelería, entre las medidas de la Generalitat frente a la propagación del Covid-19.
En concreto, ha sido la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV quien ha admitido a trámite el recurso que presentó la plataforma SOS Hostelería contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, entre ellas el cierre de los bares y restaurantes.
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Además, la imposibilidad de abrir para la hostelería y la restauración, que finalizaba el 15 de febrero, se ha prolongado hasta el 1 de marzo. Ante esta situación, alrededor de dos mil locales de hostelería de la Comunidad Valenciana, animados por entidades como la Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas) y la Asociación Hostelería Valle de Elda, anunciaron su intención de reanudar la actividad habitual el martes 16 de febrero.
Estas asociaciones justificaron la reapertura después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre que los negocios puedan reabrir pese a encontrarse en «zona roja» debido a la incidencia de contagios del Covid-19.
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Tras esta decisión de la justicia vasca, el TSJ valenciano admite a trámite el recurso de SOS Hostelería contra el cierre del sector. Además, la patronal Conhostur, que rechazó «incumplir la ley» abriendo los locales con las restricciones vigentes, anunció que estudiarían si recurren también el cierre del sector en la Comunidad Valenciana.
Este no es el primer recurso frente a las restricciones decretadas por la Generalitat frente al coronavirus. En el mes de septiembre, la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) recurrió a la justicia frente al cierre del sector del ocio nocturno. En esta ocasión, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV denegó en dos ocasiones la suspensión cautelar de la resolución de Sanidad con medidas para frenar la propagación del Covid-19.
Sin embargo, en esta ocasión, desde SOS Hostelería esperan que la respuesta de la justicia valenciana sea diferente, más tras la resolución en el País Vasco. En concreto, el presidente de la plataforma, Fidel Molina, considera que «existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco».
Molina admite que la admisión a trámite del recurso supone «un balón de oxígeno para los hosteleros» y resalta que es «fundamental para evitar graves y perjudiciales consecuencias para los administrados».
Al mismo tiempo, critica que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, «no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales».
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A este respecto, añade que la resolución de la Generalitat es «contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores». «Afecta directamente no solo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, y de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», sostiene Molina.
En la misma línea, el presidente de la plataforma de hosteleros valencianos subraya que los informes de seguimiento del coronavirus en la Comunidad Valenciana no expresan «motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración». Por ello, cree que el cierre «carece de justificación, no siendo ni proporcional ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad».
