El proyecto del PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial ha desatado todo tipo de reacciones y acusaciones en nuestro país, elevando el tono en todas las intervenciones. Y desde la capital europea llegan los primeros mensajes directos. Son de aviso, genéricos en su mayoría, pero con una misma idea: hay que «reducir la influencia del poder legislativo o Ejecutivo sobre el judicial» y es importante, antes de cualquier reforma, consultar con todos los actores relevantes.
En los dos últimos días se han alzado las voces que instan a Europa a intervenir. Desde Madrid, donde los magistrados insinúan que acudirán en busca de amparo o ayuda. O desde Varsovia, pues su Gobierno considera la posición de la Comisión Europea hipócrita, por cargar contra la reforma que ellos tramitaron pero callar ante la española. La respuesta en las instituciones es que, de momento, es pronto. «La Comisión Europea está al corriente del anuncio sobre este nuevo borrador legislativo. Estamos siguiendo de cerca el desarrollo de este asunto», ha explicado a este diario un portavoz de Justicia.
«En su reciente informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión destacó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o Ejecutivo sobre el judicial para reforzar precisamente la independencia del mismo. En concreto, en la parte dedicada a España, el informe mencionaba la situación del Consejo General del Poder Judicial como un desafío. Es importante asegurarse de que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización», ha explicado el portavoz de la Comisión esta misma mañana. Es la misma idea contenida en el informe y que bebe de años de recomendaciones y advertencias del Consejo de Europa, una institución que no pertenece a la Unión.
Ahí, precisamente, reside uno de los matices más relevantes en el comunicado de la Comisión Es exquisitamente diplomático, aséptico incluso, pero la referencia a la Comisión de Venecia, el órgano encargado dentro del Consejo de Europa de lidiar con las cuestiones más espinosa, no es casual. Es al que se han tenido que remitir muchas veces para abordar problemas judiciales de fondo, como en el caso precisamente de la reforma polaca. Y Bruselas, ahora, pide a Madrid que cualquier cambio en la ley del CGPJ se haga con los estándares mínimos.
Hace unas semanas la Comisión publicó un largo informe sobre la situación del Estado de Derecho en los 27 Estados Miembros, una forma de apuntar a lo que hacen Varsovia y Budapest, pero camuflando un poco la estrategia. En lo que respecta a nuestro país había dos grandes preocupaciones: la parálisis en el CGPJ desde diciembre de 2018 y la Fiscalía General del Estado.
El balance general de nuestro país era positivo, y no se recogieron por ejemplo ninguna de las críticas vertidas desde la Generalitat de Cataluña, que intentó que el documento recogiera como graves violaciones todo el juicio del procés o el tema de las euroordenes a Carles Puigdemont y sus ex consejeros. Pero entonces no había noticia todavía del intento de los dos partidos de la coalición de Gobierno para cambiar la ley, tal como quieren hacer ahora.
«Como reflexión más general, cuando los Estados Miembros reforman el poder judicial deben hacer siempre en consultas con todos los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia. Los Estados deben seguir los estándares europeos para asegurarse de que la independencia de los jueces no se ve comprometida», zanja la Comisión en su respuesta ante lo que, por ahora, son pasos iniciales. Hasta que no haya una tramitación o una aprobación podría no haber más comentarios, si bien los técnicos comunitarios siguen de cerca el proceso y están intercambiando información constantemente.
De hecho, como explica hoy EL MUNDO, el Gobierno precisamente dijo en uno de esos intercambios regulares con los funcionarios europeos, como parte de la redacción del Informe sobre el Estado de Derecho, que a su entender la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso de los Diputados «garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas políticas diversas, y evita la conformación de un CGPJ que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político». Una sólida defensa de lo que, ahora, quiere cambiar.
