El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suscrito en los jardines del palacio de la Moncloa el «Pacto para la reactivación económica y por el empleo’ con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.
Los presidentes de CEOE y Cepyme han aprovechado sus respectivas intervenciones para expresar su rechazo a los planes fiscales del Gobierno, ya que podrían perjudicar el crecimiento económico. En este sentido, Cuerva ha advertido a Sánchez de que subir los impuestos a las grandes empresas sería un «error». «La subida a las grandes empresas también repercute en las pequeñas y puede lastrar el crecimiento económico y la inversión», ha dicho Cuerva, que ha insistido en que ahora es el momento de «creer en la empresa y de apostar por ella» porque así también se apostará por el empleo.
Desde CEOE, Garamendi ha afirmado que ahora no es el momento de abrir el debate fiscal y ha subrayado que lo que hay que hacer es combatir la economía sumergida, porque de allí saldrían «un montón de millones».
Al acto de la firma han asistido también, por parte del Gobierno, los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera), y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo, Yolanda Díaz; Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Reincorporar a los trabajadores
Las principales medidas que recoge el acuerdo para conseguir una «economía verde, digital e inclusiva», son, según Pedro Sánchez:
-Impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los ERTE derivados de la crisis del Covid-19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Igualmente, las empresas impulsarán la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis cuando las circunstancias así lo permitan, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida.
-Desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el Covid-19.
-Establecer un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, al objeto de aumentar la productividad de las empresas, mejorando al mismo tiempo la situación de los trabajadores, la conciliación familiar, y la capacidad de adaptación a las demandas de la nueva economía.
-Desarrollar un marco adecuado de contribución compartida para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, con el fin de consolidar su papel para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica
–Un pacto por la industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, que diversifique, equilibre y modernice su estructura productiva, e impulsando los sectores estratégicos que hagan nuestra economía más resiliente.
–Impulsar la transición “verde” del conjunto de sectores productivos y la economía circular, apostando por la colaboración público privada y la inversión en la industria, la agricultura y en servicios competitivos, que contribuyan a la transición ecológica y generen empleo de calidad, con el objetivo de no dejar a nadie atrás en la modernización del país.
–Impulsar la digitalización de la economía, el despliegue de capacidades digitales a lo largo de toda la vida laboral y la incorporación a las empresas de las nuevas tecnologías, en particular las pymes.
–Modernizar las políticas activas de empleo con el fin de reorientar los recursos correspondientes hacia un sistema eficaz de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores, y desplegar mecanismos eficientes de alineamiento de la oferta y la demanda en el mercado laboral.
–Apoyar el desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados, con el fin de reforzar y mejorar nuestro Estado de bienestar.
–Apoyo a los autónomos, tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales.
–Modernización del marco laboral a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras.
-Asegurar el reforzamiento de los servicios públicos en los distintos niveles de la Administración, especialmente en el servicio sanitario y el sistema de dependencia, así como en el servicio público de empleo, mejorando la calidad de los empleos y los mecanismos de coordinación y de colaboración público-privada existentes
-Abordar las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendoasí su poder adquisitivo.
-Impulsar medidas eficaces para aflorar la economía sumergida, luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal.
-Reactivar, con carácter inmediato, las mesas de diálogo social ya constituidas e incorporar medidas tendentes a la creación de empleo.
El acuerdo incluye diversas medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, como la puesta en marcha de una línea de avales del ICO por importe de 40.000 millones de euros para impulsar nuevos proyectos de inversión empresarial y crea un fondo de 10.000 millones para apoyar la solvencia de las empresas estratégicas. Además, aprueba el plan «Renove 2020» para la adquisición de vehículos, aplicable a compras desde el pasado 16 de junio.
